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Militantes de Ciudadanos desconfían de la denuncia "anónima" interpuesta por las primarias de Castilla y León

La Plataforma de Afectados sospecha que detrás de la denuncia anónima ante la Fiscalía de Valladolid puede estar una persona "de confianza" de la propia dirección

Su portavoz, Juan Carlos Bermejo, afirma que "el modo y la forma en el que se ha presentado puede tener un objetivo diferente al de esclarecer los hechos"

El militante madrileño Enrique Boto, expulsado de Ciudadanos y admitido de forma cautelar como afiliado por sentencia judicial, advierte de que "una denuncia no tiene por qué iniciar un proceso penal"

Boto.

El militante de Ciudadanos Enrique Boto con Inés Arrimadas

A varios militantes de Ciudadanos no les acaba de convencer la denuncia que de forma "anónima" fue presentada la semana pasada en la Fiscalía de Valladolid para que se investigue el 'pucherazo' de las primarias de Castilla y León. Creen que detrás de ella puede estar el propio partido para crear una "cortina de humo" con la intención de desviar la atención y ganar tiempo. Estas sospechas las fundamentan en que una denuncia no es lo mismo que una querella y "no tiene por qué iniciar un proceso penal".

Algunos de estos afiliados, indignados por la pasividad de la dirección, han presionado estos días a la Comisión de Garantías del partido para que no diera carpetazo al caso de las primarias, tal y como había decidido la dirección del partido. 

La presión de los miembros de la Plataforma de Afectados por las Primarias y de algunos militantes que no se han integrado en ella, ha obligado este órgano del partido a asegurarles por escrito que la investigación está en marcha y que su resultado será dado a conocer "a toda la militancia" en cuanto pueda. Ante esta respuesta, la Plataforma de Afectados por las Primarias ha decidido dar al partido una prórroga de otra semana  para presentar la anunciada querella penal, posiblemente ante la Audiencia Nacional. 

Uno de estos críticos a los que les ha llegado la notificación de la Comisión de Garantías es Enrique Boto, según cuenta a eldiario.es. Boto envió la semana pasada un correo a este órgano interno pidiendo toda la documentación sobre las primarias a raíz de que la portavoz nacional, Inés Arrimadas, asegurara en Sevilla que se le facilitaría a todo el mundo que la pidiera. "Fue entonces cuando se me informó de que para mi tranquilidad supiera que había abierta una investigación interna", explica.

Boto se presentó a las primarias a la presidencia del Gobierno junto a otros 16 aspirantes para competir por el cargo contra Albert Rivera, al que pidió un debate previo a las votaciones. Ante la negativa del líder decidió retirarse de la competición un día antes de las votaciones telemáticas, cuyos resultados se dieron a conocer el pasado 9 de marzo.

Este militante madrileño, ingeniero de Telecomunicaciones y licenciado en Ciencias Políticas, se afilió al partido en octubre de 2013 en una agrupación de Madrid capital. Dos años después, tras presentar una impugnación a unas primarias internas a las que se presentó en 2014, la dirección del partido le acusó de "infidelidad en custodia de documentos" -por compartir por correo con otros afiliados su resolución de la Comisión de Garantía- y le abrió un expediente disciplinario. Su caso terminó en expulsión. Boto fue a juicio y el tribunal que lleva el caso acordó a finales del 2017 que fuera dado de alta como afiliado "de manera cautelar". Su litigio con la dirección de Ciudadanos no se ha cerrado del todo.

En su opinión, el caso de Castilla y León es "muy grave" y debería conllevar algunas dimisiones más que las que ha habido hasta ahora -la del secretario de Comunicación de Castilla y León, Pablo Yáñez-. Pero también es crítico con algunos aspectos del informe que ha elaborado el gabinete jurídico de la abogada Mónica Balibrea, por encargo de la Plataforma de Afectados por las Primarias. "Hablar de la posibilidad de disolución del partido por irregularidades, por muy graves que sean, no tiene ningún sentido salvo que se quiera perjudicar a Ciudadanos para beneficiar a un competidor", deja caer. 

Boto insiste, además, en que "una cosa es una denuncia que en nuestro ordenamiento jurídico puede ser anónima, y otra una querella, que no lo puede ser. Además, tras la denuncia no tiene por qué iniciarse un proceso penal", explica. Tampoco entiende por qué se niega el partido a impulsar una auditoría externa para esclarecer de forma imparcial los hechos.

Este militante cree que Ciudadanos debería plantearse cambiar el sistema de votaciones porque la vía telemática no parece ser un sistema "suficientemente robusto" para garantizar la limpieza del proceso, como ya denunció hace años.

Bermejo ve "extraño" que la denuncia sea "anónima"

Por su parte, Juan Carlos Bermejo, que se ha erigido en portavoz de la Plataforma, también considera muy extraño que alguien ponga una denuncia anónima en la Fiscalía sin dar la cara ante un caso tan grave como el de Castilla y León. 

El afiliado de Las Rozas, que compitió en las primarias a la Comunidad de Madrid contra Ignacio Aguado, ha sido uno de los que exigió a Garantías aclaraciones por las irregularidades que detectó en esas primarias, al igual que otros muchos compañeros suyos en otras comunidades. 

Según explica, "muchos miembros de la Plataforma tienen las sospechas de que el modo y forma en el que se ha presentado la denuncia en la Fiscalía de Valladolid tiene un objetivo diferente al de esclarecer los hechos ocurridos". Es más, creen que detrás de ese anonimato puede esconderse "alguien de confianza del partido".

Al igual que Boto, Bermejo duda de la efectividad de esta denuncia. "Todo es muy raro", insiste. Empezando por el hecho de que haya sido el propio Francisco Igea el que haya ido a entregar la documentación voluntariamente, "datos que todo el mundo ya tiene, como son las actas de las votaciones y cómo es el voto, porque eso tampoco dice nada".

A todo eso añade las últimas filtraciones de que esos 82 votos pudieron producirse desde algún ordenador de las mismas Cortes de Castilla y León, como publicó el portal Moncloa.com, "algo que va en contra de la primera versión que dio el partido, que dijo que se anularon porque esos votos no tenían origen. Si no tienen origen nadie ha podido votar desde ningún sitio", explica Bermejo.  

En la Plataforma señalan que ahora el partido, con esta denuncia, puede frenar las críticas diciendo que el asunto "ya está judicializado".  En definitiva, temen que al final la propia Fiscalía de Valladolid termine concluyendo que "con las pruebas entregadas no ve indicios de delito", lo que "le serviría para ir a las elecciones con un titular con la ropa limpia". 

Los miembros de la Plataforma entre tanto siguen dispuestos a presentar la querella. "Se está construyendo y se presentará en Madrid", advierten, salvo que los resultados de la investigación del partido les parezcan suficientes.

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