Y a Casado se le acabó la lealtad

Con la declaración del estado de alarma, España ha entrado en un tiempo nuevo. El Parlamento también. En el hemiciclo ya no se escuchan murmullos, ni abucheos, ni aplausos, pero el eco de algunos discursos traspasa las paredes del viejo Palacio. Las instalaciones han sido desinfectadas por el coronavirus, pero no las palabras que se escuchan. La oposición ha vuelto por donde solía, con la única excepción de Ciudadanos que, ahora sí, se comporta como un partido de Estado, ha encontrado el tono y su propio espacio en un marco de angustia y drama colectivo del que el PP pretende sacar partido.

Todo cuanto formaba parte de la agenda habitual suena desfasado. Y hasta pareciera que la derogación parcial de la reforma laboral y el decreto para paliar los efectos de la caída de los precios agrícolas fueran del siglo pasado, y no de hace apenas 30 días, que es el plazo que tenía el Congreso para su convalidación en pleno, después de la aprobación en Consejo de Ministros.

La política ha quedado solo para adoptar con urgencia medidas con las que salvar vidas, evitar contagios, comprar material sanitario y llamar a que la gente a que se quede en casa. Todo lo demás suena extraño. Porque no hay un día sin muertos y sin que se nos encoja el estómago y hasta el alma con lo que leemos, vemos y escuchamos. Por eso cuesta más que nunca prestar atención a las disputas partidistas, a las falsas promesas de lealtad y a las forzadas conjuras de primero, salvar vidas y, luego, ya ajustaremos cuentas. Ya han empezado a ajustarlas.

España, sí, está en guerra. Una guerra no convencional, pero una guerra que amenaza a todos por igual. También a ellos. A quienes se sientan en el Congreso. Tres miembros del Gobierno ya han dado positivo en el test de coronavirus -la última, la vicepresidenta Carmen Calvo- y también decenas de diputados. Del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de VOX… Y ellos, lejos de suspender sus viejas cuitas, siguen igual, sin reparar en que quien intente sacar rédito de este drama colectivo, más pronto o más tarde, lo pagará. Aún no se han enterado de que lo que tenemos encima es tan gordo que se les puede llevarse por delante a todos ellos.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se subió a la tribuna a defender los decretos económicos aprobados por el Gobierno los días 10, 12 y 17 de marzo. Contaba con el apoyo suficiente para la convalidación de antemano. Pero escuchó reproches de todos los partidos. Unos porque creen las medidas insuficientes. Y otros porque de rondón el Gobierno aprovechó la ocasión para incorporar a Pablo Iglesias al CNI, crítica a la que también se sumó la portavoz de Ciudadanos, María Muñoz Vidal, que fue la única excepción al hilvanar un discurso de “lealtad absoluta” y “apoyo total” al Gobierno. El resto demandó mayor protección para los vulnerables y hasta un “impuesto solidario” para las grandes fortunas, como fue el caso de Íñigo Errejón o el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. “Patriotismo es ponerse del lado del Gobierno cuando está luchando contra el enemigo de todos”, le espetó el socialista Simancas a Iván Espinosa de los Monteros (VOX), que abandonó el tono conciliador de hace una semana cuando el presidente compareció para explicar el estado de alarma.

La prioridad ahora es situar el interés general por encima de cualquier otro. Pero no todos los discursos suenan en esa dirección después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subiera a la tribuna a pedir autorización para una prórroga del estado de alarma de otros quince días, que llegará hasta el 11 de abril: “No ha habido ni un solo día en que el Gobierno haya dejado de actuar. Sabemos que esta crisis tiene tres vertientes: sanitaria, económica y social. Todo lo que hagamos pretende reforzar nuestro sistema sanitario, mitigar las consecuencias económicas y recuperarnos lo antes posible. El objetivo es proteger a la ciudadanía española garantizando un derecho a la vida digna”.

“España -añadió- ha seguido en todo momento las recomendaciones de los expertos internacionales, de la OMS y del centro de coordinación y emergencias. El Gobierno no ha dejado de dictar medidas y órdenes”. Pero nada de lo que dijo sirvió para disuadir al popular Pablo Casado de una intervención dura, implacable, sin concesiones y hasta extemporánea. Sus presidentes autonómicos le había advertido de que no entrara en el barro, que la crisis es tan grave y será tan larga que el desgaste del Gobierno está garantizado. No hizo caso, y en el primer segundo ya había roto la tregua que una semana antes concedió a la bronca y al cuerpo a cuerpo con Sánchez.

La lealtad saltó por los aires en medio de la estupefacción de quienes ya pasada la medianoche del miércoles seguían un debate que pasará a la historia de la infamia. El PP pretende llevar hasta la UCI a Sánchez por su gestión del COVID-19. Ni una propuesta puso sobre la mesa, excepto que las banderas oficiales ondeen a media asta, se organice un funeral de Estado y se erija un monumento en Madrid en homenaje a todas las víctimas. Todo en una intervención en la que aprovechó para hacer una defensa sobreactuada de Felipe VI, hablar de ETA y hasta del 2 de mayo. Su conclusión de todo ello es que Sánchez e Iglesias pretenden avanzar en su agenda “republicana y antisistema”

Así es cómo la tregua de la derecha se demostró que era pura ficción. Casado ya no disimula y ha decidido aprovechar la emergencia nacional para tumbar al Gobierno como si su partido no tuviera responsabilidades ejecutivas en varias autonomías en las que sus dirigentes están, como Sánchez, sobrepasados con la maldita curva, la velocidad a la que aumentan los contagios y los muertos y la falta de material sanitario.

Las llamadas de Sánchez para ahuyentar todo “pensamiento mezquino” y pedir “tiempo, unidad y lealtad” fueron en balde con Casado, pero también con Abascal y hasta con ERC, su principal socio parlamentario. Si el primero le espetó que el país no está “para mítines ni manuales de resistencia de autoayuda”, el segundo le acusó de “sectarismo” y de aprovechar la tragedia “para el reparto de un botín” con su socio de coalición y Rufián, de “llegar tarde y mal a la epidemia”.

En este punto está la política, mientras los muertos se acumulan y el colapso de los servicios sanitarios y funerarios impide durante días darles sepultura. El horizonte no puede ser más alarmante en todos los sentidos y, en este momento, no hay más certeza que la de que, llegado el momento del retorno a la normalidad, la ciudadanía ajuste cuentas con unos y con otros.