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Majadahonda, otro feudo del PP empantanado en los tribunales

El actual regidor (PP) está siendo investigado por delito urbanístico y medioambiental por permitir operar sin licencia a un hospital público

El segundo municipio con más renta en España está en el centro de Gürtel donde la Fiscalía pide para su exalcalde Guillermo Ortega 50 años de cárcel

El alcalde hasta 2001, Ricardo Romero de Tejada, también exsecretario general del PP regional, fue condenado por gastar con las tarjetas black 212.000 euros

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Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda, junto a Francisco Granados en una imagen de archivo / Foto: PP de Madrid

Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda, junto a Francisco Granados en una imagen de archivo / Foto: PP de Madrid

Es una de las capitales de la Gürtel, junto a Pozuelo y Boadilla del Monte, los ayuntamientos ricos del norte de Madrid. Los manejos de la red y las revelaciones del juicio a la primera etapa de la trama llevaron a Anticorrupción a situar al PP como beneficiario a título lucrativo de los amaños de Correa y cía en las adjudicaciones de Majadahonda, donde hasta 2005 gobernaba uno de los suyos, Guillermo Ortega. En el escrito de Anticorrupción Willy, el Rata, como se le apoda en el sumario a Ortega, se enfrenta a una petición de más de medio siglo de cárcel. El juicio a esa primera era de la trama ya está visto para sentencia.

Su sucesor, Narciso de Foxá,  está imputado desde este mes después de que la Fiscalía de Medio Ambiente lo denunciase por permitir que el hospital público Puerta de Hierro abierto por la Comunidad de Madrid operase sin licencia de primera ocupación durante siete años, entre 2008 y 2015. En otro juzgado se le investiga a él y a tres de sus concejales por un delito medioambiental por tolerar vertidos del mismo centro hospitalario sin un plan específico. 

De momento, Ciudadanos no ha dado signos de querer romper el Gobierno municipal, pese a la doble imputación del alcalde y la investigación a tres de sus concejales por delitos urbanísticos y medioambientales. El partido de Albert Rivera calificó los hechos como "muy graves" y pidió a la presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, "que aplique el código ético del que tanto alardea".

"Desde Ciudadanos consideramos que esto viene a demostrar que el PP ha gestionado el municipio de manera arbitraria, exponiendo a los vecinos a pagar sus errores y a machar la imagen de Majadahonda". El comunicado lo firmaba la semana pasada el portavoz municipal, Alfonso Reina, que este lunes ha presentado su renuncia, supuestamente por "razones personales". Su sustituta, Ana Elliot, todavía no se ha pronunciado sobre el último escándalo de Majadahonda. 

El Gobierno municipal entretanto, defiende que su alcalde "en todo momento ha actuado acorde a derecho y así consta en todos los expedientes administrativos obrantes en el Ayuntamiento". En conversación con eldiario.es, De Foxá asegura que se trata de "un tema administrativo", que no tiene pensado dimitir y que las exigencias de Ciudadanos son de "cara a la prensa". "A nosotros no nos han trasladado nada, puede ser criticable el retraso en una licencia que es un acto reglado pero, ¿qué debía hacer? ¿no dejar operar a un hospital que hace 17.000 intervenciones? Ahí debe prevalecer el derecho a la salud y a la propia vida. Esto se archivará en breve y no voy a dimitir por mucho que insistan algunos partidos", asegura el regidor, quien ya en noviembre anunció que no repetirá como candidato en 2019. 

Ricardo Romero de Tejada

Los vínculos de Majadahonda con los tribunales vienen de muy atrás. El que fue alcalde hasta 2001, Ricardo Romero de Tejada, un hombre muy próximo a la expresidenta Esperanza Aguirre que fue secretario general del PP hasta que en 2004 lo sustituyó Francisco Granados, también fue condenado por cargar a las tarjetas black de Caja Madrid 212.216 euros tras abandonar la corporación.

Romero de Tejada fue investigado también por sus vínculos con el tamayazo, el episodio que dio la presidencia de Madrid al PP de Aguirre gracias a la traición de dos diputados del PSOE. Romero de Tejada fue señalado por recibir en su despacho durante aquellos días a los constructores que pagaron la seguridad y los hoteles que dieron cobijo a Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez durante las jornadas posteriores a la espantada en la Asamblea de Madrid.

Pese a los sucesivos escándalos que llegan de los juzgados, el Partido Popular no ha tenido grandes problemas para conservar uno de sus principales feudos en Madrid. Desde su fundación, en 1989, barrió allí en todas las elecciones municipales con porcentajes de voto aplastantes. Obtuvo 14 de 21 concejales en 1991 con el 60,3% de las papeletas y ya no bajó del 49% de los votos hasta 2015 que cayó hasta el 38% de los sufragios, logró 11 de los 25 ediles y precisó el apoyo del grupo de Ciudadanos (seis concejales) para mantener la alcaldía.

Majadahonda no es un municipio cualquiera. Según los datos de Hacienda, es el segundo ayuntamiento con mayor renta de España (57.623 euros de media por habitante) solo por detrás de Pozuelo de Alarcón, también en el norte de Madrid y donde tienen su residencia algunas de las grandes fortunas del país. La última actualización del censo le atribuye 73.000 habitantes.

Guillermo Ortega

Los tres últimos alcaldes comparten imputación, pero también haber pasado por el tribunal que juzga la trama Gürtel, que encontró en este municipio adinerado su epicentro al calor de la expansión urbanística y la burbuja que incrementó los ingresos por licencias donde el suelo estaba más cotizado. Dos de ellos, Romero de Tejada y De Foxá, fueron llamados como testigos a petición de Guillermo Ortega, el señalado por la Fiscalía como parte de la organización criminal. Ambos se desentendieron de los asuntos de Correa y el Bigotes. 

De la lectura del sumario se desprende que el Gobierno municipal de Majadahonda que presidía Ortega jugó un papel clave en Gürtel durante los primeros 2000. No es solo que las fiscales de Anticorrupción den por hecho que el PP se quedó 133.628 euros de adjudicaciones fraudulentas en este municipio y casi otro tanto en Pozuelo.

Los intereses inmobiliarios hicieron caer entonces a Ortega por un plan que la red de Correa había urdido para recalificar unas parcelas. El propio Correa llegó a admitir al juez que él ya había pactado una comisión si la operación salía adelante. En ese contexto de mordidas, intereses cruzados y desconfianzas mutuas el concejal de urbanismo de entonces, José Luis Peña, empezó a grabar a sus entonces colegas. Y con 80 horas de audios se presentó en los juzgados. De ahí salió la famosa frase en la que Correa contaba con mucho ruido de fondo que él,  "en persona" había llevado mil millones de pesetas a casa del tesorero, Luis Bárcenas. 

El resto de la historia está publicada: el caso Gürtel hizo tambalear a la cúpula del Partido Popular, aireó su presunta financiación ilegal, sentó como testigo en el banquillo al presidente, Mariano Rajoy y ha arruinado unas cuantas carreras políticas. La sentencia dirimirá en los próximos meses en qué grado y cuales fueron las responsabilidades de los 37 procesados.

De momento, el caso ha aireado una forma de entender el poder basada en los intercambios de favores, la confusión entre los intereses públicos y privados y la oscura financiación del Partido Popular. 

"En la etapa de Ortega, algunos concejales del PP solían decir que tenían dos tenientes de alcalde y los tres de Correa", recuerda el exportavoz socialista en el municipio Manuel Fort. La triada eran José Luis Peñas, Juan José Moreno (primero asesores y luego concejales) y Carmen Rodríguez, esposa de Correa y jefa de prensa de Guillermo Ortega.

En sus años de mandato, la deuda del municipio se disparó de dos millones a 32 que tenía en 2004. "Dobló muchos contratos, por ejemplo el de recogida de basuras, o el limpieza viaria. Era un dispendio", explica Fort, que denunció ante la justicia en 2005 con otro concejal socialista las tramas urbanísticas que, sostiene, ya encontraron el agarre inicial en tiempos de Romero de Tejada.

En los primeros 2000 la burbuja inmobiliaria ya engordaba sin parar. El Ayuntamiento de Majadahonda tenía parcelas que deberían haber sido concebidas para la construcción de vivienda pública pero no fue así. "Vendía los derechos a constructoras que hacían vivienda libre en unas subastas que se inventó Romero de Tejada y continuaron después. Él fue el urdidor", asegura Fort. Narciso de Foxá, actual alcalde, era entonces concejal de urbanismo. 

Narciso de Foxá

Los mandatos de Foxá, cuya llegada a la alcaldía se vendió en el PP como "la expulsión de la Gürtel" de Majadahonda, no están, sin embargo, limpios de acusaciones y relaciones con tramas corruptas. El exconcejal Juan José Moreno, testigo en el caso Púnica, señaló ante el juez Velasco su destacado papel en la adjudicación de unos terrenos públicos para que una de las empresas de la trama, Alfedel, construyera un colegio concertado en la localidad.

Ahora, dos juzgados investigan al regidor municipal, acusado de haber permitido el funcionamiento sin las licencias oportunas del hospital Puerta de Hierro entre 2008 y 2015. La inauguración del centro hospitalario coincidió con el boom de los hospitales de Esperanza Aguirre. "Tenían mucha prisa, todo el afán de la expresidenta era vender que hacía hospitales", apunta el exconcejal Manuel Fort, actual presidente de la Agrupación Socialista de Majadahonda y testigo también en Gürtel. 

La corrupción enraizada no ha parado la vida en el segundo municipio más rico de España. Los coches van y vienen de una ciudad que es, más que un pueblo, un sitio para dormir. Y esta idiosincrasia, diagnostican algunos, separa a los habitantes de su municipio y de los problemas que se dan en él. "La implicación en los asuntos del pueblo es menor porque la gente no está aquí, no vive la vida aquí", sentencian en Somos Majadahonda, el último grupo político en entrar en uno de los feudos intocables para el PP. Al menos hasta ahora.

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