El CGPJ admite a trámite la petición de amparo del juez del caso Cursach por “continuo hostigamiento”
Constantes seguimientos, pintadas amenazantes o insultantes en la puerta de su domicilio, un vehículo quemado, maniobras que buscan desacreditarle... Son algunos de los hostigamientos que el juez Manuel Penalva, que instruye el caso Cursach, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ante estos hechos, el órgano judicial ha admitido a trámite este jueves la petición de amparo del magistrado, que actualmente es titular del juzgado nº 12 de Palma.
En el escrito que Penalva presentó ante el CGPJ, el juez denunció un “continuo hostigamiento” por parte del entorno de Bartolomé Cursach, un conocido empresario de la noche mallorquina. Penalva se refiere a varios letrados del managate, que han organizado manifestaciones contra él y contra el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán. De hecho, el escrito hace referencia a la manifestación organizada el pasado 27 de noviembre ante los juzgados de Vía Alemania, coincidiendo con la toma de declaración de Cursach, entre otros investigados.
En una nota de prensa, el CGPJ dice observar “datos y circunstancias que pueden suponer actuaciones inquietantes o perturbadoras de la independencia judicial”. Por ello, ha decidido admitir a trámite la petición de amparo. Lo ha comunicado a los letrados señalados por Penalva –para que efectúen alegaciones si lo desean–, al Colegio de Abogados de Balears y a la Delegación del Gobierno –para que informe de quién comunicó la manifestación del pasado 27 de noviembre y para que adopte medidas de seguridad si lo considera oportuno.
Intento de apartar a juez y fiscal
El caso 'Cursach' toma el nombre del todopoderoso empresario nocturno, encarcelado por 16 delitos, dentro de un sumario que lo retrata como a un mafioso capaz de meter en nómina a policías para que hiciesen la vida imposible a la competencia, de manejar a políticos y cargos públicos e incluso de estar relacionado con la muerte de un trabajador que le chantajeó con unas fotos comprometidas. Este caso de corrupción, uno de los más importantes en Balears en la última década, ha afectado incluso al PP balear, propiciando diversas dimisiones, como la del diputado Álvaro Gijón o el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez.
A finales de noviembre, el magnate intentó apartar al juez Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán, que consiguieron encarcelarle hace nueve meses. El Tribunal Superior de Justicia balear rechazó las medidas cautelares que pedían el abogado del empresario y el de otro investigado, y permitió al juez y al fiscal seguir en la causa que llevan instruyendo cuatro años. La denuncia pedía detenerles porque habrían coaccionaron de forma “espeluznante” a una testigo clave para que declarase siguiendo sus directrices, algo que la propia mujer desmintió.
