El Congreso, sin plenos hasta mediados de febrero
Sus señorías van a gozar nuevamente de un largo periodo de vacaciones hasta que la Cámara vuelva a funcionar a pleno rendimiento. En su última reunión, celebrada el pasado 18 de diciembre, la Mesa del Congreso, que cuenta con mayoría absoluta del PP, aprobó que el primer pleno de 2013 se celebre el martes, 12 de febrero, es decir, dentro de un mes y medio. No obstante, en la Junta de Portavoces, el presidente Posada no descartó la posibilidad de que hubiera un pleno extraordinario a finales de enero, aunque no les desveló el motivo de la eventual convocatoria.
En la legislatura pasada, siendo José Bono Presidente, los grupos acordaron habilitar los meses de julio y enero como hábiles, decisión que parece haber caído en el olvido al menos en lo que se refiere al primer mes del año que está a punto de comenzar. Bien es cierto que hasta esa fecha hay actividad en el Congreso dado que suelen convocarse Comisiones de trabajo en donde se debaten las proposiciones y leyes que están en tramitación y se discuten enmiendas. Pero a estas reuniones solo están obligados a asistir aquellos diputados que forman parte de ellas, que no suelen pasar de la veintena.
Además, es muy probable que los grupos de la oposición fuercen la convocatoria de la Diputación Permanente –un mini-órgano que sustituye a los plenos entre periodo de sesiones- para exigir la comparecencia de ministros o incluso del propio presidente del Gobierno en un pleno extraordinario para dar explicaciones sobre asuntos de la actualidad política. Estas peticiones, por lo general, son rechazadas, máxime ahora que el PP tiene mayoría absoluta en todos los ámbitos parlamentarios.
Estos largos periodos de vacaciones han sido duramente criticados por la ciudadanía. Incluso a los propios diputados les parecía mal dar esa imagen de ‘inactividad’ durante esos largos periodos de tiempo porque, como alegan, “seguimos teniendo cantidad de trabajo en nuestros despachos o circunscripciones. Pero si no hay plenos la ciudadanía no lo visualiza”.
Por ese motivo, a finales de la legislatura pasada, el socialista José Bono llegó a un acuerdo con los los portavoces de todos los grupos parlamentarios para que durante esos dos meses de enero y julio se pudieran convocar plenos y se celebraran también sesiones de control al Gobierno, pese a que la Constitución sentencia que son periodos inhábiles en ambas Cámaras. Incluso se estudió una posible reforma constitucional a tal efecto, algo que al final se consideró innecesario porque algunos portavoces opinaron que la medida podría aplicarse simplemente por “voluntad política” sin necesidad de llegar tan lejos. Además, en el caso de acometer dicha reforma sería necesario un referéndum para ratificarla. Y eso era hablar ya de palabras mayores.
Lo curioso es que la idea inicial de que Las Cortes habilitaran enero y julio partió de la entonces portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, hoy vicepresidenta del Gobierno de Rajoy. El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, sugirió como solución la convocatoria de un Pleno extraordinario en la primera quincena de enero y julio, y que el tercer jueves de cada uno de esos dos meses se celebrara una reunión de la Diputación Permanente, además de adelantar el primer pleno a la primera semana de febrero y no dejarla para la segunda. Otra vía sugerida fue la reforma del Reglamento del Congreso pero tampoco se aceptó ante el temor a que ERC o los nacionalistas catalanes aprovecharan para que se incluyera la regulación del uso de las lenguas cooficiales en los plenos.
El pasado mes de julio, sin embargo, el acuerdo se cumplió con creces y el Congreso vivió una intensa actividad veraniega. El Gobierno tenía prisa por sacar adelante algunas de sus medidas de ajuste impuestas ya por Bruselas. El día 11 de ese mes el presidente compareció en un pleno para dar cuenta de los acuerdos tomados en la cumbre europea de finales de junio. Al día siguiente, día 12, hubo una Diputación Permanente. El 17 de julio, martes, se convocó otro Pleno extraordinario para ratificar varios nombramientos - Defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y Consejeros del Tribunal de Cuentas- y para aprobar las ayudas para paliar los daños por los incendios forestales.
El miércoles 18 de julio, en plena canícula, hasta hubo sesión de control al Gobierno, algo inusual en la Cámara. El jueves 19, otro pleno extraordinario convalidó dos reales decretos: el de Estabilidad Presupuestaria y Formento de la Competitividad, y el que inyectaba dinero - “medidas de liquidez”- a las entidades bancarias y a las administraciones públicas. El 23 de julio volvió a reunirse la Diputación Permanente en la que una parte de la oposición pidió sin éxito la comparecencia de Rajoy para que explicara qué medidas nuevas de ajuste iba a aplicar.
Los grupos, no obstante, tuvieron la posibilidad de criticar al Gobierno porque el martes, 24 de julio, se celebró otro pleno para debatir la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El verano se coronó con la celebración de otra Diputación Permanente el 28 de agosto.
