La cúpula judicial agota su mandato sin perspectiva de acuerdo político y con su credibilidad bajo mínimos
La cúpula judicial está a punto de iniciar un nuevo periodo marcado por el bloqueo y un sistema de nombramientos que no funciona cuando los principales partidos ven en esa negociación un territorio de disputa política. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inicia este miércoles su día uno en situación de “prórroga”, después de que el acuerdo político entre PP, PSOE y Podemos saltase por los aires tras la revelación del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, enseñando las costuras de un sistema con su credibilidad bajo mínimos.
No es la primera vez que la élite de la judicatura asume un periodo de bloqueo por la falta de acuerdos entre los políticos que les designan para el cargo. En 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Presidencia, la obstrucción impuesta por los populares fue de tal calibre que el Consejo estuvo dos años prorrogado por encima del tiempo que les correspondía.
Pedro Sánchez y Pablo Casado intentaron evitar una repetición de la historia, pero no lo consiguieron. El presidente de Gobierno y el líder de la oposición cerraron el pasado verano en Moncloa un compromiso para renovar el Consejo General del Poder Judicial en plazo y comunicaron públicamente la consecución de su acuerdo. El nombre del elegido, el conservador Manuel Marchena, se filtró antes de tiempo, pero la dinamita del acuerdo tomó forma en un mensaje de WhatsApp que el portavoz del PP en el Senado envió a sus compañeros alardeando de que habían conseguido controlar la justicia por la puerta de atrás.
A consecuencia del escándalo, Marchena anunció que no aceptaba el encargo y el pacto saltó por los aires. Lo dinamitó Casado con el anuncio de que su partido registraba una iniciativa para cambiar la forma de elección a los vocales. Desde entonces, los principales líderes políticos borraron de sus agendas la tarea de refrescar la judicatura. No hay fecha para nuevas conversaciones y fuentes del equipo que negoció el frustrado acuerdo dan por hecho “llegarán antes las elecciones generales que un nuevo Consejo”.
A diferencia de 2006, los jueces son conscientes ahora de que atraviesan el peor momento de credibilidad de su historia en democracia. La situación en el Consejo es insostenible y las reuniones que todavía preside Carlos Lesmes se desarrollan en ambiente de tal tensión, que incluso se ha llegado a las lágrimas.
Coincidiendo con el fin del plazo legalmente establecido para la renovación, varias asociaciones judiciales han salido a la palestra para reclamar una salida a la renovación. La asociación progresista Jueces Para la Democracia ha pedido que los vocales no acepten su prórroga en el cargo y dimitan para ejercer presión y empujar el relevo. Otra asociación de jueces, la Francisco de Vitoria, ha asegurado que el actual consejo “carece de legitimidad” y que solo podrá dar trámite a “asuntos de trámite” o “urgentes”.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y por sus manos pasan nombramientos, sanciones y multitud de trámites que dibujan la vida diaria en los juzgados. De los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) es el único que no tiene fijado por ley un límite a sus competencias en caso de no ser renovado en plazo. Cuando el Gobierno pasa a estar en funciones solo puede atender a asuntos ordinarios. Lo mismo pasa con el Congreso de los Diputados: cuando expira su mandato, deja en suspenso la mayor parte de los asuntos en tramitación.
Con los jueces, la prórroga es ilimitada ya que la ley no marca ningún marco que la restrinja. Así las cosas, la falta de acuerdo permite a Lesmes seguir tomando decisiones trascendentales en un momento crítico para la Justicia y a pocas semanas de iniciarse uno de los principales procesos, por sus implicaciones política, como es el juicio del Procés. Nada se mueve en la política que indique intención de solventar una de las mayores crisis de la historia entre los ciudadanos y quienes deben impartir justicia sobre ellos.
