Conservadores del Poder Judicial piden la abstención de una vocal por ser la mujer de un magistrado del Constitucional
Vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido a la vocal progresista Clara Martínez de Careaga que se apartara de la votación sobre la renovación del Tribunal Constitucional con el argumento de que está casada con Cándido Conde Pumpido “que es un candidato posible para ser nombrado, entre otros” presidente de ese órgano. Pero ella ha rechazado hacerlo y en el CGPJ no está previsto el mecanismo de la recusación, por lo que esa petición ha fracasado.
En un voto particular, el vocal José María Macías sostiene que Martínez de Careaga “no puede participar en el nombramiento de la persona que puede decidir que su marido sea nombrado, o no, presidente del Tribunal Constitucional y quinta autoridad del Estado”. Y afirma que si ella se hubiera apartado de la deliberación, la “mayoría exigible” para nombrar a los magistrados habría sido de 10 votos. Precisamente ese es el número de vocales conservadores que tiene el actual CGPJ y los votos que obtuvieron los dos candidatos de este grupo: César Tolosa y Pablo Lucas.
“De haber cumplido la vocal Clara Martínez de Careaga el deber legal de abstención que le afectaba, los candidatos César Tolosa y Pablo Lucas habrían sido efectivamente designados magistrados del Tribunal Constitucional, condición que creo que legítimamente les tendría que corresponder”, sostiene Macías en un escrito al que se han adherido los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Maria Ángeles Carmona. Todos pertenecen al bloque conservador.
La petición de estos vocales llega un día después de que el Constitucional rechazara apartar de la votación sobre la paralización de la reforma sobre su renovación a los dos magistrados directamente por la misma: Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez. Unidas Podemos y el PSOE solicitaron que no participaran en la votación al depender su futuro en el Constitucional del resultado de esa reforma legal. Pero la petición fue rechazada sin abordar el fondo del asunto al entender una mayoría de magistrados que los dos partidos no estaban legitimados para pedir que se apartaran.
Escribe Elena Herrera.
