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El caso de las notas falsificadas irrumpe a la espera de que Anticorrupción decida sobre Cifuentes en Púnica

La Guardia Civil propuso imputar a la presidenta de Madrid por cohecho y prevaricación en mayo de 2017

Ella esgrime un comentario informal del anterior juez para defender su inocencia, pero la Fiscalía aún debe posicionarse ante el actual instructor 

La acusación se centra en la adjudicación a un donante del PP cuando ella era vicepresidenta de la Asamblea y miembro del patronato de Fundescam

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Cifuentes defiende a Aguirre y dice que habrá tenido "muchos errores" pero no ha estado "inmersa en la corrupción"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

En el pasado reciente y en el presente político de Cristina Cifuentes se libra una batalla sobre su responsabilidad o no en uno de los casos de corrupción más graves en la historia del PP, conocido como Púnica. De un lado, los indicios que presentan los investigadores, sin materializarse por ahora en una imputación judicial; y de otro, el discurso de la presidenta de Madrid, de transparencia total y "tolerancia cero" con la corrupción, de ruptura con los máximos dirigentes del partido en el pasado, a cuyos equipos llegó a pertenecer.

"Nadie podrá poner en duda mi honradez", proclamó Cifuentes cuando la Guardia Civil concluyó que su actuación como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid podía ser constitutiva de prevaricación y cohecho al conceder un contrato de cafetería y restauración. Este fue uno de los asuntos por los que la oposición le preguntó en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la financiación del PP, que se desarrolla en el Congreso. Quedaban menos de 24 horas para que eldiario.es revelara que Cifuentes obtuvo un título de máster con notas falsificadas.

Ante los parlamentarios, Cifuentes expuso que el juez Eloy Velasco niega su implicación en estos hechos. Se trata de los contratos de restauración de la Cámara madrileña al grupo del empresario Arturo Fernández entre 2009 y 2011. Cifuentes formaba entonces parte del comité de expertos que valoraba las ofertas. Fernández, a su vez, es uno de los empresarios que financió la campaña electoral del PP de Madrid en 2007 con 160.000 euros a través de Fundescam, una fundación del partido. Cristina Cifuentes integraba el patronato de esta fundación. Ella defiende que fue a dos reuniones del patronato y que nunca participó de su gestión económica.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habla de un proceso de adjudicación plagado de irregularidades en la concesión a Arturo Fernández. Y ata cabos. Cifuentes se defiende con que su cargo de vicepresidenta de la Asamblea le obligaba a integrar ese comité de expertos y que tomó la decisión con PSOE, IU y UpyD.

La Guardia Civil tomó declaración a varias personas vinculadas al proceso de adjudicación del contrato a Arturo Fernández. El juez García-Castellón ha imputado por el momento a una de ellas, la jefa de los servicios jurídicos de la Asamblea, Tatiana Recoder, quien prestó declaración en la Audiencia Nacional el pasado octubre y exculpó a Cifuentes. Está pendiente que las fiscales del caso Púnica, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, siguen ahondando en los hechos y propongan al juez seguir adelante o descartar los indicios contra Cifuentes.

El informe de la UCO trascendió en mayo de 2017. Entonces, el juez Velasco trasladó a varios medios, de manera informal, que él no apreciaba responsabilidad penal en Cifuentes. Pero Velasco fue ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y sustituido por el juez Manuel García-Castellón, quien deberá tomar una decisión sobre su eventual imputación.

La caída de su número 3

Cifuentes siempre estableció una línea entre cargos heredados de épocas pretéritas del PP y su equipo de confianza. En este último grupo destacaba el número tres de su Gobierno y consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Jaime González Taboada. Este tiene un pasado en la empresa pública Arpegio, en el epicentro del caso Púnica en tiempos de Esperanza Aguirre como presidenta autonómica y Francisco Granados como su mano derecha.

Todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio fueron imputados por el juez Eloy Velasco antes de que éste dejara el juzgado, menos el único aforado en ese momento, González Taboada. Cifuentes pasó de hacer una defensa cerrada de su estrecho colaborador a desprenderse de él en una reestructuración de su gabinete anunciada un sábado del pasado septiembre. Aunque tuvo con él un último gesto: lo envió al Senado. Ambos aseguran que fue él quien tomó la decisión de irse.

En mayo de 2017, la Fiscalía Anticorrupción dirigió un escrito al juez Velasco solicitando un registro en la empresa pública Arpegio, ahora dependiente del Ejecutivo de Cifuentes. "Existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas", decía Anticorrupción, en referencia a Arpegio y el PP regional. "Se hace difícil confiar en que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid", añadían las fiscales del caso.

El último embate al que se ha enfrentado Cifuentes en el caso Púnica han sido las declaraciones ante el juez de Francisco Granados, quien asegura que la presidenta de Madrid integraba un triángulo de poder en los tiempos de la presunta financiación irregular del partido junto a Esperanza Aguirre -su gran rival interno- e Ignacio González.

Para apoyar esta afirmación, Granados sacó a relucir una supuesta relación sentimental de Cifuentes con González. Cifuentes se ha querellado contra Granados y se ha descrito como "víctima" frente al "verdugo" que ella identifica con el investigado como cabecilla de la Púnica.

Cargo de vigilancia en el PP de Madrid

La oposición también cree que Cifuentes tiene más responsabilidades que las que le reclama la justicia actualmente. Entre 2008 y 2012 fue presidenta del Comité de Garantías del PP de Madrid. En esa época aparecieron los primeros indicios sobre la corrupción de Francisco Granados -una cuenta en Suiza- e Ignacio González -unas bolsas en un viaje a Colombia-. Cuando recibió ese reproche este martes en el Congreso, Cifuentes dijo que ninguno de los dos militantes del PP madrileño, uno, como senador; ni otro, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido eran responsabilidad suya, sino de Génova.

Cifuentes lleva dos bajas esta legislatura entre sus diputados autonómicos por casos de corrupción. Daniel Ortiz, imputado en Púnica en relación con una mordida de 240.000 euros, y Josefa Aguado, investigada en el caso Gürtel por una adjudicación a empresas de la trama en 2007 en el municipio de Arganda del Rey.

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