El Gobierno aprueba siete concesiones de nacionalidad a intelectuales, activistas y víctimas de maltrato

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una batería de reales decretos por los que se ha concedido la nacionalidad por carta de naturaleza a siete personas a propuesta de la ministra de Justicia Pilar Llop.

Entre las personas a las que se les ha otorgado la nacionalidad española se encuentran la escritora brasileña y Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Nélida Piñón; la periodista y activista social mexicana, Lydia María Cacho; el autor teatral y actor de nacionalidad argentina, Óscar Martínez; y el periodista e hispanista de origen británico, William D. Chislett.

También figuran en la lista la jugadora de ajedrez de origen georgiano, Ana Matnadze; Fraidelyn Padua, hija de una mujer asesinada por su pareja en nuestro país; y Dounia el Ghorfi, de origen marroquí, víctima de un caso de abandono de familia y malos tratos domésticos, en situación de vulnerabilidad.

Según ha explicado el Ministerio de Justicia en una nota informativa recogida por Europa Press, la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada de forma discrecional por Real Decreto, cuando concurren en la persona interesada “circunstancias excepcionales” que lo justifican.

Así, ha indicado que se tramita un expediente para cada caso particular, como ha ocurrido en los que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Tras el visto bueno del Gobierno, el beneficiado deberá jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, debiendo renunciar a su anterior nacionalidad, salvo en las excepciones marcadas por la ley, como son los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y los sefardíes.

Relación con España

En el marco de la nota difundida este martes, el Ministerio de Justicia ha explicado brevemente la situación personal de las personas a las que conferido la nacionalidad.

Así, ha recordado que Nélida Piñón es una “escritora brasileña de reconocida trayectoria y una de las más prestigiosas en lengua portuguesa”, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Según ha señalado, su relación con España “ha sido siempre muy estrecha”, ya que sus padres y abuelos fueron emigrantes gallegos y la propia escritora ha sido objeto de múltiples reconocimientos en Galicia.

Por su parte, ha subrayado que Lydia María Cacho --de nacionalidad mexicana-- es una reconocida periodista, así como activista social y escritora, destacada investigadora en violencia de género, salud, niñez y delincuencia organizada, que se ha especializado en la cobertura periodística en situaciones de riesgo, investigando sobre graves violaciones de derechos humanos.

“Su situación personal es vulnerable, pues ha sido víctima de torturas, ha sufrido más de seis atentados y está amenazada de muerte. Por el riesgo evidente para su vida, se encuentra residiendo en Madrid con una autorización temporal”, ha señalado el Ministerio, que además asegura que mantiene una vinculación “muy estrecha” con España tras colaborar de forma regular con medios, organizaciones y entidades españolas.

Asimismo, Justicia ha explicado que el actor y director de teatro Óscar Martínez, siendo nieto de españoles, “no pudo acceder anteriormente a la nacionalidad española por errores insubsanables en las inscripciones de sus apellidos en los registros civiles argentinos”. Martínez ha recibido galardones en el Festival de Venecia, la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y la Biznaga de Plata del Festival de Málaga. Además, desde el año 2019 forma parte de la Real Academia Española.

A la lista se suma el británico William D. Chislett, quien ejerce como investigador senior en el Real Instituto Elcano. El Ministerio ha asegurado que está “estrechamente vinculado a España desde hace varias décadas”. Ejerció como corresponsal para The Times durante la Transición y durante muchos años ha desempeñado un importante papel en la defensa y promoción de España en el exterior, obteniendo reconocimiento internacional como hispanista.

“En reconocimiento a su labor y mejora del conocimiento de España se ha estimado que concurren en él las circunstancias excepcionales que justifican la obtención de la nacionalidad española por carta de naturaleza”, ha señalado.

En el caso de Ann Matnadze, reconocida jugadora de ajedrez de origen georgiano que vive en Barcelona desde 2004, está autorizada desde 2012 a representar a España en competiciones internacionales. “Aparte de su manifiesto interés por la nacionalidad española, y al margen de sus extraordinarios méritos deportivos, su nacionalización es fundamental para regularizar su situación personal y deportiva, ya que en los resultados oficiales aparece como española sin serlo”, ha indicado el Ministerio.

Casos de menores

El Consejo de Ministros también ha concedido la nacionalidad a Fraidelyn Padua, nacida en 2011 en la República Dominicana, hija de una mujer asesinada en España por su expareja en enero de 2019. La menor reside, actualmente, en República Dominicana con sus abuelos maternos, que ostentan su guarda y custodia.

“En este caso, el Ministerio de Justicia ha considerado que, habiendo perdido la menor a su madre como víctima de un acto de violencia de género perpetrado en España, se dan las circunstancias para que le sea concedida la nacionalidad española, por razones humanitarias”, recoge la nota.

En cuanto a Dounia el Ghorfi, nacida en Berkan (Marruecos), el Ministerio ha explicado que fue abandonada cuando nació en un orfanato de dicha localidad y adoptada con 9 años por una familia que, aunque de ascendencia marroquí, ostentaba la nacionalidad española. Sin embargo, no legalizaron su situación, por lo que estuvo indocumentada y permaneció en el hogar familiar sin salir de casa más que para ir a dormir y a la escuela coránica.

Según ha indicado el departamento dirigido por Llop, en 2006 se activó el protocolo de menores y se inicia un proceso contra el padre adoptivo por delitos de abandono de familia y malos tratos en el ámbito familiar durante un ingreso hospitalario de la menor al no portar documentación. Desde entonces, permanece tutelada por la Ciudad Autónoma de Ceuta hasta la mayoría de edad, quedando en una situación de vulnerabilidad. En abril de este año, el Defensor del Pueblo inició actuaciones instando al Ministerio de Justicia a dar una solución a su precaria situación.