El Gobierno emprende su reforma fiscal con impuestos a bancos y tecnológicas tras su primer mes de anuncios sociales

Pedro Sánchez metió desde el primer día prisa a sus ministros para poner en marcha las políticas sociales con las que pretende dejar claro el sesgo de izquierdas de la coalición. Las primeras iniciativas tras la toma de posesión –subida del sueldo de los funcionarios o la revalorización de las pensiones– estaban ya previstas, pero suponen un incremento del gasto, como gran parte de las promesas que figuran en el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos. El Gobierno ya anticipó que tendría que poner en marcha fórmulas para aumentar los ingresos a través, fundamentalmente, de la creación de nuevos impuestos. 

Más allá de las mejoras de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos, las iniciativas que ha planteado el Ejecutivo hasta el momento no conllevan incremento del gasto, como el acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la derogación del despido por bajas médicas. El grueso del paquete social, como el ingreso mínimo vital o la subida del Iprem (Indicador Público de Rentas Estatales Múltiples), requiere de la aprobación de los Presupuestos y de que las arcas públicas se puedan permitir su financiación. 

Las previsiones de crecimiento económico del Gobierno se rebajaron en dos décimas la pasada semana –un 1,6% frente al 1,8% calculado a finales 2019, la misma cifra que estima la Unión Europea– y de momento la recaudación a través de las nuevas figuras impositivas llegará a las cotas que se esperaba. La 'tasa Google' con la que se gravan algunos servicios digitales no se pondrá en marcha hasta finales de año y la 'tasa Tobin' –que aplica a las transacciones financieras pero que deja fuera los productos derivados que son los más especulativos– se han aprobado en este Consejo de Ministros. Sin embargo, este año solo se recaudará la parte correspondiente al último semestre del año del gravamen financiero (alrededor de 450 millones). 

Además, algunas de las subidas de impuestos recogidas en el acuerdo, como el incremento del pago de IRPF para las rentas superiores a los 130.000 euros o la modificación del tipo de sociedades, aunque logren su aprobación en 2020, no tendrán margen para recaudar. 

Esta dificultad para cuadrar las cuentas forzará al Ejecutivo a buscar nuevos recursos si quiere poner en marcha su programa progresista de Gobierno y, a la vez, convencer a Bruselas de que los números son creíbles y que pueden no desviarse excesivamente de las recomendaciones que se hará España desde la Comisión Europea.

El Ejecutivo ha comenzado los deberes con la aprobación de las tasas Google y Tobin de cara a los Presupuestos Generales del Estado que Sánchez pretende aprobar antes de que finalice en verano. Por ahora ya ha superado el paso previo, que es la senda de déficit y que se debatirá en el Congreso la próxima semana y la siguiente, en el Senado.

A la espera del apoyo de ERC

El Gobierno ya ha dejado claro que no llevará las cuentas al Congreso hasta que tenga amarrados los apoyos. El hueso que tiene que roer es el de ERC, que supedita su respaldo a cómo funcione la mesa de diálogo que pactaron socialistas y republicanos para la investidura y para la que aún no hay fecha concreta. 

A pesar de que la pretensión del Gobierno es que la primera reunión, que encabezarán Sánchez y Quim Torra, se celebre antes de que termine febrero, la puesta en marcha es por el momento una incógnita. El principal escollo lo tienen por ahora los socios del Govern porque JxCat quiere que haya un mediador mientras que ERC asume la posición de los socialistas, que lo rechazan, y apuesta por dejar fuera esa figura para quitar presión de la mesa. 

Fuentes gubernamentales se muestran convencidas de que “habrá acuerdo” para que eche a andar la negociación y atribuyen el tira y afloja dentro de la Generalitat a los “intereses electorales” que puedan tener los partidos que forman el Govern ante la amenaza real de un adelanto de los comicios en Catalunya.