El Gobierno destina el mayor incremento de inversión a Defensa: 3.017 millones

María Dolores de Cospedal pasa revista a las tropas como ministra de Defensa. /

La mayor inversión del Gobierno se la lleva el Ministerio de Defensa. Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 destinan 3.017 millones de euros al departamento que dirige María Dolores de Cospedal que, por segundo año consecutivo, es el que consigue más fondos públicos para inversiones debido a la inclusión en el proyecto de presupuestos del gasto armamentístico que antes se pagaba mediante créditos extraordinarios aprobados por decreto en una práctica que prohibió el Tribunal Constitucional.

Defensa dispara su presupuesto un 32% por el gasto en armamento

Defensa dispara su presupuesto un 32% por el gasto en armamento

El Ministerio de Defensa obtiene un 31,5% más que el año pasado para sus inversiones y se sitúa a la cabeza de gasto en inversiones de todos los departamentos del Gobierno de Mariano Rajoy con un 39,5% del total. El año pasado, el porcentaje de la tarta que obtenía era ligeramente superior (41,1%). La inversión de Defensa es bastante superior al Ministerio de Fomento, que va a continuación con 1.934 millones de euros para invertir (el 25,35 del total), lo que supone un incremento del 8% respecto al año pasado.

La dotación total para la política de Defensa asciende a 8.087 millones de euros –un 6,9% mayor que el año pasado–, de acuerdo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que Cristóbal Montoro ha llevado al Congreso este martes.

El gasto en Defensa se dispara por segundo año consecutivo por la inclusión en el proyecto de cuentas públicas del gasto de armamento para los Programas especiales de modernización que supondrán para las arcas públicas 2.164 millones de euros. Ese gasto militar supone un incremento del 18,6% respecto al año pasado.

El año pasado la inclusión del pago de armamento disparó ya el gasto de Defensa. Hasta entonces, los programas especiales de armamento (PEAS) se habían pagado mediante créditos extraordinarios. Sin embargo, el Tribunal Constitucional puso fin a esa práctica. Con esos programas, el Estado está hipotecado hasta 2030.

El resto del gasto para la política de Defensa se distribuye en 2.315 millones para gastos operativos de las Fuerzas Armadas; 1.320 millones para apoyo logístico; 1.187 millones para administración y servicios generales (una partida que baja un 4,5%); 526 millones para el personal en reserva; 413 millones para formación y 159 para modernización de las Fuerzas Armadas.

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