Otra testigo niega las injerencias del Gobierno que recoge el informe de la Guardia Civil para cancelar manifestaciones: "No me presionó nadie"

Imagen de la protesta del 8M.

El informe que la Guardia Civil ha entregado a la jueza que investiga la autorización para la movilización del 8M sostiene que la Delegación del Gobierno presionó a algunos convocantes de manifestaciones para que anularan sus convocatorias. La protagonista de uno de esos testimonios que sirven para apuntalar la imputación del delegado del Gobierno José Manuel Franco niega la versión del informe

La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M

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"A mí nadie me presionó en ningún momento. Es de sentido común que si no se puede salir y no están permitidas las agrupaciones, esto no se podía llevar a cabo" dice Diana Chnaiker, que pidió autorización a la Delegación del Gobierno para tres movilizaciones de la Asociación de Personas Aptas sin Ayudas de Alquiler (APASAA). La idea era protestar en la calle los días 5, 12 y 19 de marzo, coincidiendo con los plenos celebrados en la Asamblea de Madrid.

La manifestación del día 5 se celebró sin problema, pero para la del 12 "ya estaba muy presente el COVID en los medios, y los colegios iban a ser cerrados", dice Chnaiker en conversación con eldiario.es. Ese día habló con una de las diputadas que apoyan su causa y le dijo que se había cancelado el pleno, así que anularon la concentración.

Quedaba entonces pendiente la del día 19 de marzo, cinco días después de que Pedro Sánchez anunciase que entraba en vigor el estado de alarma. "Cuando se convoca el estado de alarma, se prohiben las agrupaciones, y comienza el confinamiento", explica. Añade que por esa circunstancia y por el hecho de que no había pleno no pensaban acudir a la protesta.

Relata que el día 17 de marzo recibe una llamada de la Delegación del Gobierno en la que le informan sobre las limitaciones del estado de alarma. Ella contesta que está al tanto de la situación y que por ello no pensaba celebrar la protesta. Desde la Delegación le indican que si eso mismo podía ponerlo en un mail y enviárselo. "Yo le dije que me parecía ridículo si ya estaba hablando con la Delegación, y me indicaron que era para que quedase constancia de la cancelación", añade.

Escribió el email: "Según conversación telefónica, procedo a remitir escrito de la cancelación de la concentración que se llevará frente a la Asamblea de Madrid el próximo 19 de marzo, por estar convocado el Estado de Alarma, por esta situación con el coronavirus".

El 5 de mayo contacta con ella la Guardia Civil, que ya ha iniciado la investigación por orden del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Chnaiker acudió a la comandancia del instituto armado y prestó declaración. Allí cuenta todo esto, pero en ningún momento relata presiones por parte de la Delegación del Gobierno. Insiste en que el contenido de la conversación no se parece a lo reflejado en el informe. "A mí nadie me presionó en ningún momento. Es de sentido común que si no se puede salir y no están permitidas las agrupaciones, esto no se podía llevar a cabo", insiste.

La tesis que defiende el informe policial es que la Delegación del Gobierno trató de desconvocar algunas manifestaciones por la puerta de atrás a través de llamadas telefónicas advirtiendo de los riesgos para la salud, y sin que quedase constancia de esas supuestas presiones en los registros de la institución, mientras algunos ministros alentaban la participación en la marcha del 8M.

Tras recibir ese informe, la jueza Carmen Rodríguez Medel citó como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, acusado de un delito de prevaricación.

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Publicado el
27 de mayo de 2020 - 00:03 h

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