El Poder Judicial desafía la reforma de PSOE y Podemos que pretende quitarle competencias en funciones y hace nuevos nombramientos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace dos años, ha acordado este jueves la adjudicación de otras cuatro plazas en la cúpula judicial. Los nombramientos, fruto de un acuerdo entre la mayoría conservadora y parte del bloque progresista, se producen apenas dos días después de que el Congreso diera el primer paso para limitar las atribuciones que tiene que tener el órgano de gobierno de los jueces cuando está en funciones a raíz de la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos. Esa reforma, respaldada por la mayoría reforzada de la investidura, pretende impedir que un Consejo interino pueda hacer nombramientos discrecionales. 

Las cuatro designaciones aprobadas este jueves incluyen la Presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, encargada principalmente de analizar las impugnaciones de convenios colectivos, que estaba vacante por vencimiento del mandato del magistrado Ricardo Bodas, ahora en el Tribunal Supremo. Ha sido elegido José Pablo Aramendi Sánchez, que ha obtenido 17 de los 21 votos en juego. Además, se han adjudicado dos presidencias de Sala en los TSJ de Asturias y Castilla y León y la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, para la que ha sido elegido Joaquín González Casso. Estas designaciones han recibido 18 votos.

Estos nombramientos son fruto de un acuerdo entre la mayoría conservadora y parte del bloque progresista. Los vocales Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda (elegidos a propuesta del PSOE) y Concepción Sáez (a propuesta de IU) han votado en blanco al considerar que el órgano de gobierno de los jueces no debería hacer nombramientos en esta situación de interinidad, que se inició en diciembre de 2018. 

Lesmes dejó claro el pasado septiembre en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial que los nombramientos en la cúpula judicial debían seguir desarrollándose “con normalidad”. “Lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental”, aseguró entonces. En el Pleno de septiembre se adjudicaron seis plazas en el Supremo y en el de octubre otras ocho. Entre ellas, las presidencias de los TSJ de Baleares y Cantabria. 

Ante el avance de las negociaciones para la renovación, Lesmes trasladó a los vocales su intención de paralizar los nombramientos. De hecho, en el Pleno de noviembre se adjudicaron únicamente dos plazas en la jurisdicción militar y no se promovieron nuevas convocatorias. Ahora, ante la ausencia de avances en la vía abierta entre el PSOE y el PP, ha decidido retomarlos. Fuentes del CGPJ recuerdan que el Reglamento de nombramientos establece que las vacantes tienen que publicarse en el BOE “inmediatamente de producidas” y que el Consejo tiene que resolver “en el plazo máximo de seis meses”. 

En los dos años que el órgano de gobierno de los jueces lleva con su mandato caducado se han adjudicado 61 puestos de alto nivel en los principales tribunales. 18 de ellos en el Supremo, tres en la Audiencia Nacional, 23 en los tribunales superiores autonómicos y 17 en audiencias provinciales.