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Luis Medina pide al juez que expulse al Ayuntamiento del caso Mascarillas: “Se quejan de algo que dieron por válido”

Luis Medina en una gala de la Fundación Global Gift en Marbella, Málaga, en 2014. EFE/Carlos Díaz

Pedro Águeda


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La representación de Luis Medina Abascal ha solicitado al juez que expulse al Ayuntamiento de Madrid del caso Mascarillas, en el que está personado como acusación particular. La defensa del investigado considera que el Consistorio está denunciando unos hechos que en su momento no le parecieron en absoluto irregulares. “Ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación”, recoge el escrito presentado por el abogado de Medina, al que ha tenido acceso elDiario.es.

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Los argumentos de la defensa de Medina coinciden con los del Ayuntamiento, en el sentido de que nunca tuvo motivo para denunciar una estafa. Ahora, una vez conocida la querella de la Fiscalía Anticorrupción por ese delito y otros dos más, el Consistorio se ha personado como acusación particular, esto es, como perjudicado de dicha estafa, pero sigue manteniendo que todo lo que compró a la empresa malaya, por la que intercedían Alberto Luceño y Luis Medina, son productos que llegaron a sus manos.

“Lo cierto y verdadero es que en cuanto a las mascarillas no hubo problema alguno ya que se recibieron todas, eran de la calidad que esperaban e incluso manifestó que el precio le pareció barato, al estar en aquel momento el mismo tipo de mascarillas a 40 euros”, dice el escrito de la defensa de Medina. Se refiere a la declaración de Elena Collado ante la Fiscalía Anticorrupción, en calidad de testigo, donde la responsable municipal de las compras asegura que se llegaron a pagar en aquellas fechas a un precio de hasta 40 euros, por lo que los 6,6 euros por unidad al Ayuntamiento le pareció “un buen precio”.

En cuanto al otro contrato investigado, el de los test de anticuerpos, “el problema consistió en que uno de los lotes tenía poco reactivo, pero ese líquido ya les había llegado y, a día de hoy, no le consta a mi parte que no funcionaran, puesto que el Ayuntamiento lo habría reclamado”, afirma la abogada de Luis Medina.

Se trató de tres lotes entregados por Luceño y Medina de los que solo uno tenía un porcentaje de fiabilidad aceptable. Luceño informó al Ayuntamiento de que el vendedor no estaba dispuesto a devolver el dinero y añadió que el problema se corregiría con nuevos reactivos. A diferencia de lo que traslada la defensa de Medina, Anticorrupción asegura en su querella de hace dos semanas que “no consta que hasta la fecha se hayan enviado nuevos reactivos ni que se haya corregido de otra manera el defecto de sensibilidad de los test”. 

En cuanto a los guantes, el Ayuntamiento pidió un modelo (hasta el codo) y Luceño y Medina entregaron otros sin garantías profilácticas (llegaban hasta la muñeca). Luceño acordó con Collado devolver 4 millones de dólares por ello, pero lo que hizo fue en realidad eliminar su desmesurada comisión y que el Ayuntamiento pagara por el precio real de los guantes, pese a no ser el modelo que había solicitado el Consistorio y que aún así distaba mucho de un precio adecuado al mercado (2 dólares frente a los 8 céntimos por los que se vendían en los supermercados madrileños).

En cualquier caso, la defensa de Medina concluye: “Por lo relatado no puede aceptarse que el Ayuntamiento de Madrid sea acusación particular en un asunto donde ha estado de acuerdo con los contratos investigados, suscribiéndolos, y en ningún momento revocándolos ni denunciándolos, habiéndose mostrado conforme con lo que ha obtenido de los mismos”.

La abogada Sonia Juárez deja además una advertencia al recordar que se está en una fase inicial de la investigación judicial, que el Ayuntamiento es firmante de los contratos investigados y que, “en el caso de que en las diligencias se aprecie que se ha producido alguna irregularidad, la responsabilidad podría recaer en dicha institución, por lo que no es el momento procesal oportuno para personarse ni tener como acusación particular a una parte que, por su participación en los contratos, puede acabar siendo investigada”.

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