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El organismo que audita la situación laboral de los militares y analiza las denuncias por acoso lleva dos años inactivo

Militares en el desfile del 12 de octubre en Madrid

Laura Galaup

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El Observatorio de la Vida Militar lleva dos años inactivo. Su último informe fue emitido en noviembre de 2018, desde entonces ni Congreso ni Senado han cubierto las vacantes que quedaron desiertas después de que terminase en ese momento el primer mandato de esta institución. Este organismo comenzó a funcionar en 2013 y durante los cinco años en los que estuvo activo sus miembros analizaron varios asuntos relacionados con la vida militar: las retribuciones de sus miembros, las posibilidades de conciliación laboral, el acoso en las Fuerzas Armadas, las consecuencias de la movilidad geográfica y las de la temporalidad en los contratos de Tropa y Marinería. 

Este organismo es un “órgano colegiado, asesor y consultivo”, según recoge la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, adscrito a las Cortes Generales y al que el Ministerio de Defensa le facilita la sede y los medios administrativos que necesite. La normativa establece que sus nueve miembros deben conseguir mayoría absoluta en el Congreso o en el Senado, dependiendo de la Cámara que les proponga, y su nombramiento se extenderá durante cinco años. Desde el gabinete de prensa del Congreso de los Diputados han confirmado a elDiario.es que todavía no han recibido ninguna propuesta para cubrir las vacantes. Por su parte, PSOE y Ciudadanos aseguran que están trabajando en ello. 

La ley recoge que la misión del Observatorio pasa por “analizar aquellas cuestiones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas y fomentar aquellas actuaciones que coadyuven a la mejor regulación de la condición militar”. En noviembre de 2013 sus miembros fueron elegidos y en enero de 2014 se reunieron por primera vez para constituir formalmente el Observatorio de la Vida Militar. Durante su primer mandato, la institución estuvo integrada por exmilitares, juristas y expertos.

Elaboración de un informe anual

Al final de cada año esta institución emitía un amplio informe en el que evaluaban distintos aspectos de las condiciones laborales y personales de los militares, pero también realizaron análisis monográficos, como el publicado sobre el acoso sexual y laboral en las Fuerzas Armadas después de que el caso de la ahora diputada socialista Zaida Cantera llegase al Congreso, víctima de una agresión sexual por parte de un superior. Los miembros del Observatorio realizaron una recogida de datos, gracias a la que se pudo concluir que entre 2004 y 2015 la justicia militar había desestimado el 76% de las denuncias presentadas por acoso en la disciplina castrense. 

Otro de los asuntos en los que se centraron los miembros de esta institución fueron los sueldos que reciben los militares. Entre las conclusiones a las que llegaron en su análisis, plantearon que “en algunos conceptos retributivos equivalentes, las retribuciones de los militares no son iguales a la de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Su presidente llegó a asegurar en el Congreso que en 2016 un guardia civil cobraba hasta 400 euros más al mes que un militar del mismo rango. 

Robles urgió a las Cortes su renovación

En febrero la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya pidió al Congreso y al Senado que se iniciaran los trámites para elegir a los nuevos miembros del Observatorio, destacando “la especial trascendencia que tiene” este organismo “para las condiciones de vida” de los militares. “Te ruego que dispongas lo necesario para que el nombramiento por esa Cámara de los nuevos componentes de tan esencial órgano se lleve a cabo con la prontitud que sea posible”, recoge la carta publicada en la web del Senado y dirigida a su presidenta, Pilar Llop. 

Desde el gabinete de prensa del Congreso de los Diputados aseguran que “no ha habido ninguna propuesta” por parte de los grupos parlamentarios para renovar el Observatorio desde que caducó el mandato del equipo que asumió su gestión en 2013. La ley establece que el Congreso escoja a cinco miembros del Observatorio y el Senado a cuatro, para que el nombramiento salga adelante necesitan obtener “mayoría absoluta con el apoyo de, al menos, tres grupos parlamentarios en cada Cámara”, recoge la normativa. 

Por su parte, desde el PSOE explican que en los últimos días han “arrancado” las negociaciones y están tratando de “conocer el mecanismo de elección''. Fuentes de Ciudadanos aseguran que su formación está ”intentando desbloquear su renovación tendiendo puentes con PP y PSOE, y mediando ante la Mesa para que la presidenta convoque la Comisión“. Una portavoz de Unidas Podemos también explica que ”se están iniciando los contactos“ para acordar su futura composición. Vox y PP no han contestado a la petición de información realizada por elDiario.es.

Desde esta institución han lanzado a Defensa varios reproches. En 2017, Víctor Torre de Silva, que ocupó la Presidencia del Observatorio durante su primer mandato, lamentó en el Congreso que las infraestructuras de bases, buques y acuartelamientos en los profesionales de las Fuerzas Armadas pasan muchas horas fuesen “deficientes”. Unos meses después también criticó la falta de transparencia de algunas administraciones estatales al requerirles información. 

La Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, ya instó hace un año y medio a los grupos parlamentarios a iniciar la renovación de los miembros del Observatorio. “Los militares no pueden quedar huérfanos de ese órgano de tutela y las Cortes no pueden permitirse esa pérdida”, requirió su secretario general, Iñaky Unibaso, en una carta publicada en El País.

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