Sánchez estudia una propuesta para recortar funciones al Consejo del Poder Judicial si Feijóo no acepta desbloquearlo

El debate público español vive en estado de ansiedad. Y no porque la Constitución cumpla 45 años iba a serenarse. La hipérbole no descansa. Ni en festivo. Basta una cámara, un micro y un foco para acelerar el verbo y disparar adjetivos a cañonazos. Pasa cada año, pero con más intensidad desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Otro clásico más de la efeméride es que PP y PSOE se acusen mutuamente de faltar al espíritu y a la letra de la Carta Magna. El primero culpa al segundo por sus pactos con el independentismo y el segundo al primero, por mantener durante cinco largos años el bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la que le obliga el texto constitucional.

Forman también parte del ritual tanto la asistencia del Padre Ángel a los fastos de la Constitución como la ausencia de los representantes del nacionalismo periférico y por segundo año consecutivo, la de los del nacionalismo español que encarna Vox. La tercera autoridad del Estado cumple además con la tradición de pronunciar unas palabras con las que festejar la efeméride ante los poderes del Estado y sus invitados. Francina Armengol solemnizó lo obvio en este 45 cumpleaños de la Carta Magna cuando dijo que es “la mejor cura contra la discordia” y emplazó a “cumplirla y desarrollarla”,  pero a la derecha política le incomodó que le pusiera frente al espejo de su realidad y la acusó de convertir el Congreso en una “sucursal del PSOE”. 

Todo, aderezado, de los habituales corrillos entre políticos y periodistas, donde en esta edición el tema estrella, además de la pendiente renovación del Consejo del Poder Judicial, fue la estruendosa, pero no menos esperada, ruptura entre Podemos y Sumar y las consecuencias que puede tener sobre la estabilidad del Gobierno. No parece que muchas a tenor de lo que, en conversación privada, garantizó Ione Belarra al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y lo que trasladó Lilith Verstringe al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. Se verá. De momento, Sánchez resta importancia al divorcio de la izquierda alternativa porque “Podemos sigue siendo una fuerza de progreso”.

La recepción del Día de la Constitución en el salón de los pasos perdidos del Congreso tuvo este puente –más bien acueducto– menos asistencia de la habitual, pero la efervescencia del debate público fue idéntica a la de ediciones anteriores. Esta vez por lo animada y dividida que anda la izquierda a la izquierda del PSOE y porque el presidente del Gobierno aprovechó el día para anunciar que antes de que acabe el mes se verá con Feijóo en La Moncloa para proponerle tres acuerdos: la renovación del CGPJ, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la financiación autonómica. El estrépito lo puso Feijóo al decir que España vive la “mayor crisis constitucional” en 45 años de democracia, tras el “trueque” con los independentistas que ha realizado Pedro Sánchez, al que ha acusado de “liderar un movimiento en contra de la Constitución española”.

“No tenemos convocatoria aún, pero cumpliremos con la cita”, respondieron los portavoces de Génova, que se enteraron de la noticia de la próxima reunión entre Sánchez y Feijóo por los medios de comunicación al igual que del contenido de la animada conversación que el presidente tuvo al respecto con los periodistas. Sánchez lamentó que la derecha y la ultraderecha estén tratando de crear un ambiente político y social “dramático” que no existe en la calle, donde está convencido de que se es consciente de que hoy “hay más empleo y una situación económica bastante razonable”. Su impresión es que el PP de Feijóo “está corriendo una maratón como si fuera una carrera de 100 metros” y que a medida que avancen los meses y se asiente la legislatura, habrá menos inflamación. ¿Van a estar cuatro años así?, se preguntó el jefe de Gobierno, para quien la amnistía es también “una política de Estado porque construirá convivencia”, pese a que las encuestas detectan un mayoritario rechazo a la medida.

El presidente del Gobierno ha decidido, no obstante, hacer un enésimo intento con Feijóo para  desbloquear la renovación del CGPJ, cuyo mandato venció hace ya cinco años, y para empezar a reconstruir los puentes rotos con la oposición. En el fondo, está seguro de que en este trance el presidente del PP cuenta con la presión de la Comisión Europea y se juega además “su autonomía política” frente a un “Aznar que ha vuelto a ponerle deberes una vez más”. 

No aceptará Sánchez, según adelantó,  exigencias ni condiciones previas como que la renovación se afronte en paralelo a una modificación de la ley que cambie el sistema de elección de los vocales, tal y como ha pedido el PP. El Gobierno considera inaceptable que la derecha trate de imponer su posición cuando no tiene mayoría parlamentaria suficiente, tal y como se demostró también en la legislatura anterior cuando llevaron al Congreso una propuesta para cambiar el modo de elección de los vocales del CGPJ y perdió la votación. 

“Ya no es momento de excusas”, subrayó el presidente, que tiene sobre su mesa para el estudio una propuesta para recortar funciones al CGPJ si Feijóo no se aviene a desbloquear la renovación. Se trata de la llamada fórmula Vicente Guilarte que hizo recientemente pública el presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces y que pasa por una reforma que reste atractivo al Consejo como instrumento político de los partidos. 

Se trata de una opción intermedia entre la apuesta del PSOE de mantener el actual sistema de elección parlamentaria y la del PP, que quiere que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo. Guilarte aboga por retirar la competencia de los nombramientos de la cúpula judicial al Consejo que ahora se hace de forma discrecional y a interés de la mayoría que mande en el órgano de gobierno de los jueces para que se apliquen criterios de escalafón, especialización y publicaciones que cuenten a la hora de efectuar los ascensos.

El cambio de sistema permitiría objetivar los nombramientos para que no queden al albur de los vocales del Consejo y de los intereses partidistas de los partidos que los nombraron para el cargo. Y en el Gobierno reconocen que es una propuesta merecedora de estudio en el caso de que el PP mantenga el bloqueo y tras constatar que en España el órgano de gobierno de los jueces tiene más competencias que en otros países del entorno.

Desde el PP son más partidarios de una solución coral de todo el Consejo y no de una propuesta particular de su presidente suplente, si bien quieren dejar claro que su posición sigue pasando por un cambio de la Ley del Poder Judicial, algo que, defienden, puede hacerse de forma “simultánea” a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.