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El autobús antiabortista con imágenes de fetos ensangrentados es ilegal

Autobús con imágenes fetos fuera del útero tras practicar un aborto patrocinado por una asociación radical antielección

Irene Castro / Natalia Chientaroli

El autobús con duras fotografías de fetos fuera del útero materno supuestamente realizadas tras la práctica de interrupciones del embarazo que estos días recorre las calles de Madrid es ilegal. La campaña, financiada por una organización antiabortista, incumple la normativa municipal que regula la publicidad exterior. Corresponde al Gobierno municipal de Ana Botella llevar a cabo la inspección y comprobación del cumplimiento de esa legislación.

La ordenanza municipal reguladora de la publicidad exterior prohíbe específicamente “la publicidad en cualquier tipo de vehículo o remolque, en circulación o estacionado, excepto la que se realice en los vehículos destinados al transporte público de viajeros”. En este caso, el “proyecto de educación pública” AbortoNo de la asociación Centro para la Reforma Bioética de España utiliza un autobús privado que no desplaza pasajeros para convencer a las mujeres de que son “engañadas” y de que necesitan “ayuda” si han abortado.

Ese es el primer incumplimiento legal de esta campaña, pero no el único. La ordenanza municipal obliga a los organizadores a la obtención de una “autorización administrativa, declaración responsable o comunicación previa” para la realización de la campaña. AbortoNo aseguró, en declaraciones a El País, que tiene la autorización necesaria; sin embargo, el Ayuntamiento aseguró no tener constancia de haberla emitido. Dos días después, fuentes del Consistorio consultadas por eldiario.es insisten en que no han autorizado la polémica campaña.

Y en este punto se produce el tercer incumplimiento de la institución que dirige Ana Botella: su propia ordenanza obliga a los servicios técnicos del Ayuntamiento y a la Policía Municipal a “inspeccionar” y “comprobar” que las campañas cumplen la normativa. “El ejercicio de las funciones de inspección y comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza corresponderá a los servicios técnicos del órgano municipal competente así como a los agentes del Cuerpo de Policía Municipal, como encargados de la vigilancia del cumplimiento de la normativa municipal”, indica el artículo 52 de la norma.

Reproches morales a la campaña

Las imágenes cruentas de fetos ensangrentados y descuartizados han provocado la indignación de los socialistas, que a través de la número dos del partido, Elena Valenciano, las han calificado de “terrorismo publicitario” y han pedido a la Delegación del Gobierno que retiren la campaña de AbortoNo. “Son imágenes ofensivas y que hacen daño a las mujeres que han interrumpido su embarazo”, explica a eldiario.es. “Deben ser consideradas publicidad ilícita”, sentencia. La ley general de la publicidad considera ilícitos aquellos anuncios que atenten contra la “dignidad de la persona”.

La diputada de Izquierda Unida Ascensión de las Heras califica la campaña como un “hecho deleznable” y “manipulador” que “hiere la sensibilidad”. “La hipocresía con la que se marca esta dirección mediática por parte de la derecha es retrógada e inmoral”, critica De las Heras, que recuerda que “quienes estamos a favor del derecho a decidir estamos a favor de la vida porque defendemos la vida de las madres y su derecho ético” a no seguir adelante con el embarazo.

El grupo parlamentario del PP en el Congreso se ha negado a dar una opinión a esta redacción: “No hacemos valoraciones de campañas de organizaciones privadas”, han manifestado.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, considera que este tipo de campaña es un intento “más de obligar a las mujeres a que no decidan por sí mismas”, pero señala que los organizadores “desconocen que por más virulenta que sea, no disminuye las interrupciones voluntarias del embarazo, sino que incrementa el sentimiento de culpa”. Besteiro afirma que la forma de reducir el número de abortos no es “presionar para que se modifique la ley”, puesto que esto sucede “cuanto más permisiva es la regulación si se acompaña con políticas de educación sexual”.

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