El Gobierno inicia el trámite para eliminar la incapacitación de personas con discapacidad y sustituirla por apoyos

El Gobierno ha dado este martes el primer paso de un camino que acabará con más derechos para las personas con discapacidad (se equipararán con el resto de la población, en realidad). El Consejo de Ministros ha aprobado el “anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”. Esto es: se acabó declarar a alguien como “incapaz” y retirarle su capacidad de decidir sobre su propia vida.

La principal medida que figura en esta reforma legislativa, por tanto, es suprimir la figura de la incapacitación (y la modificación de la capacidad) que sufrían algunas personas con discapacidad y sustituirla por apoyos para que puedan tomar decisiones informadas. También se suprime los elementos pensados para sustituir esta capacidad decisoria: la tutela para los mayores de edad y la patria potestad prorrogada (los casos en que se pospone pasada la mayoría de edad de la persona) y la rehabilitada (cuando se le otorga de nuevo a los progenitores tras una circunstancia sobrevenida).

De esta manera, el Ejecutivo sitúa la “curatela” –otra forma de guarda legal contemplada en la legislación actual, similar a la tutela aunque con un carácter más asistencial que representativo– como la figura central para estas situaciones. La curatela podrá ser precisamente asistencial, cuando consista en apoyo o acompañamiento, o representativa, cuando la asistencial no sea posible.

España estaba obligada a realizar esta reforma desde que firmó en 2008 la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención, con un rango normativo solo por debajo de la Constitución, incluye esta medida en su artículo 12, y todos los firmantes tienen la obligación de incorporarla en su cuerpo legislativo.

“Es para sentirnos orgullosos”

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado que “es una ley para sentirnos orgullosos como sociedad”, y ha recordado que la posibilidad de declarar a personas como incapaces “distinguía dos tipos de personas”, pero “todos nacemos con capacidad jurídica”. A partir de cuando se aprueba la reforma legislativa, que modificará todo un catálogo de leyes (entre ellas la Ley del Notariado, el Código Civil, la Ley Hipotecaria, la ley de Enjuiciamiento Criminal, la del Registro Civil o la de la Jurisdicción Voluntaria), ha explicado Campo tras el Consejo de Ministros, simplemente “esa incapacidad se modifica en una necesidad de apoyo”.

De esta manera, ha explicado Campo, “habrá que tener en cuenta lo que exteriorizan, y lo podrán hacer con carácter preventivo a entrar en esa situación [de necesidad de apoyos para la toma de decisiones], se da validez a una especie de testamento preventivo sobre qué pasaría si esa persona entrase en esa situación”.

Campo ha explicado que espera que el anteproyecto tenga una tramitación parlamentaria rápida porque la reforma cuenta con “un gran consenso” (fuentes conocedoras del proceso explican que el cambio venía trabajándose desde que Rafael Catalá fue ministro de Justicia con Mariano Rejoy) y ha agradecido la implicación del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en sacar adelante la modificación legislativa.

Jesús Martín Blanco, delegado de Derechos Humanos del Cermi, explica que “lo que hace la Convención de la ONU es introducir un cambio de paradigma en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, explica Martín. “La Convención defiende que el derecho a la capacidad jurídica debe entenderse desde una perspectiva universalista y afirma que todas las personas con discapacidad gozan de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás”.