Los pacientes de hepatitis C buscan que Europa les facilite el acceso a sus tratamientos
De la entrada del 12 de Octubre a la plaza de Luxemburgo en Bruselas. Los enfermos de hepatitis C encerrados en el hospital madrileño (también hay grupos en Córdoba y Cataluña) buscan en el Parlamento Europeo las soluciones al acceso a los últimos tratamientos que no encuentran en España. “Queremos que la Unión Europea presione para que se solvente la situación”, resume Mario Cortés, uno de los miembros de la Plataforma de Afectados (PLAFHC), que acuden a la Cámara invitados por los eurodiputados de Podemos.
Mientras el comité de expertos montado por el Ministerio de Sanidad se adentra en su segunda semana de trabajo (se dieron un plazo de 21 días para tener un borrador de plan de acción sobre la enfermedad), los pacientes llevan este miércoles su problema al corazón de la UE. Cortés desglosa las intenciones de la PLAFHC: “A corto plazo, para los casos más urgentes, destinar parte de los fondos de cohesión a la adquisición de medicamentos y hacer una compra colectiva europea”. Y luego aboga por “las licencias obligatorias de fármacos para abordar el largo plazo”.
Con todo, una cosa es la intención y otra las posibilidades que ofrece la mastodóntica maquinaria europea a la hora de responer al esfuerzo de la plataforma.
Fuentes del Parlamento europeo se quejan de que la Comisión suele lavarse las manos en materia sanitaria aduciendo que no tiene competencias, que es coto exclusivo de los estados. Soledad Cabezón, diputada del PSOE, replica que “no pueden escudarse en la falta de competencia porque hay cuestiones de salud que sí se regulan. Y, además, podría abordarse desde el punto de vista de mercado interno”.
En este sentido, se está estudiando si la postura del laboratorio Gilead a la hora de vender su antiviral Sovaldi “cae en el abuso de posición de dominante”, cuenta Cabezón. Al ser los primeros en obtener autorización para aplicar este fármaco, la corporación ha podido colocar un alto precio y negociar país a país posibles descuentos. “No hay trasparencia respecto a los costes de investigación que luego las empresas repercuten en el precio final”, remata la socialista.
Paloma López Bermejo, de Izquierda Unida, insiste en la idea de las licencias obligatorias para producir estas medicinas a bajo coste. “Entendemos que estamos en una situación de emergencia que lo justificaría”, cuenta López Bermejo, que la semana pasada registró una pregunta a la Comisión junto con Syriza (“que tienen un problema parecido pero con los retrovirales para el VIH”, cuenta la diputada). El alto coste de los productos y el temor de los estados a ver descuadrados sus presupuestos sanitarios por la aplicación generalizada de estos remedios han dejado en el limbo a muchos pacientes de la enfermedad.
En realidad, una licencia obligatoria no precisa una “situación de emergencia”. Es un derecho que contempla la Organización Internacional de Comercio para “producir un producto o proceso patentado sin el consentimiento del dueño de la patente” y no especifica “las razones que podrían usarse para justificarlas”. Este proceso se ha utilizado en 24 ocasiones, mayoritariamente en productos contra el VIH. López Bermejo también cree que no “existe un problema comercial”.
Hace una semana, India negó la patente a Gilead así que los fabricantes de ese país podrán fabricar genéricos con la molécula de sofosbuvir (el principio activo curativo) sin abonar por los derechos de la empresa norteamericana. Esto no es lo mismo que la licencia obligatoria. Este mecanismo prevé el pago de una cantidad a la empresa y le permite seguir produciéndola en el país. Tampoco se utiliza, normalmente, para la importación de pastillas genéricas desde otros Estados. De hecho, España se autoincluyó en un listado que excluye de la posibilidad de importar fármacos producidos a partir de una licencia obligatoria.
Estrategia para afianzarse como líder de mercado
La compra unificada de fármacos sí que haría saltar por los aires la estrategia que Gilead está siguiendo para acaparar mercado. El laboratorio no ha repetido precio en los países de la Unión Europea que han autorizado el Sovaldi como medicamento interno (no de importación). En Gran Bretaña 45.000 euros, en Alemania unos 57.000, en Francia 40.000. En España alrededor de 25.000, aunque Sanidad nunca ha hecho público el acuerdo definitivo con la compañía.
La Comisión Europea ha contestado a eldiario.es que “debe hacerse notar que muy pocos Estados miembros tienen cifras claras sobre la prevalencia de esta enfermedad y el número de pacientes que necesitarían tratamiento”. Aun así, un portavoz de la Comisaría de Salud ha contado a este diario que la hepatitis C es una de las patologías que permiten poner en marcha el Acuerdo de Adquisición Pública Conjunta. Para ello “cuatro Estados pueden hacer que la Comisión accione el proceso” que puede utilizarse, ha dicho, “para conseguir conjuntamente tratamientos para la hepatitis C”.
La eurodiputada Cabezón apunta al mecanismo de cooperación reforzada para poder juntar a un número de países interesados en adquisiciones de escala. “Los Estados podrían aliarse porque tenemos una necesidad y no vemos justificado no actuar”. Sin embargo, este mecanismo tiene sus condicionantes impuestos por la propia UE y que tienen relación directa con una acción como esta: “No debe afectar a las competencias, derechos, obligaciones e intereses de los Estados miembros que no participan en ella” ni suponer “discriminación ni una restricción del comercio” entre ellos. “No veo un problema legislativo sino de voluntad política”, replica Cabezón.
La Comisión Europea tiene encima de la mesa una cuestión sanitaria que afecta a unos 9 millones de ciudadanos, según contabilizaba el laboratorio AbbVie al informar de la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento de su propio tratamiento vanguardista contra la hepatitis C. Además de las preguntas de Izquierda Unida o el PSOE, el Ejecutivo continental y el Consejo tendrán que retratarse el 11 de febrero en el pleno de la Cámara para hacer aclarar su postura sobre “el acceso a las medicinas en la UE”.
“También hemos venido a Bélgica a retratar la marca España, que deja morir a 12 personas al día por esta enfermedad cuando hay remedio”, advertía Mario Cortés horas antes de la manifestación. Pero la solución vía Europa presenta sus propios escollos.
