España se desentiende de los presos españoles en las cárceles extranjeras

El programa Encarcelados puso el foco hace más de dos años en la situación de los presos españoles que cumplen condena en el extranjero. Este espacio emitido en La Sexta mostró la escasez de comida y las malas condiciones higiénicas que sufren estos internos. También retrató cómo operan dentro de las prisiones las mafias dirigidas por presos y la situación de hacinamiento en la que se encuentran los reclusos en América Latina.

Actualmente, según informan las asociaciones españolas que atienden a este colectivo, los presos siguen teniendo que hacer frente en muchos países a una precaria asistencia sanitaria, falta de información, de asesoramiento jurídico y en los países que no son hispanohablantes, incluso no cuentan con un intérprete durante el juicio.

“En Perú hay españoles en la indigencia, viven en la calle tras haber salido de la cárcel”, asegura Javier Casado, presidente de la Fundación +34. Esta organización ayuda a los internos gracias una red de voluntarios dispersos por todo el mundo que realizan visitas a los presos. Este país andino es el que tiene mayor número de encarcelados españoles, según datos facilitados al Defensor del Pueblo. Sus administraciones reconocen el hacinamiento de sus prisiones. En 2011 alrededor de 58.000 personas cumplían condena en Perú en centros construidos para albergar a 27.000 reclusos.

Hacinamiento en las prisiones

“En el momento en el que te detienen eres consciente de que tus sueños están rotos y de que has hipotecado tontamente tu vida”, relata Abel (nombre ficticio) que fue cazado en el aeropuerto de Lima (Perú) transportando una maleta con varios kilos de cocaína. Abel pasó cinco años preso en El Callao, en enero fue puesto en libertad y volvió a España porque su familia se comprometió a hacerse cargo del billete de avión de regreso. “El primer día que salí al pabellón flipé, debería tener una capacidad para 250 personas y estábamos 900. Te sentías durante todo el día como si estuvieses en el metro en hora punta”, recuerda Abel sobre el hacinamiento.

Los consulados otorgan a los presos una ayuda económica si las condiciones de las cárceles así lo requieren. Abel recibía 60 euros mensuales. Con esa cantidad tenía que hacer frente a una cuota por “entrar en prisión”, a la multa que le impuso el Gobierno peruano y a la atención sanitaria. Para apoyar a internos que tienen problemas de salud pero que no pueden pagar la visita de un especialista médico, la Fundación +34 está recorriendo los parlamentos regionales para que aprueben una partida presupuestaria destinada a ayudar a los presos de su comunidad autónoma.

Solicitan asistencia sanitaria regional

Por ahora, solo Castilla y León ha secundado su propuesta con una ayuda de 10.000 euros destinada exclusivamente a los castellanoleoneses privados de libertad en el extranjero. “El Ministerio de Sanidad dice que estos ciudadanos no se encuentran dentro de sus competencias porque están fuera de España. Así que tenemos que buscar ayudas en otras administraciones. Por ahora, parte de esos 10.000 euros ha servido para que un médico haya visitado en Perú a una chica de Castilla y León que tiene un tumor”, añade Casado, que se lamenta que ese mismo doctor no “pueda atender a un preso de Madrid”.

“Cada consulado es un mundo, son entes autónomos”, es una de las quejas que se repiten entre las asociaciones que intentan que la Administración mejore la calidad de vida de estos presos. La Fundación +34 y la Fundación Abogacía apuntan a que la inexistencia de una ley consular, que equipare la ayuda destinada a este colectivo, crea situaciones dispares. Según indica Casado hay responsables diplomáticos que “se las apañan” y evitan que los presos se queden tirados al salir de la cárcel encontrando financiación para el viaje. Y hay otros que limitan su función a lo marcado por el Ministerio de Exteriores.

Actualmente hay 1.487 internos españoles fuera del territorio nacional, cerca del 80% del total de presos españoles cumplen condena por posesión ilícita o tráfico de estupefacientes. Un 48% se encuentra preso en países de América Latina, un 38% en países europeos y un 8% en África.

La burocracia demora los traslados a España

Estas organizaciones han peleado para reducir la burocracia que supone, en países como Perú o Ecuador, el traslado de un preso a una cárcel española. “En muchos casos, en España hemos seguido de ventanilla a ventanilla el proceso para hacer presión cuando se demoraba”, indica Casado. Según la defensora del pueblo, este lapso de tiempo puede llegar a extenderse hasta dos años.

La Fundación Abogacía tira de las orejas a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias e indica que “ha sido terroríficamente pasiva” llegando a tener encarcelados a presos que ya habían cumplido la condena dictada por el país que les detuvo. “No les comunicaron un cambio de legislación ecuatoriana que les beneficiaba”, aclaran.

Una vez que son detenidos, esta población hace frente a la falta de información y una asistencia jurídica precaria. “Nadie les explica nada”, apuntan estos portavoces. La defensora del pueblo publicó hace un año un informe sobre la situación de estos presos. En él señalaba que en esta primera fase del proceso penal “es de gran importancia la oportuna intervención de las autoridades consulares”, ya que es el momento en el que el detenido “requiere mayor asistencia e información”.

Las fuentes consultadas por esta redacción aseguran que en la mayor parte de los casos esa intervención jurídica consular se ciñe a una lista de nombres de varios abogados. “Nos dan un papel con esa recomendación, pero los letrados son de pago. Tras haberme ofrecido como mula (la persona que transporta droga en su cuerpo o equipaje) porque no tengo ni un duro, comprenderás que no me los podía permitir”, añade Abel.

El Consejo de la Abogacía y el Defensor del Pueblo estudiaron la posibilidad de crear un servicio de orientación y asistencia jurídica consular para atender a estos presos. Sin embargo, tras recabar la información dieron con un obstáculo que no hacía viable la propuesta: la falta de medios económicos y operativos.

En América Latina los internos son defendidos por letrados de oficio sobrecargados de trabajo. Por ejemplo, en Ecuador hay cárceles en las que tres abogados tienen que atender los procedimientos de 2.000 presos. Además, las asociaciones dudan de la independencia de estos empleados ya que son contratados por la Administración.