Vecinos de viviendas protegidas en el sur de Tenerife denuncian que fondos buitres intentan triplicar su alquiler de forma irregular
Las 66 familias que residen en las viviendas de protección oficial en la calle Arguayoda (bloques 6,12,14 y 16), en Granadilla de Abona, Tenerife, se sienten tan indefensas como indignadas ante lo que consideran una auténtica injusticia y un atropello a su dignidad. “Los nuevos dueños de nuestras viviendas de protección oficial (VPO) nos denuncian por precarios, como si fuéramos okupas, por faltar al pago de nuestros alquileres con opción a compra. La realidad es que quieren subirnos el precio de los alquileres al triple, extinguir los contratos VPO o vendernos nuestras viviendas al doble de lo que se había establecido previamente”, apunta angustiada Joana María Rodríguez Trujillo, afectada por esta situación y, además, presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias y representante de la Plataforma Montaña Blanca, que agrupa a las personas afectadas por las presuntas irregularidades en la venta de las viviendas.
Para entender esta historia habría que remontarse al año 2013, cuando Joana y sus vecinos consiguen por fin las llaves para entrar a sus viviendas de protección oficial y de promoción privada, tras el pago de 6.373 euros como entrada y “con mucho sacrificio”. “Todo era muy bonito y entramos con mucha ilusión hasta que comenzaron los problemas. A los cinco meses no podíamos ingresar nuestro alquiler, la cuenta de los promotores estaba bloqueada, y así estuvimos cuatro o cinco meses más, cuando empezaron a llegar distintas personas, representantes de la empresa, para cobrar en mano el alquiler”, relata Joana a Canarias Ahora, y continúa, “cada vez venía una persona distinta a cobrar, diciendo que eran dueños o representantes o hermanos, de modo que les llegamos a pagar la mensualidad a cuatro personas distintas, siempre en mano, aunque les exigíamos recibos”.
Escribe Karen Estévez.
