Archivada una querella contra Ayuso y dos consejeros madrileños por la gestión de las residencias
El Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés ha inadmitido y archivado la querella que presentó el 23 de mayo la plataforma Marea de Residencias por parte de familiares de usuarios de residencias de este municipio contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, y el consejero de Justicia, Enrique López, en este último caso por su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de Justicia, Interior y víctimas que se celebró el 20 de abril.
Tras valorar la resolución judicial, los abogados que colaboran con Marea de Residencias han decidido recurrirlo ante la Audiencia Provincial de Madrid, ha anunciado este martes en una nota de prensa esta plataforma, que agrupa a familiares, trabajadores y personas concienciadas con la defensa de unas residencias “dignas” y 100 % públicas.
La Marea de Residencias señalaba en la querella que López afirmó que las residencias estaban medicalizadas, y que a partir del decreto del estado de alarma, él y los demás consejeros no tenían competencias ni en Sanidad, ni en las residencias, porque “eran competencias del Gobierno central”. “Una falsedad a juicio de los familiares denunciantes, porque el decreto de estado de alarma dejaba claro que las competencias en Sanidad seguían siendo de la Comunidad de Madrid”, añadía.
Entre los delitos de los que las familias acusan a los dos consejeros y a Díaz Ayuso figura el de lesiones imprudentes por “la omisión del deber de socorrer a los residentes, que es evidente que dada la propagación del contagio en las residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave, y no de adoptaron medidas”, según constaba en la querella. También les atribuyen un delito de trato degradante, argumentando que en la situación que atravesaban las residencias, “a las familias apenas se les informa sobre su estado, cuando se hace ello tiene lugar con total falta de transparencia y sin transmitir información vez, toda vez que la proporcionada es incorrecta e incompleta”. Los querellantes sumaban además un delito de prevaricación por considerar que el plan de choque para las residencias de la Comunidad de Madrid “debió adoptarse mucho antes”.
Informa EFE.
