El 71% de los españoles apoya la “identificación obligatoria” en redes sociales y foros, según un estudio

La inmensa mayoría de la ciudadanía española apoya el establecimiento de una “identificación obligatoria” para participar en redes sociales o foros de Internet, según un estudio publicado este viernes elaborado por la Universitat de Barcelona a partir de una encuesta a una muestra representativa de 2.500 personas y un análisis cualitativo a partir de sus respuestas.

La investigación muestra que la defensa del anonimato digital ha quedado reducido a una posición minoritaria en la sociedad española. “Solo uno de cada cuatro ciudadanos defiende la participación anónima”, explica el estudio, que avisa que “existe cierta polarización en la posición frente al anonimato: mientras unos lo defienden como un derecho básico que garantiza la libertad de expresión, otros lo identifican como una fuente de inmunidad para difundir información falsa y discursos de odio”.

La rotundidad de las cifras en este sentido ha sorprendido a los propios autores. “Lo que observamos, y que nos han sorprendido bastante al equipo de investigación, es la demanda de regulación de contenidos en las redes, como los discursos de odio, a través de medidas como la identificación obligatoria para participar públicamente en redes y foros de Internet”, ha confesado el investigador principal, Víctor Muñoz.

Una sorpresa quizá motivada porque estos hallazgos coinciden con un momento de creciente alerta por el avance del análisis masivo de información a través de la inteligencia artificial. Empresas que se han colocado en el foco público, como Palantir, se han especializado en cruzar datos personales y estructurales para identificar a personas y objetivos militares. Su plataforma es utilizada por organismos como el ICE para localizar, arrestar y deportar a inmigrantes irregulares en EEUU. La encuesta, de hecho, destaca que el principal derecho que la ciudadanía pide para Internet es la privacidad y la protección de datos (96%).

Muñoz, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, ha sido el encargado de presentar los resultados durante el primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales que ha arrancado este miércoles en Barcelona. La iniciativa ha reunido a más de un centenar de académicos y representantes de la sociedad civil especializados en este área en unas jornadas de debates y conferencias que concluirán mañana.

La desinformación y el acoso, principales problemas

Muñoz ha destacado que la identificación obligatoria surge como respuesta a los principales problemas que la ciudadanía identifica en Internet. El 88% de los encuestados identifica las redes sociales y los medios digitales de forma general como el entorno más propicio para la difusión de noticias falsas, mientras que un 77% opina lo mismo sobre los discursos de odio.

Como vía de solución, el 65% de los ciudadanos se muestra a favor de regular la difusión de información en estas plataformas. A la hora de definir quién debe asumir el freno a la información falsa en Internet, la sociedad apunta hacia los poderes públicos.

El 48% de la población considera que los gobiernos tienen la responsabilidad principal de garantizar que no se publiquen este tipo de noticias en la red. Las plataformas tecnológicas ocupan la segunda posición, señaladas por el 39% de los encuestados, seguidas de los propios medios de comunicación con un 35% Un 14% de las personas encuestadas traslada la tarea de control y actuación a la Unión Europea.

Otra de las cifras más rotundas del estudio es el 95% de ciudadanos que piensa que los niños deberían estar más protegidos en la red. “En consecuencia, se detecta un fuerte consenso social en torno a la necesidad de implementar medidas de protección como el control parental (96%), la edad mínima para el uso de smartphones (91%) y la regulación de la publicidad dirigida a menores (96%)”, señala el estudio.

“A pesar de que existe una clara demanda de regulación dirigida a las autoridades, el 80% identifica a las propias familias como una de las principales entidades responsables de la protección de los menores en redes”, continúan los investigadores.

En este sentido, el Gobierno ha anunciado que ya tiene lista una aplicación de identificación digital para evitar que los menores por debajo de la edad recomendada accedan a las redes sociales. Se trata de Cartera Digital Beta, que emplea un mecanismo, asegura el Ejecutivo, que no recaba datos sobre la navegación de quienes la utilizan y hace imposible su identificación posterior.

Actualmente, la edad legal para el acceso a redes está fijada en los 14 años, pero el Gobierno espera aprobar una nueva ley que la eleve a 16 y habilite el empleo de sistemas como Cartera Digital Beta para asegurar su cumplimiento. Países como Australia han impuesto recientemente prohibiciones similares, pero su aplicación está dejando algunas incógnitas sobre su efectividad real.