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¿Podemos reinterpretar el derecho de asilo para proteger a las personas que huyen de Centroamérica?

¿Y si resulta que nos encontramos ante una manifestación local, diferente a todas las anteriores, de la disidencia política, de un colectivo perseguido? 

La intersección entre opinión política y grupo social diferenciado abre un espacio para profundizar en la voluntad de proteger a las personas centroamericanas que huyen rumbo a Estados Unidos. 

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En Centroamérica, México y Estados Unidos hay decenas de miles de desplazados y refugiados que huyen de las pandillas centroamericanas. De sus policías y ejércitos. De un enfrentamiento entre estados y sociedades -empobrecidas y abandonadas a su suerte- que arroja índices de homicidios, desapariciones, extorsiones, violaciones, pobreza, hambre, desempleo y corrupción equivalentes a los de países en guerra abierta. Lo dice cada año el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Pero olvidemos la guerra como argumento. Pocos, desde la política, quieren aceptar esa guerra más allá de ocasionales declaraciones estridentes. “Estamos en guerra”, dicen algunos. Contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra las pandillas, o contra todos a la vez. Para pedir dinero a la comunidad internacional. Dinero con el que financiar fuerzas de seguridad que, por su comportamiento, muy cuestionado, no están sirviendo para mucho mas que ahondar y retroalimentar el conflicto.

En todo caso, discutir sobre la palabra guerra nos separa de la solución. Huir de un país en guerra no convierte a una persona en refugiado. Si en Centroamérica, México y Estados Unidos hay decenas de miles de refugiados no es por una guerra que nadie quiere definir como tal.

Si hay miles de personas refugiadas -reconocidas como tales o no- es, como dice la definición de refugiado, porque hay miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, atravesando fronteras debido a que tienen un temor fundado a ser perseguidas por una serie de motivos discriminatorios en sus lugares de origen y sus estados no los protegen.

 El debate correcto debe girar -si lo que pretendemos es contribuir a que se reconozca como refugiados a quienes ya lo son- en torno a definir los motivos por los que esas decenas de miles de personas huyen del triángulo norte centroamericano, especialmente Honduras y El Salvador. Hacerlo en relación con los que la comunidad internacional aceptó para el reconocimiento de la condición de refugiado, los que permiten que los estados vecinos -sobre todo México y Estados Unidos, en mucha menor medida Canadá, Nicaragua (que también expulsa a los suyos) y Costa Rica o incluso España actúen en su protección

Cuando la comunidad internacional definió la condición de persona refugiada reconoció cinco motivos: Raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social y opinión política. Junto a los motivos, dos elementos: debe existir un temor fundado al regreso, porque el estado del que salió no la protege y por tanto, en caso de regresar, corre peligro. Además de una circunstancia física: Debe estar fuera de su país para poder solicitarlo.

Son dos,   opinión política  y   pertenencia a un determinado grupo social  los que generan mayor debate, controversia y posibilidades en los casos de los centroamericanos que piden que se reconozca su condición de persona refugiada. En la intersección entre ambos se abre un espacio que permite aumentar la comprensión del fenómeno del desplazamiento forzado y elaborar políticas más precisas para intervenir en ayuda de quienes necesitan protección.

¿Qué es una opinión política? No existe una definición cerrada. En su origen   opinión política  se entendió en casos de asilo para aquellos casos en los que se viera implicado el estado y su maquinaria. Esa interpretación sigue ahí en lo relativo a los partidos, la disidencia o la oposición. Pero no solo. Siempre ha convivido con un intento de ampliar su ámbito de aplicación para adaptarse a contextos cambiantes, ser más útil, servir más a la intención de proteger. Por eso, la interpretación de   opinión política  como una manifestación más amplia que la mera adscripción partidaria o ideológica en relación con el estado es hoy generalizada.

 No se cuestiona que   opinión política  abarca todo aquello que tiene que ver con el comportamiento y la actividad de un individuo en la sociedad. En relación con quien ejerza el poder, formal o informal, sea un actor estatal o no estatal y las políticas, acciones o ideología dominantes en el lugar y momento determinados en que ese poder espera que una persona actúe de un modo y no de otro. Por supuesto cuando, de no opinar o actuar de una manera determinada, se derive una persecución que el estado no puede impedir.   

En el Triángulo Norte de Centroamérica es habitual que quien ejerce el poder frente al cual existe una determinada opinión política divergente sea un actor armado no estatal. Una pandilla. Y es habitual también que el estado no pueda garantizar la protección del ciudadano frente a las acciones de aquellos que provocan la situación de riesgo.

Son de las pandillas las calles, los cuerpos, las mentes, en sociedades marcadas por el oír, ver y callar. En países como El Salvador, Guatemala y Honduras las pandillas ejercen un amplio control territorial, de carácter casi totalitario, especialmente en zonas urbanas. Ese control territorial es la base de su existencia, desde la cual desarrollan sus actividades criminales, especialmente extorsión, narcomenudeo y control de la zona frente al posible ingreso de grupos rivales.

La pandilla controla físicamente el movimiento, la entrada y salida de la zona que controla. Esas zonas varían y pueden cambiar con relativa velocidad. No existen mapas que puedan definir de manera estable las fronteras entre territorios de control, maleables a veces semana a semana. Vivir en una zona controlada por una pandilla y trabajar en una zona controlada por otra pandilla, mantener relaciones con personas de un barrio rival o acudir a un centro educativo en otra parte de la ciudad puede conllevar una amenaza o represalia reales por parte de la pandilla.

La población que vive en la zona controlada por la pandilla queda bajo control de la organización en el sentido más estricto. Para desarrollar las actividades a las que se dedica la pandilla es vital el reclutamiento, muchas veces forzado, de miembros, habitualmente hombres jóvenes, muchas veces desde que son niños. Y la connivencia obligada de gran parte de los habitantes del lugar. 

La pandilla es una organización armada permanente con una estructura vertical. Se agrupa en clicas, que son grupos de afinidad de tamaño variable con un líder reconocido y se definen en función del territorio. Las clicas se relacionan entre sí y se coordinan más allá de la unidad territorial más pequeña que controlan, que puede partir de varias calles de un barrio determinado y en función del tamaño del barrio y la clica uno o varios barrios. Una misma pandilla se relaciona y coordina entre barrios y ciudades de un mismo país. Hay lugares donde se enfrentan hasta seis, siete, ocho grupos entre sí y con las fuerzas de seguridad.

La forma de la   opinión política  varía de sociedad en sociedad y en función del momento. En América Central, frente a una pandilla, la   opinión política  puede y debe derivarse de una opinión entendida por la pandilla como contraria.

Una persona no es favorable a la utilización del territorio en el que vive para el desarrollo de actividades delictivas. No está dispuesta a participar en ellas formando parte de la organización que las desarrolla o colaborando con ellas en ninguna modalidad. No acepta el reclutamiento, que puede ser una petición formal y concreta en el tiempo o un proceso de acercamiento gradual. Se niega a la participación o apoyo esporádico en actividades desarrolladas por quienes han sido reclutados. A ejercer de vigilante o informador, a transportar cosas o personas, a mentir para proteger o encubrir actividades. A pagar el dinero que se le reclama a través de la extorsión porque no concuerda con la existencia de ese impuesto ni con su legitimidad ni con el uso que se le da a ese dinero en manos de la pandilla. Si es mujer, se niega a mantener relaciones con miembros de la pandilla porque se niega a perder el control sobre su cuerpo.

En su manifestación más evidente, una persona puede llegar a oponerse a esas actividades e incluso colabora con quienes se enfrentan desde el estado o alguna organización de la sociedad civil, como una iglesia, a las actividades de la pandilla. La opinión, entendida como acción, puede ser explícita, manifestada: “No quiero participar de esta actividad”. “No quiero actuar de esta manera”. O implícita. Silenciosa. Evasiva. Una persona puede llegar a encerrarse en su casa para no tener que cruzarse con quien le pedirá que haga algo que no quiere hacer. El que se encierra y desaparece es un disidente. Tanto como el que se niega abiertamente a actuar de un modo determinado.

Una opinión política puede tener consecuencias aunque el curso de acción no sea público y manifiesto. Existe aunque no se haya explicitado de manera proactiva. La inacción, el silencio, es también un curso de acción. Una opinión política no manifestada es política, porque puede generar consecuencias en el ámbito de lo público.

¿Cómo? La opinión política puede ser imputada, colocada sobre alguien por la pandilla, la haya hecho pública esa persona o no. Haya actuado o no. A veces una persona emite a través de algún tipo de resistencia pasiva una opinión política. Que puede ser entendida como contraria a los intereses de la pandilla, que a su vez puede tomar represalias contra quienes mantienen esa opinión, esa acción, ya sea pública o privada, manifiesta o discreta. Evitar el reclutamiento, el posicionamiento, la colaboración, la actuación, a través de evasivas, excusas, maniobras dilatorias, es tan evidente como expresar que no se quiere hacer algo. No pagar una extorsión. Y por eso, en Honduras, se mata.

Al mismo tiempo, la identificación en tanto habitante de un territorio controlado por una organización criminal puede tener consecuencias en los ojos del estado y de otras organizaciones criminales que controlen territorios adyacentes, en rivalidad o disputa. Precisamente por el silencio. Por una acción que no puede ser explicitada. Porque el individuo, para protegerse, no puede explicitar que, viviendo en un lugar determinado, se opone a quienes controlan el lugar en el que vive. Si lo hace se convierte en enemigo quienes controlan el lugar donde vive. Si no lo hace, para sus rivales. Aquí se da la primera intersección con el concepto de   pertenencia a grupo social: Quienes viven en un lugar determinado. Todos ellos y ellas.

Que un joven de una calle concreta de Tegucigalpa o San Pedro Sula decida no detenerse a saludar y hablar con los pandilleros que se reúnen en una esquina puede deberse a su timidez o a su negativa a mantener relaciones con ningún miembro de una pandilla. Pero si la pandilla decide interpretar esa timidez como una opinión política contraria de alguien que vive en su zona y comienzan las amenazas, ese joven está siendo perseguido por un motivo que puede equipararse a una   opinión política imputada y por su pertenencia a un grupo social.

Cuando una pandilla entra a tomar posesión de una serie de calles. Todos los habitantes de esas determinadas calles se convierten en un   grupo social diferenciado. Personas que viven dentro de la zona de control de una determinada unidad de un grupo armado irregular. El estado se disuelve. Deja de llegar. No puede, aunque quisiera, blindar las calles de manera permanente ni a sus habitantes en cada desplazamiento. Los habitantes de las calles, pongamos 1, 2, 3 y 4 se diferencian de los habitantes de las calles 5, 6, 7 y 8 en función del grupo armado que las subyuga. Son un   grupo social  no reconocido como tal hoy en día. Y en ese espacio de sumisión a la dictadura totalitaria de la pandilla se definen a sí mismos como sujetos de protección. Sean hombres, mujeres, niños, ancianos o miembros de la comunidad LGTBI. Son habitantes de un lugar. La mitad del tejido urbano de Honduras y El Salvador, siguiendo esta lógica, expulsa refugiados como lo hace Aleppo.

Son personas que tienen en común vivir en un lugar controlado por una organización violenta. Y personas que no desean formar parte del modo de organización que caracteriza a las zonas controladas por pandillas. Por el miedo y la miseria que conlleva. Porque quieren vivir una vida digna que no tienen. Para lograrlo, como es su derecho, salen, huyen, agarran una mochila y se van para no regresar más. Para vivir, para trabajar, para recibir tratamiento médico. Para reunirse con su familia, que logró huir o migrar antes. Para lo que sea. Son un grupo social disidente que huye y busca algún tipo protección y garantía de que no va a regresar de manera forzada a ese lugar del que salió.

De aceptar esa l ógica, la madre de San Pedro Sula que avanza por México con sus hijos menores de edad rumbo a Estados Unidos y dice buscar mejores oportunidades o huir del hambre cuando una cámara la entrevista, es tan refugiada como la familia siria que salía de Aleppo y veíamos caminando a través de Serbia. Porque huye de la zona en la que vivía, controlada por una pandilla. Porque, de regresar, es razonable que piense que puede morir y nadie va a protegerla. Donde, además, sufría consecuencias que no necesariamente aparecen a primera vista como derivadas de la violencia. Pero que no por eso lo son menos. 

Los casos se resuelven de manera individual, pero una cierta descripci ón del lugar, causas y condiciones de partida -comunes a todas las personas refugiadas centroamericanas- puede tener consecuencias colectivas.  

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