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Tapar la boca al Gobierno

Hace mucho que la hipertrofia del sistema mediático está suponiendo apropiarse de un poder y una competencia que le corresponde al poder político elegido

La petición del PP supone un ataque frontal no solo a la libertad de expresión de un gobierno sino al derecho a la información de los ciudadanos

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PP pide a la JEC suspender ruedas de prensa electoralistas del Consejo de Ministros y apercibirlo si incumple

PP pide a la JEC suspender ruedas de prensa electoralistas del Consejo de Ministros y apercibirlo si incumple.

El Partido Popular ha solicitado ante la Junta Electoral Central (JEC) que el Gobierno no pueda convocar ruedas de prensa tras los Consejos de Ministros para informar de los decretos leyes que se aprueben en esos consejos. También reclaman suspender cualquier "clase de publicidad y divulgación, por los medios que sean" de las legislaciones que se aprueben por el Gobierno.

Los populares consideran que "al aprobar y difundir en toda clase de medios institucionales y redes sociales la aprobación de decretos leyes de marcado contenido político y social" se está incumpliendo la ley porque se convertirán en "medidas electoralistas" ya que estos decretos "van a influir de forma electoral en el criterio a tomar por los electores" de cara a las elecciones generales del 28 de abril.

En su escrito, presentado ante la JEC, el PP pide, en caso de incumplimiento, que se le sancione con una multa de entre 300 y 3.000 euros.

Independientemente de que ya gobiernos anteriores −algunos de ellos del PP− hayan informado con normalidad en rueda de prensa de los asuntos aprobados, el asunto retoma el debate de hasta qué punto el Gobierno está legitimado para acceder a sus ciudadanos para informar de sus decisiones. Como bien ha recordado Moncloa ante la Junta Electoral Central, y como de todos es sabido, "las ruedas de prensa que se celebran tras los Consejos de Ministros son, desde el comienzo de la democracia, el canal oficial de comunicación del Gobierno con la opinión pública, a través del cual se transmiten y explican cada semana, también en periodos preelectorales, las medidas adoptadas por éste en el desempeño de su labor constitucional".

La medida exigida por el partido de Pablo Casado supondría que los ciudadanos solo nos podríamos enterar de la aprobación de importantísimos decretos ley a través de los medios −o buscando el Boletín Oficial del Estado−. O dicho de otro modo, la paradoja sería que Pedro Sánchez o la portavoz del legítimo gobierno no pueden informarnos de sus leyes pero Marhuenda, Inda, Maraña o Escolar sí. Y que se me perdone por ponerlos a todos en una misma lista, solo pretendo enumerar tertulianos y directores de periódicos.

Hace ya mucho que la hipertrofia del sistema mediático está suponiendo, de un modo ilícito a mi entender, apropiarse de un poder y una competencia que le corresponde al poder político elegido. A nadie se nos escapa que tiene más facilidad de dirigirse a los ciudadanos y, por tanto, potencial influencia- un columnista de prensa o un tertuliano, elegido por el dedo de un directivo o empresa de comunicación, que un ministro o que un diputado que ha sido votado por millones de electorales.

Un micrófono de televisión o radio permite a un político más acceso a la gente que su intervención en el Congreso. Con la diferencia de que el derecho al micrófono se lo concede una empresa de comunicación y el derecho al estrado del Parlamento, los miles de ciudadanos que le eligieron.

La petición del Partido Popular, prohibiendo al Gobierno explicar a los ciudadanos las leyes aprobadas en su Consejo de Ministros, supone un ataque frontal no solo a la libertad de expresión de un gobierno, sino al derecho a la información de los ciudadanos. Independientemente de que nos guste un gobierno o no, es evidente que este debería tener derecho a dirigirse a sus ciudadanos, en campaña electoral y en cualquier momento, para informar de lo que decide ese gobierno. Si ya las ruedas de prensa son mediatizadas por los medios, que difunden las partes que consideran y que preguntan lo que a ellos les parece oportuno, ahora ni siquiera la opción de subir al estrado tendría el Gobierno, ni los ciudadanos a poder escucharles de primera mano.

El objetivo es seguir vaciando a los poderes públicos de competencias para dárselos a instituciones privadas, en este caso los medios. Ya solo sabemos las opiniones de quienes ellos eligen, la intención del PP es que solo sepamos las medidas de los gobiernos que los medios consideren oportuno contarnos y cómo contarnos. Así, poco a poco, con esa labor de zapa, es como la democracia termina siendo una cáscara vacía.

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