Los ayuntamientos de las capitales suspenden el examen de transparencia
La transparencia de los ocho ayuntamientos de las capitales andaluzas es más formal que real. Si bien es cierto que todos ellos cuentan con reglamentos que permiten a los partidos de la oposición inquirir al equipo de gobierno, sobre cualquier aspecto de su gestión, también lo es que ninguno contempla sanciones para quien no cumpla con su deber de contestar en tiempo y forma a las preguntas de la oposición. La consecuencia es evidente, sólo contestan cuando les conviene.
Así, ante la creciente demanda social de una mayor transparencia en las instituciones, el sistema político municipal vive enrocado en sus propias trampas, creadas para obstaculizar precisamente el desarrollo de mecanismos que teóricamente deberían servir al interés de los ciudadanos a través de sus representantes.
En Sevilla, si no hay respuesta, “no pasa nada”
En la capital de la comunidad autónoma, Sevilla, el Ayuntamiento que dirige el popular Juan Ignacio Zoido quiere cambiar su Reglamento Orgánico... pero no cumple el actual.
El que está en vigor establece sobre la Comisión de ruegos y Preguntas en su Artículo 110 que “los ruegos, preguntas e interpelaciones podrán presentarse para ser contestados oralmente en la propia Comisión, o para ser respondidos por escrito en un plazo no superior a veinte días desde la fecha límite de recepción de los mismos”.
Las estadísticas dejan claro, sin embargo, que no se cumple. De las 705 preguntas planteadas en los cuatro primeros meses del año 2013, aún no se ha respondido a 471. Hay delegaciones municipales que tardan meses, y otras que no llegan ni a responder. La alternativa es reclamar por la vía contencioso-administrativa. “Si no responden no pasa nada; esto funciona así; no tienen que dar ningún argumento”, protestan desde la oposición socialista.
Este reglamento cumplió en mayo nada menos que 21 años, si bien su segunda y última modificación es algo más joven (de septiembre de 1996). El actual gobierno municipal, en manos del PP, se comprometió (sin plazos) a modificarlo. Incluso en el programa electoral de Zoido, el actual alcalde, se contemplaba una reforma en este sentido que incluía la creación de una sesión de control, inspirándose en un modelo similar al del Parlamento andaluz. Según fuentes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, existe un borrador pendiente del visto bueno de Alcaldía sobre el que se está trabajando, un borrador que tendrá que ser consensuado con los grupos políticos.
Por su parte, el grupo municipal socialista ha presentado en la presente legislatura dos propuestas para cambiar dicho Reglamento, informa Javier Ramajo. El resultado: una carta sin respuesta y una moción rechazada. En concreto, la propuesta de medidas de transparencia y participación, presentada hace algo más de un mes y finalmente rechazada, hacía referencia a que los concejales de gobierno “no contestan en ocasiones” en la Comisión de Ruegos y Preguntas “y no pasa absolutamente nada”, tachando su actitud de “absoluta burla a la representación democrática”. El PSOE municipal apuesta además, entre otras cuestiones, por que el nuevo reglamento incluya el asiento del 'concejal 34', reservado para vecinos con propuestas para el Pleno, como ya ocurre en el Parlamento andaluz con el 'escaño 110'.
En este mandato se creó la plataforma ‘e-democracia’, pensada para dar participación a los vecinos a través de internet, a cambio de la supresión de los presupuestos participativos, que implicaban un compromiso presupuestario del Ayuntamiento que garantizaba el cumplimiento de las iniciativas más votadas por los vecinos
El concejal Alberto Moriña opina que “el Ayuntamiento necesita una reforma del reglamento, especialmente para fomentar la participación y la transparencia. Lo llevaban todos los grupos en su programa electoral, y Zoido está incumpliendo el suyo. Dos años después seguimos sin fecha para reformar las sesiones plenarias y Zoido lo está aprovechando para menospreciar los plenos hasta el punto de que puede pasar hasta dos sesiones seguidas sin hablar o dar explicaciones. Son frecuentes sus ausencias durante los plenos”.
Además, el Gobierno local sigue sin permitir a la oposición hacer copia de los expedientes de las juntas de Gobierno, una decisión heredada del anterior mandato socialista pero que Zoido, cuando era oposición, amenazó con llevar a los tribunales y prometió quitar. Los resúmenes de estas juntas llegan con tres o cuatro días de retraso, aseguran fuentes socialistas.
El “estratégico” acuse de recibo en Cádiz
Los partidos de la oposición (PSOE e IU) dan un suspenso al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, dirigido por Teófila Martínez (PP), en cuanto a transparencia y colaboración en los Plenos municipales. Según explica Sebastián Terrada, portavoz del grupo municipal de IU, el Ayuntamiento bloquea de forma sistemática las peticiones de información y solicitudes de expedientes sobre asuntos municipales y empresas públicas.
El plazo legal establecido para responder a estas solicitudes es de cinco días, informa Jorge Garret. Sin embargo, la “estrategia” de la Alcaldía consiste en ofrecer un “acuse de recibo” de esas peticiones, dentro de esos cinco días hábiles que establece el reglamento, e indicar que se ha cursado la petición de información al organismo o departamento correspondiente. “Así cumplen con el formalismo para evitar reclamaciones, aunque la información que hemos solicitado no nos llega hasta meses después, en algunos, casos, incluso años, sobre todo en cuestiones urbanísticas. Es lo que el PP hace de forma habitual para que no tengamos información de asuntos de actualidad. Lo dilatan en el tiempo. Llegamos a proponer que el plazo se estableciera en 15 días reales, pero rechazaron nuestra propuesta”, asevera Terrada.
Según el portavoz de IU, al margen de estas reclamaciones de información, los ruegos y preguntas formulados por la oposición en los Plenos municipales siempre son respondidos “de forma vaga, con un sí, un no, o un no contesta”, cuestión que dificulta la labor de los grupos políticos en el Ayuntamiento. “En transparencia el Gobierno de Teófila Martínez tienen un suspenso rotundo”, critica Terrada. Este medio no ha podido obtener la versión del equipo de Gobierno sobre el nivel de cumplimiento de su reglamento y facilidades de acceso a la información municipal.
Más respuestas en Málaga, pero “insatisfactorias”
En el Ayuntamiento de Málaga, también gobernado por alcalde popular (Francisco de la Torre), el Reglamento establece que las preguntas se deben contestar en un plazo de 45 días. El equipo de Gobierno ha recibido en lo que llevamos de 2013 un total de 786 preguntas por parte de los grupos de la oposición, de las que hasta el momento se han respondido 717. De ellas, según informa Álvaro López Millán, el 60% se hicieron en plazo, mientras que el resto tuvieron resolución después de los 45 días fijados por las normas municipales. En la actualidad hay 69 preguntas pendientes, de las que cuatro ya han sobrepasado el periodo de respuesta reglamentario, según los datos aportados por el propio Ayuntamiento.
Sin embargo, en la oposición denuncian que muchas de las respuestas que reciben no son satisfactorias. Tanto PSOE como IU critican el hecho de que el equipo de Gobierno ajuste el plazo hasta los últimos días, sobre todo porque según representantes de ambas formaciones “no satisface la demanda de información”. Esta falta de claridad en las respuestas obliga a los concejales de la oposición a volver a formular la pregunta, por lo que la respuesta se puede demorar, desde la primera solicitud que se hizo de información, unos tres meses.
Huelva obvia los plazos y nadie lo reclama
El Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprobó en 2009 un escueto Reglamento Orgánico en el que se obvian plazos para responder a las peticiones de los grupos políticos ajenos al equipo de Gobierno o de las comisiones. Según informa José Carlos Galván, al amparo de la mayoría absoluta de los populares, el Reglamento se centra en la composición del Pleno, las competencias del alcalde (Pedro Rodríguez), tenientes de alcalde y junta de Gobierno, la configuración de los grupos políticos y el funcionamiento de los órganos internos del Consistorio, entre ellos las comisiones.
El principal grupo de la oposición, el Partido Socialista, se ha quejado en diversas ocasiones por no recibir la información requerida, pero no se ha afanado en variar el Reglamento en este apartado. De hecho, el PSOE solo apostilló en 2009 a través de una moción que la regulación debía incluir una disposición adicional para facilitar “el ejercicio de los derechos representativos y políticos de los concejales y concejalas que se encuentren en situación de baja o permiso de maternidad/paternidad”. “A tal efecto –añadía la moción- se habilitarán sistemas de videoconferencia u otros medios técnicos adecuados para garantizar dicho ejercicio”.
La última moción presentada por el grupo del Grupo Socialista en la capital onubense en relación al texto vigente, en septiembre de 2011, reclamaba una modificación del Reglamento para incluir “la obligatoriedad de publicar en la web municipal las retribuciones, declaraciones de actividades, bienes e intereses de los concejales y concejalas” y “de asesores y asesoras”.
El PSOE de Huelva ha reivindicado información por otras vías, pero no directamente a través del Reglamento, y mucho menos la delimitación de plazos de respuesta como en otras capitales andaluzas. Los socialistas onubenses, por ejemplo, demandan más representación en las comisiones.
Frágil Democracia en el Ayuntamiento de Granada
Saber qué ocurre en el Ayuntamiento de Granada, gobernado por el Partido Popular, es difícil. Esta es la impresión que tienen los dos partidos de la oposición mayoritarios PSOE (8 concejales) e IU (2 concejales). El Reglamento Orgánico Municipal es muy claro en su artículo 117 al enviar directamente al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (artículos del 14 al 16). Toda esta maraña legislativa se reduce a que si los grupos municipales desean solicitar información o documentación sobre la labor del Ayuntamiento deben hacerlo dirigiéndose por escrito al alcalde, José Torres Hurtado, y presentándolo a través del Registro. La legislación establece cinco días para contestar.
En los papeles, todo bien. Sin embargo, la realidad es muy diferente. “En el 90% de los casos nos marean y no nos dan la documentación”, explica Francisco Puentedura, portavoz de IU en el Consistorio. El equipo de Gobierno, dicen fuentes del PSOE, ha elaborado una serie de artimañas para no ofrecer información. De este modo, aseguran que más del 30% de las preguntas no se contestan nunca y que el resto, en su gran mayoría, se hacen mal y tarde. “No se corresponde a lo que hemos pedido”, denuncian.
La estrategia es derivar la solicitud a las concejalías, “pero casi siempre la envía a un departamento que no es, por lo que la respuesta que nos llega a los cinco días es que no les corresponde a ellos contestarnos, y vuelta a empezar”. Este es el caso de la adjudicación de la reforma de la cafetería del Auditorio Manuel de Falla. La oposición tuvo que preguntar hasta en cuatro ocasiones. Cuando por fin alguien les hizo caso, ya estaba todo el trámite hecho. Pero, como siempre, no ocurrió nada porque la legislación no establece una sanción. Existe regulación, pero pocas veces se cumple. La opción es recurrir a la vía contencioso-administrativa, que responde con una media de dos o tres años, incluso más tarde, cuando todo está hecho.
Otra de las cuestiones básicas es el cambio en el Reglamento Orgánico que se realizó hace un año, informa Ángeles Huertas. La legislación se cambió con la excusa de ahorrar dinero a las arcas municipales de tal forma que se necesitan dos concejales para formar un grupo municipal. De este modo, la formación de UPyD, pese a contar con los votos de las pasadas elecciones, dejó de ser grupo y no puede realizar mociones o iniciativas en los plenos ya que no cuenta con una oficina en el Ayuntamiento. Además, esta modificación incluyó que los grupos de la oposición solo podían hacer una pregunta por concejal en el Pleno y una sola moción por grupo. Así, IU sólo puede hacer dos preguntas por Pleno y el PSOE ocho. En cada Pleno, por tanto, sólo hay dos mociones, ya que UPyD no cuenta para nada. Antes, no había límites.
El PSOE, además, se queja de que pese a disminuir la carga de trabajo, ya que hay bastantes menos preguntas en los plenos, “la información en el 90% de los casos se nos entrega diez minutos antes del siguiente pleno, para que no podamos prepararnos la intervención”. La medida está dentro de la legalidad, “la pregunta es si es ético o no”, comentan desde la oposición.
El siguiente paso para aumentar la opacidad del Ayuntamiento de Granada se ha dado hace unos días con la eliminación de la página web municipal de las actas de las Junta Municipales de Distrito, el órgano principal donde los vecinos están representados y en el que se realizan todas las peticiones y se recogen las quejas vecinales. Al parecer, los servicios informáticos están saturados. Así que esta útil herramienta reivindicativa de los colectivos ya sólo puede consultarse si se realiza una petición formal y por escrito.
Estos y otros hechos analizados por la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) han llevado al Ayuntamiento de Granada a ocupar el puesto 96 de los 110 posibles en el ranking de 2012 de Índices de Transparencia de los Ayuntamientos. Granada tiene un 33,8 de nota, cuando la media es de 70,9. El equipo de gobierno (del PP), de momento, se limita a señalar que ellos cumplen el Reglamento “a rajatabla”.
En Almería se llegó a recurrir a la Fiscalía y al Defensor
La oposición en el Ayuntamiento de Almería coincide en que actualmente no hay problemas de comunicación con el equipo de Gobierno del Partido Popular a la hora de recibir contestación a las preguntas que realizan y al requerimiento de expedientes sobre la gestión en la ciudad. Pero no olvidan tampoco que “hace unos años nos vimos obligados a acudir al Defensor del Pueblo para que nos dieran información”. El alcalde era el mismo, el popular Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, si bien gobernaban el PP y el GIAL de Juan Megino. “Ahora las cosas han cambiado, nos contestan y nos dan la información que pedimos, aunque otra cosa es que nos gusten las respuestas”, señalan Joaquín Jiménez, portavoz municipal del PSOE y Rafael Esteban, concejal de Izquierda Unida.
“En líneas generales, el PP del Ayuntamiento de Almería contesta a los requerimientos que le hacemos, no puedo decir lo contrario porque entonces estaría mintiendo”, asevera el edil de IU, recordando sin embargo que “hemos tenido más rifi rafe con el tema de la Ciudad Digital, que nosotros consideramos que ha sido la peor decisión política tomada por un equipo de gobierno jamás”. Según IU, “ha sido el mayor engaño que se le ha podido hacer a la ciudad; un convenio que era de unos veinte millones de euros ha sido una frustración total, porque allí se suponía que se iba a instalar el mejor programa informático de gestión para que la capital entrara en la era digital dando un salto de calidad, y nos hemos encontrado con una administración haciendo aguas en el tema digital”, denuncia Rafael Esteban.
En temas como Urbanismo o Hacienda reconoce Esteban que “estamos requiriendo todas las facturas que se aprueban en la junta de gobierno y las tenemos inmediatamente”. Sin embargo en Roquetas de Mar, El Ejido o en la Diputación “nuestros compañeros tienen más problemas”, reconoce el joven pero ya veterano concejal, que sabe lo que es gobernar en un pasado pacto PSOE-IU.
Según informa Íñigo Mas, precisamente esta labor de fiscalización de la gestión del equipo de Gobierno popular llevaba a Izquierda Unida a desvelar públicamente una sanción de más de 300.000 euros a una empresa que figuraba en un expediente municipal, un hecho que sin embargo no era conocido. Rafael Esteban recuerda que “empezando a estudiar el expediente de una parcela comercial en El Toyo, me di cuenta que la empresa tenía que pagar esa cantidad porque no había cumplido el pliego de condiciones, y es verdad que lo tenían un poco de tapadillo, así que lo sacamos a la luz y se le abrió un expediente de sanción”. “Si no lo hacemos la deuda hubiera quedado durmiendo el sueño de los justos”, reconoce.
El portavoz municipal del grupo socialista, Joaquín Jiménez, ratifica la opinión de su compañero de oposición, “ya que actualmente no tenemos problemas a la hora de recibir respuesta a las preguntas que hacemos, pero no se puede olvidar tampoco que con el mismo alcalde del PP tuvimos que acudir hace unos años al Defensor del Pueblo para que se nos contestara”. “Eran otros tiempos”, afirma.
Una cosa es que se reciban con fluidez las respuestas a las preguntas realizadas, y otra cosa que guste a la oposición su contenido o que se acometa con rapidez el contenido de ellas, mantiene Jiménez. “Reconozco que ahora la situación no es mala, pero ha sido desigual durante los diez años que ya lleva gobernando el PP”, apunta. “No tengo ahora ninguna queja respecto a las respuestas del equipo de gobierno, pero otra cosa es en cuanto al cumplimiento de las cosas que se piden. Por ejemplo, nosotros también trasladamos los asuntos que nos plantean los vecinos, y esto es lo que vemos que no tiene una respuesta rápida: la resolución de problemas como la colocación de una papelera o un banco que se ha roto en una plaza o las obras de mantenimiento en centros vecinales dependientes del Ayuntamiento”.
Resquicios de una democracia trampa en Córdoba
Un ejemplo de la irregularidad en las respuestas en los plenos lo encontramos en Córdoba capital, donde el Reglamento del Ayuntamiento establece con claridad que las preguntas orales deberán ser contestadas en la sesión plenaria siguiente si son respondidas de viva voz o bien por escrito en el plazo de 10 días. Según informa Carmen Reina, la normativa dice que las preguntas presentadas por escrito tendrán un plazo de 7 días desde su remisión para ser contestadas.
Pero desde la oposición municipal se denuncia que estas contestaciones se realizan de manera irregular, es decir, unas veces se contestan en plazo, otras veces se contestan fuera de tiempo a fuerza de insistir y, en otras ocasiones, no se contesta. Es el ejemplo de una pregunta hecha por el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Francisco Tejada, a la concejala de Servicios Sociales y Familia, María Jesús Botella (PP), acerca de un dato sobre viviendas que ella misma dio en un Pleno. Pues bien, desde IU señalan que ya van tres sesiones plenarias -más de dos meses- en los que, pese a realizar un recordatorio de la pregunta, no se recibe contestación.
El problema es la trampa que la propia normativa pone. Y es que, en el caso de que no haya contestación a las preguntas, el reglamento no ofrece la posibilidad de sanción alguna a quien no cumpla con ello, sino que tan sólo cabe la posibilidad de “elevar una queja a Alcaldía” si la cuestión no es contestada en tiempo y forma. Y así, la propia ley hace la trampa.
El alcalde de Jaén sólo responde al 20% de las preguntas
El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, sólo ha respondido al 20% de las preguntas del Partido Socialista en lo que va de mandato, informa Concha Araújo. Siempre se dirigen al alcalde sus peticiones para que éste delegue. La demora se debe a que “la transparencia es nula y la gestión, ninguna”, opina la concejal socialista Matilde Cruz. Asegura que han encontrado tantas dificultades para acceder a la liquidación del presupuesto de 2012 (documentación que han llegado a reclamar judicialmente) como para conocer si existe el acta de recepción de un parque inaugurado en mayo por el ministro Arias Cañete o el dispositivo de seguridad (y listado nominal de personal) que el Ayuntamiento articuló con motivo de un acto recientemente organizado por la Agrupación de Cofradías.
En este último caso, por ejemplo, la respuesta ha sido que la Ley de Protección de Datos impide facilitar esa información. “No puedo difundir los datos, pero sí puedo conocerlos”, argumenta Cruz, pero si acceden al dato “podríamos demostrar que no hay coste cero para el Ayuntamiento, como dice el alcalde, en esa actividad”.
La petición del acta ha llegado ya a la secretaría del Ayuntamiento, después de que dos concejalas peregrinaran por varios departamentos municipales sin obtener respuesta. “Más que oposición, lo que hacemos es investigación”, explica Cruz. Señala que hay comisiones informativas, como la de Tráfico y Transporte, que sólo se ha convocado en tres ocasiones durante los últimos dos años. Uno de los casos extremos fue la llegada a pleno de la liquidación del presupuesto de 2012 “sin haber pasado por la comisión de cuentas”.
Además, el PSOE critica la dificultad para obtener información de los expedientes y la imposibilidad de realizar copia de muchos de los documentos para estudiarlos con detenimiento lo interpretan como “un boicot constante a nuestra labor de control y fiscalización”.
El Partido Popular convocó a Izquierda Unida al Pleno sobre el estado de la ciudad a través de un SMS, el pasado 21 de junio, remitido a los grupos de la oposición en el que informaba que ese debate sería un punto a tratar en la sesión ordinaria de 28 de junio. Es un ejemplo del modo en que “el PP pretende hurtar la participación al conjunto de los colectivos y la ciudad”. Lo sitúan entre los ejemplos que denuncian, a través de su boletín municipal, en el que aluden a que el alcalde decide “personalmente” la inclusión o no de mociones en un pleno, acorta plazos y apura al extremo la entrega de información que debe analizarse antes de las comisiones. Una práctica que ha provocado, según la coalición de izquierdas, un retroceso en “democracia y libertad”.
El equipo de Gobierno, sobre este tema, respondió a través del gabinete de comunicación que, inicialmente, los plazos de respuesta están regulados en la Constitución, el Reglamento y la Ley de Bases. No ha habido más respuestas a las preguntas sobre si se cumplen esos plazos, o no, o si existen temas que, por su complejidad, requieran fórmulas o procesos distintos para contestar a las interpelaciones de la oposición, o si se ha previsto algún mecanismo de respuesta automática.
