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Decretan el cierre cautelar de la perrera de Bormujos

El Ayuntamiento del municipio sevillano retira la licencia de apertura al centro tras detectar en una inspección numerosas irregularidades higiénicas y sanitarias

La sociedad que gestiona el complejo celebra este jueves una asamblea en la que varios socios propondrán el cese de su presidente y plantearán una nueva gestión de las instalaciones

El partido animalista PACMA, que ha denunciado las pésimas condiciones del complejo ante la Fiscalía de Medio Ambiente, reclama a la Junta de Andalucía que intervenga en el caso

El caso estalló con un vídeo que muestra canes hacinados en naves insalubres y carentes de cualquier atención, en las que convivían perros sanos con perros heridos, enfermos, desnutridos e incluso con un cadáver

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La alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso (PP), ha ordenado la "suspensión cautelar" de la licencia de apertura de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas (SPAPS), responsable de la perrera situada en el término municipal de este municipio sevillano, después de realizar una inspección que ha evidenciado numerosas irregularidades y deficiencias en las instalaciones. La actuación del Ayuntamiento es una respuesta a la difusión de un vídeo que alerta el pésimo estado de salubridad en el que viven los canes en este complejo y a las numerosas movilizaciones y denuncias protagonizadas por vecinos, veterinarios y protectoras de animales de todo el país.

El Consistorio señaló ayer en un comunicado que el complejo presenta un estado higiénico deficiente, que existe un vertido de aguas residuales en la parcela y que el centro incumple la normativa municipal de seguridad. Las irregularidades han sido suficientes para ordenar el cierre del centro hasta que éstas se corrijan, según señaló el Ayuntamiento, que asegura que ha realizado numerosas inspecciones de carácter técnico en este negocio durante los últimos años pero que las competencias sobre un posible maltrato animal corresponden al Seprona.

El partido animalista PACMA ha denunciado los hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente por entender que existen indicios de un delito de maltrato animal en esta perrera. Hoy, la directiva de PACMA se reunirá con la Jefa del Servicio de Animales de Compañía, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, para solicitar a la Administración regional una intervención urgente en el caso y una investigación de los hechos acontecidos en estas instalaciones.

Por la tarde, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas responsable de la perrera celebrará una asamblea en la que un grupo de socios propondrán el cese de su presidente, el veterinario Pedro Luis Fernández, y plantearán una nueva gestión para estas instalaciones tras las denuncias conocidas esta semana, según informa Claudia Ferraro, una portavoz de la agrupación de vecinos y protectoras de animales contra la gestión de la perrera.

En el vídeo que ha servido de punto de partida para las denuncias contra la gestión del centro se muestran canes hacinados en naves insalubres y carentes de cualquier atención, en la que montones de heces se acumulan junto a la orina fermentada, y en la que conviven perros sanos con perros heridos, enfermos o desnutridos, con otros recién paridos e incluso con un cadáver. Tras la difusión de las imágenes, protectoras de animales y vecinos, liderados por la asociación La Sonrisa Animal, se han movilizado para salvar a los canes. El viernes, consiguieron que la Guardia Civil se personase en las instalaciones y levantase varias actas por infracciones relativas a las malas condiciones sanitarias del complejo y a la existencia de animales sin vacunar, informa Claudia Ferraro. El lunes sacaron a más de 150 de las instalaciones, que han quedado vacías e inoperativas de forma temporal.

La perrera es de carácter privado y presta sus servicios de retirada y eutanasia de perros a al menos una decena de ayuntamientos, cuya identidad no se ha podido determinar, a través de convenios. Según señala Laura Duarte, portavoz de PACMA, el centro cuenta con denuncias desde hace años, aunque la publicación del vídeo en el que se evidencia el mal estado de los animales ha servido a la agrupación para refrendar esta nueva reclamación ante la Fiscalía.

En la última semana, el partido ha recogido 90.000 firmas contra la perrera. Este jueves las entregará a los responsables de la Junta de Andalucía para exigir su intervención en el caso. "No entendemos que la Junta no conozca qué está ocurriendo en centros que se sostienen con dinero público y que no actúe de forma urgente para impedir que los animales sigan recibiendo esta clase de trato", subraya la portavoz de PACMA. "Reclamamos que esto no puede volver a suceder en ningún lugar".

No es la primera vez que la Junta de Andalucía recibe denuncias sobre las condiciones de esta perrera ubicada en la finca Peralta, un polígono industrial situado en los límites del término de Bormujos. En un comunicado, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha recordado que hace justo un año rompió el acuerdo que tenía con este centro tras conocer las denuncias interpuestas por varias asociaciones de protección animal. Entonces, el Consistorio contrató este servicio con otra empresa de Alcalá de Guadaira y denunció el asunto a la Consejería de Agricultura y Pesca, "la cual no permitió en su día a esta Administración municipal realizar ninguna acción al no considerarla de su competencia". Bormujos también canceló su convenio con este negocio.

El presidente de la sociedad que gestiona la perrera, el veterinario Pedro Luis Fernández, ha defendido la labor del centro y ha asegurado que el vídeo, realizado por un trabajador, es un "montaje". En declaraciones a Andalucía Directo, Fernández argumentó: "El trabajador taponó un desagüe, se inundaron unas perreras... Montó él el vídeo... Después un trabajador nuestro que venía de una urgencia el día de Navidad descubrió el desagüe y vio las perreras como estaban...". "Nos quieren criminalizar, no somos responsables de que haya tantos perros abandonados", sostuvo ante las cámaras.

La movilización de los veterinarios

Los propios compañeros de profesión del presidente de la perrera han iniciado una recogida de firmas para instar al Colegio de veterinarios de Sevilla y al Consejo Andaluz de Veterinarios a que investiguen sin más demora este asunto en representación del colectivo. Un manifiesto, que suma ya casi 300 adhesiones, señala: "Como veterinarios, nos asombra aún más que la dirección de esta perrera esté en manos de un compañero de profesión que debería velar por el máximo bienestar de los animales que se encuentran en dichas instalaciones, y que brilla por su ausencia, como se puede ver en los videos editados y en las fotos que están en nuestro poder".

José Enrique Zaldívar, veterinario impulsor de esta recogida de firmas, ha explicado que desde el lunes se han enviado correos electrónicos a todos los colegios provinciales de veterinarios de España para que promuevan esta iniciativa contraria a la gestión de la perrera de Bormujos. "Nos sorprende que ningún colegio lo haya hecho hasta ahora y que tampoco se hagan eco de la noticia. El Consejo General no se ha dignado en informar del caso en el boletín digital que manda a diario a los veterinarios españoles, algo que no entendemos, porque nuestra profesión no puede mantenerse en ningún caso al margen de escándalos como éste", lamenta Zaldívar.

Hay un antecedente próximo al caso de Mairena en la antigua perrera El Refugio, en Puerto Real (Cádiz), cuyos responsables están inmersos en el primer procedimiento judicial en España contra un centro de estas características por maltrato animal. La investigación judicial determinó que El Refugio, clausurado en 2007 y que prestaba entonces servicios a al menos quince municipios de la provincia de Cádiz, sacrificó un mínimo de 573 animales entre 2005 y septiembre de 2007 empleando de forma exclusiva inyecciones de Mioflex Braun, un poderoso y barato paralizante muscular que provocaba la muerte de los animales "en plena consciencia y vigilancia".

El fiscal solicitó un año de prisión para el propietario, la directora y los dos veterinarios de la instalación, a quienes acusa de un delito de maltrato animal continuado, pero el juicio sigue pendiente de celebración tras años de retraso.

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