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Los acusados por un piquete el 29-S niegan desórdenes y atentado durante el juicio

La Fiscalía pide penas de hasta dos años y medio de cárcel por su actuación a las puertas de la Universidad de Sevilla.

El juicio se ha suspendido antes de la fase de prueba por la incomparecencia de dos agentes de la Policía Nacional.

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Diego Cañamero, secretario general del SAT, junto al abogado Luis Ocaña, que representa a seis acusados, ha acudido al juicio celebrado en Ssevilla en señal de apoyo a los acusados.

Diego Cañamero, secretario general del SAT, junto al abogado Luis Ocaña, que representa a seis acusados, ha acudido al juicio celebrado en Ssevilla en señal de apoyo a los acusados.

La docena de acusados interrogados este viernes en Sevilla por un piquete informativo en la Universidad de Sevilla durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del Gobierno de Zapatero se han declarado inocentes de las acusaciones de la Fiscalía durante el juicio. Todos están procesados por delitos de desórdenes públicos y cuatro de ellos por atentado, con penas individuales que suman dos años y medio de cárcel en el caso de los segundos.

Durante los interrogatorios a los doce acusados (uno de ellos no ha comparecido), todos se han declarado inocentes de los cargos y han respondido exclusivamente a las preguntas de sus respectivos abogados. Uno de ellos cumple doble papel en este juicio, ya que defiende a tres personas y, al tiempo, también ha tenido que responder como acusado, negando su participación en una supuesta agresión y argumentando que se encontraba en el lugar de los hechos elaborando un informe sobre vulneración de derechos fundamentales.

Un par de delegados del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), un afiliado de UGT procedente de otros piquetes durante la noche, un alumno de la asamblea de estudiantes de la Hispalense, un joven que documentaba audiovisualmente la jornada de huelga y otros participantes en el piquete han sido los enjuciados. La vista ha tenido que aplazarse hasta la semana que viene por la incomparecencia, por enfermedad, de dos de los nueve agentes de la Policía Nacional que están citados como testigos.

En general, los acusados (algunos de los cuales fueron detenidos aproximadamente un mes después tras ser identificados en una información sobre la huelga del 29-S emitida por televisión) han negado que coaccionaran o impidieran la entrada al recinto académico y han calificado de "excesiva" la actuación policial aquel día, recalcando que acudieron "pocos trabajadores" a su puesto. "El que quiso entrar, entró a trabajar", ha dicho uno de los acusados, que han destacado que se limitaron a informar de su derecho a la huelga.

Antes de iniciarse el juicio, algunos sindicalistas han acudido a apoyar a los acusados. Luis Ocaña, miembro del SAT y defensor de seis procesados, considera que el enjuiciamiento de los hechos obedece a "una práctica policial desproporcionada" ya que se produjeron detenciones "meses después" del piquete y "sin que hubiera denuncia de trabajadores de la Universidad". En ese sentido apunta el "exagerado número de sindicalistas procesados por el ejercicio de un derecho fundamental", aludiendo a una "crecimiento exponencial" del número de causas abiertas contra la acción de piquetes informativos.

Al respecto, el secretario general del SAT, Diego Cañamero, que ha asistido al juicio como público, ha señalado antes de la vista que "el sistema intenta amedrentar la lucha obrera" y que el SAT es "el sindicato más represealiado de Europa, con 630 procesados y casi un millón de euros en multas". Cañamero ha apuntado sobre "la ley de inseguridad ciudadana" que se tramita en el Congreso que es una norma en la que "el Gobierno protege a los que hacen las leyes injustas, el privilegio y el poder económico". También considera que "desde que estalló en 2008 la crisis-estafa, ha crecido mucho el numero de sindicalistas procesados".

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