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Los pagos excesivos a colegios concertados bajo sospecha

Fiscalía ha abierto una investigación por posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público tras una denuncia de Compromís

Los nacionalistas denunciaban el pago irregular de 350.000 euros anuales a 'liberados sindicales' que no ejercían como docentes y pagos por encima de los conciertos

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Català señala que la decisión del cierre de RTVV fue "responsable, adecuada y acorde al contexto económico"

La consellera de Educación, María José Català

Después de que Compromís denunciara el pasado verano los pagos de Conselleria de los conciertos educativos entre 2008 y 2014, Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar si el desembolso de dinero público fue excesivo por si se hubieran podido cometer delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad en documento público.

Según informaba el diario El País, Fiscalía insta a los centros a que acrediten si se ha retribuido con fondos de públicos a una decena de liberados -la Intervención de la Generalitat ya recogía en 2013 el abono de salarios a diez 'liberados patronales' (FERE y Feceval), figura que no existe- y a profesores mayores de 65 años que no ejercían como docentes, así como que la adminsitración aclare si se han ordenado pagos en exceso -cantidades por encima de los contemplado en sus conciertos- a determinados centros privados sostenidos con dinero público.

Compromís valoraba la financiación "irregular" para las nóminas de los liberados en alrededor de 350.000 euros al año, mientras que por los convenios irregulares rubricados con los centros concertados estimaban que se podrían haber pagado 288.000 euros anuales.

Ampliación de los conciertos

Precisamente, el portavoz del PP en Les Corts anunciaba la pasada semana su intención de presentar una propuesta para ampliar la vigencia de los actuales conciertos, blindándolos durante seis años más, por su "importancia, trascendencia y necesidad", y justificaba esta medida ante los "ataques" de la oposición a la educación concertada. Precisamente, Esquerra Unida anunciaba su intención de emprender acciones judiciales contra una decisión que consideraban "burdamente electoralista".

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