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DESALAMBRE

ENTREVISTA | Eduardo Carreño

"A EEUU y España no les interesa el fin del conflicto en Colombia por la venta de armas"

Eduardo Carreño, defensor colombiano de derechos humanos y presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, habla del proceso de paz que vive el país latinoamericano

"Hay que terminar con las organizaciones criminales paramilitares que creó el Estado en el pasado. No hay voluntad porque supone asumir cierta responsabilidad", afirma

"La depuración de los agentes del Estado tiene que hacerse a través de organismos independientes que ofrezcan garantías de imparcialidad", sostiene

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Eduardo Carreño, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Colombia), en la redacción de eldiario.es | Foto: Alejandro Navarro Bustamante.

Eduardo Carreño, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Colombia), en la redacción de eldiario.es | Foto: Alejandro Navarro Bustamante.

Mientras su país discute "el punto de las víctimas", en las conversaciones de paz en la Habana que buscan poner fin a más de 50 años de conflicto colombiano, Eduardo Carreño ha estado en España para recibir un premio. El defensor colombiano de derechos humanos y presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) ha  recogido el Premio Internacional Derechos Humanos 2015 de la APDHE. Habla con eldiario.es de los flecos que hay que atar para que la violencia no se enquiste y perduren ciertos ecos del conflicto. "Algunos están interesados en ello", critica.

¿Quiénes no quieren que termine el conflicto? "Si les preguntan a los que venden las armas, ellos no están de acuerdo en que se termine el conflicto". ¿Y a qué actores se refiere? Carreño contesta con una sonrisa ladeada. "A riesgo de equivocarme, pero Estados Unidos no quiere que termine la guerra. Ni Inglaterra, Israel y creo que en algo España también ha participado en este tipo de asesoría".

El activista resume el porqué: "Es un negocio y, como ellos se benefician económicamente, no quieren que se terminen los conflictos. Hay que renovar constantemente el armamento y las municiones para que éste desarrollo se siga dando. Los helicópteros, los aviones o los satélites... este tipo de material vale mucho dinero. Si nadie más les va a comprar, van a tener que cambiar de profesión".

Durante el primer semestre de 2014, España vendió armas y otro material de defensa a las fuerzas armadas de Colombia, como publicó la Secretaría de Estado de Comercio. Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos desglosaron la información: 1,4 millones de euros en "bombas, torpedos, misiles" y aeronaves, y otros 300.000 euros en productos catalogados como "munición, dispositivos y componentes".

Las organizaciones –entre las que se encuentran Amnistía Internacional y Oxfam Intermón– recordaron que, a pesar de las conversaciones de paz, perduran las denuncias de violaciones de los derechos humanos por ambos bandos, por lo que dudan del uso final del material bélico.

Acabar con la impunidad

El colectivo de abogados insiste en que queda mucho por hacer. El CCAJAR elaboró una propuesta, "lo que llamamos el Tribunal para la paz", que fue presentada al gobierno y a las guerrillas. "Específicamente a las FARC". Carreño afirma que las cifras apuntan a que "globalmente tenemos más o menos 7 millones y medio de víctimas en el periodo que se comprende entre 1958 y la actualidad". Y la impunidad ha sido la norma: "La impunidad en Colombia es del 97 o 98% en este tipo de crímenes, por eso este tema es fundamental tratarlo en la mesa de negociación. No se puede dejar en la impunidad total los crímenes cometidos por las partes del conflicto".

El colectivo de abogados defiende que los crímenes cometidos por las guerrillas y los del Estado no se pueden medir con la misma vara. "No es igual que un grupo armado de carácter rebelde se alce en armas contra un Estado a que sea el Estado el que delinca. Si formalmente el Estado tiene el monopolio de la fuerza, si tiene a las personas formadas y entrenadas para proteger la vida, bienes, honra y libertades de las personas y si es el garante de estos derechos... Las sanciones para los agentes del estado tienen que ser de una mayor entidad, esto está reconocido en casi todas las legislaciones del mundo".

Las conversaciones de La Habana también diferencian entre ambos crímenes. "Hay un tratamiento diferencial a la rebelión, que puede ser objeto de amnistía o indulto, es decir, no tendrían penas. A aquellos agentes del Estado que han cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad, en este caso por toda la legislación nacional e internacional, no pueden ser objeto de amnistía. Al menos van a tener que pagar penas de entre cinco y 20 años, dependiendo de la modalidad de los crímenes y la información que suministren de las estructuras que habían creado".

Para todas las partes, la exigencia debe ser la verdad. Confesar quiénes han sido los responsables del dolor de las víctimas, para poder aplicar justicia y "repararlas". "Que para que se puedan acoger a beneficios de carácter jurídico, los jefes de las estructuras criminales confiesen la totalidad de los crímenes cometidos. Si ellos son los jefes, deben hablar y que los mandos medios e inferiores, así como de sus colaboradores, para que aparezcan investigados. Si ellos no confiesan, que no se puedan acoger a los beneficios".

El reto de eliminar los grupos paramilitares

Las organizaciones paramilitares, que trabajaron en colaboración con las fuerzas del orden público durante años, son otro de los retos para alcanzar una paz real en el futuro. 'En las negociaciones hay que tratar el tema y eliminar estas estructuras paramilitares, no hay que dejar en el aire este fenómeno", destaca. Carreño indica que "con la ley 9/75, en 2005, se desmovilizaron estructuras importantes. Pero hay una parte que no dialogó. Son los Buitragueños, los Urabeños, los Machos y los Rastrojo". Además, algunos de los paramilitares que dejaron las armas las volvieron a tomar años después.

Eduardo Carreño considera que el Estado puede abordar la lucha contra estas estructuras. "El Estado y sus organismos de seguridad lo que han hecho es cambiarles los nombres, los llaman bandas criminales emergentes, pero son las mismas estructuras paramilitares que no negociaron. El Estado conoce dónde funcionan, quiénes forman parte de estas organizaciones, porque han sido apoyadas y creadas por él. Si se tiene toda esta información, es fácil la negociación".

Pero no se dan los pasos necesarios. "No hay esa voluntad de negociar, porque es una forma de eludir la responsabilidad del Estado en los crímenes. Muchas de las víctimas en la última etapa han sido a nombre de estas organizaciones criminales. Por ejemplo, entre quienes han solicitado la restitución de tierras en zonas campesinas, que han sido victimizados por grupos paramilitares. Unas 120 personas fueron eliminadas, fundamentalmente mujeres".

Para acabar con los agentes del Estado que cometieron abusos y crímenes, Carreño considera necesaria la participación de actores externos. "La depuración tiene que hacerse a través de organismos independientes que ofrezcan suficientes garantías de imparcialidad y que objetivamente determinen quiénes participaron en los crímenes, para que estas personas salgan del Estado". 

Entre los desafíos que afrontan las negociaciones de paz para los próximos meses, el defensor destaca tres puntos. "En la garantía de no repetición debe estar la eliminación de los fueros políticos, religiosos y judiciales. Plantear y defender la igualdad formal ante la ley". También, "los juicios públicos y con representación de las víctimas en los procesos", y por último, "la participación de las víctimas y de la sociedad en el acuerdo, que los colombiamos refrenden la paz previamente informados, que decidan si se termina y no el conflicto".

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