La Fiscalía pide tres años de cárcel para dos trabajadores por piquetes en el 29M
A Juan José Álvarez la Fiscalía le pide tres años y medio de cárcel por un altercado durante un piquete en la huelga general del 29 de marzo de 2012. “Entraron en un bar, hubo voces y se pegaron algunas pegatinas en una puerta. Llegaron los antidisturbios y la gente se fue. Al cabo de dos horas la policía le paró, lo subió a un coche y se lo llevó”, cuenta el secretario general de la comarca del Henares, Santiago Clemente. En la misma huelga, Pedro Galeno participó en un piquete en un centro de transportes en Coslada. Para él, piden tres años de cárcel por un altercado durante un intento para detener camiones.
En el primer caso, la Fiscalía pide la aplicación del polémico artículo 315 del Código Penal que contempla “las coacciones a la huelga” como un delito contra los derechos de los trabajadores. Juan José Álvarez tiene ya fecha de juicio: el próximo ocho de abril. En el segundo caso, se acusa a Pedro Galeano de un delito de atentado y aún está pendiente de que se fije su juicio.
Los nombres de Juanjo y Pedro –afiliados a CCOO- son dos de los casi 300 que están en la lista de personas encausadas por su participación en piquetes durante huelgas y protestas. La situación, sin embargo, no es exclusiva de España. La Confederación Sindical Internacional ha convocado una jornada mundial de movilizaciones por el derecho de huelga y la libertad sindical el próximo 18 de febrero. Pocos días después, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mantendrá un debate al respecto del derecho de huelga, sobre el que el grupo de empleadores quiere introducir cambios.
En España, la movilización se concretará en actos y concentraciones en cerca de cincuenta ciudades y en paros simbólicos de cinco minutos en muchos centros de trabajo. “Sin derecho de huelga efectivo no hay equilibrio en las relaciones de trabajo”, subrayó el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Su homólogo en UGT, Cándido Méndez, destacó que la huelga es un derecho respaldado por la Constitución y que la aplicación del artículo 315 del Código Penal es “desproporcionada e injusta”. Los dos rechazaron cómo queda la redacción de este artículo en el nuevo Código Penal, que consideran insuficiente.
Los indultos no llegan
Aunque Méndez y Toxo se reunieron en verano con el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para tratar este tema y pedir el indulto para las seis personas que corrían riesgo de entrar en prisión, la situación sigue igual. Es más, desde entonces se han acumulado otras condenas, como la de los cinco sindicalistas de ArcelorMittal en Gijón a los que un juez ha condenado a penas de prisión: dos de ellos podrían cumplir cinco años y tres meses de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones, y otros tres están condenados a tres años y seis meses por el primer delito.
Toxo aseguró que los sindicatos solicitaron otra reunión con el nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, que, sin embargo, no se ha producido. “Parecía que los indultos eran inminentes. Y nos resulta extraño que el ministro no haya respondido a nuestra petición de reunión”, dijo.
En un caso, UGT ha conseguido la absolución de un afiliado que fue condenado a seis meses de cárcel por un delito de resistencia durante su participación en un piquete en la huelga del 29 de septiembre de 2010. El trabajador fue condenado por un juzgado de lo penal de Madrid, que le consideró culpable de lanzar una piedra a un policía e insultarle “con ánimo de menoscabar el principio de autoridad que la Policía Municipal representaba”.
El sindicato recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial de Madrid le ha absuelto al considerar que no ha quedado acreditado que el acusado pretendiera agredir al agente de policía y menoscabar su autoridad. El fallo señala que incluso el propio agente perjudicado afirmó que la piedra le había dado de rebote después de impactar en otro vehículo.
