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La dirección de Almaraz admite que incumple las normas de seguridad del regulador nuclear

En mayo de 2016, una inspección del Consejo de Seguridad Nuclear detectó “un incumplimiento consciente, voluntario, repetitivo y programado” de las instrucciones de seguridad contra incendios

La planta extremeña, la segunda más antigua de España tras Garoña, era hasta junio la que más incidencias acumulaba en el último año, con 40 “hallazgos”

La autorización del Gobierno a un almacén independiente para los residuos de la instalación ha abierto una grieta en las relaciones con Portugal

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Detectan una anomalía sin consecuencias en la Central Nuclear de Almaraz

Central Nuclear de Almaraz. EFE

La dirección de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), la segunda más antigua de España tras la de Garoña (parada desde diciembre de 2012), ha reconocido a los inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha incurrido en “un incumplimiento consciente, voluntario, repetitivo y programado” de las Especificaciones Técnicas de Seguridad (ETF) del regulador nuclear en materia de protección contra incendios (PCI).

El comentario de los técnicos del CSN figura en el acta de una inspección realizada en mayo pasado. La dirección de la planta pidió su eliminación, pero los inspectores se negaron. "Dichos párrafos recogen hechos objetivos acontecidos durante el transcurso de la inspección que consisten en incumplimientos concretos, no conteniendo opiniones, ni sugerencias, ni recomendaciones o instrucciones, ni valoraciones subjetivas de la Inspección, ni juicios de intenciones sobre las actuaciones del titular" de la instalación, recoge el acta.

Uno de los incumplimientos corresponde a la cesión, a petición de la alcaldesa de Almaraz, Sabina Hernández, del PP, de tres de los cinco efectivos del equipo de PCI de la central, "junto con uno de los vehículos de PCI" de la instalación para extinguir un incendio en el término municipal de la localidad extremeña, fuera del perímetro de la planta, en agosto de 2014. 

"La inspección solicitó información de los motivos por los que CN Almaraz considera que a criterio del director de la central se puede voluntariamente incumplir la Instrucción IS-30 del CSN y otras normas y documentos base de licencia de la central que exigen la presencia de, al menos, cinco miembros de la brigada de PCI de forma permanente en la central", señaló el inspector. La dirección de la planta "confirmó su interpretación de que el suceso se correspondía con casos de colaboración necesaria y que, de volver a sucederse la situación, actuaría de la misma manera".

eldiario.es intentó el lunes contactar con la central extremeña, que este martes remitió un escrito en el que, pese a lo que refleja el acta, señala que su dirección "no ha admitido nunca ningún incumplimiento voluntario de las normas de seguridad del regulador". En cuanto a la salida de tres efectivos de la brigada de extinción en agosto de 2014 a petición del ayuntamiento, "se produjo ante una situación de máxima gravedad provocada por la declaración de dicho incendio a pocos metros de la central".

El incidente, que no ha merecido la apertura de expediente sancionador, refleja, según fuentes internas del CSN críticas con la gestión del presidente, el exsecretario de Estado de Energía Fernando Marti, la manga ancha del regulador atómico hacia Almaraz, que ya a finales de 2014 vivió un absoluto descontrol en materia de gestión de medidas contra incendios, con falsificación de documentos incluida, tal y como reveló El País en octubre de 2015.

Esta planta será la próxima que tendrá afrontar la renovación de su licencia en 2020. Es, junto a la de Trillo (Guadalajara), la única en cuyo capital participan las tres grandes eléctricas españolas. Iberdrola tiene un 52,7%, Endesa un 36% y Gas Natural otro 11,3%. De los que están en funcionamiento en España, los dos reactores de Almaraz eran hasta junio los que más incidencias acumulaban (“hallazgos”, en la terminología del CSN) en el último año, con 40, por delante de Cofrentes (29), Ascó (28), Trillo (13) y Vandellós II, según el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales Nucleares (SISC) del CSN.

Todos esos hallazgos tienen la categoría “verde”, la más baja, porque el CSN entiende que son “de muy baja significación para la seguridad”.

Averías, goteras y colillas 

El acta de la última inspección semestral a la central detectó, por ejemplo, la existencia de piezas deformadas y con holgura; una “avería” en un motor que, según el titular de la planta, era sólo un “evento” (el inspector no aceptó el término); también dio cuenta de sólidos “indicios” de que en el interior de Almaraz se fuma, algo que está absolutamente prohibido: la inspección encontró unas treinta colillas de cigarrillos diseminadas por distintas dependencias de la central.

Otros “hallazgos” contabilizados hasta el primer semestre han sido la “presencia de material combustible sobre una bandeja de cables de seguridad”; “charcos de agua” en el cubículo de una bomba de extracción de calor residual procedentes de “una penetración que había en el techo del recinto; “existencia de mantas de plomo sin amarrar junto a una válvula del sistema de extracción de calor residual”, “ausencia de una evaluación de seguridad para la fuga de aceite de la bomba de refrigerante del reactor número 1” o “acopio de botellas de gas a presión junto a un equipo de seguridad”, por citar algunas de ellas.

Quejas de Portugal

La reciente autorización del Gobierno central a un almacén temporal independiente (ATI) para los residuos de la instalación ha abierto una grieta en las tradicionalmente fluidas relaciones entre España y Portugal. 

El país luso ha anunciado la presentación de una queja formal ante la Comisión Europea contra el visto bueno a esa instalación, que permitirá a la planta (ubicada a 100 kilómetros de la frontera hispanolusa) seguir funcionando antes de quedarse sin sitio para la basura atómica que genera, ante la paralización del almacén temporal centralizado (ATC) proyectado en Villar de Cañas (Cuenca).

El pasado viernes, la Asamblea de la República de Portugal aprobó por unanimidad una resolución en la que condena la decisión del Gobierno español, tomada a espaldas de su homólogo luso y sin evaluar los posibles impactos transfronterizos del proyecto. Hace una semana, el Gobierno portugués amenazó con dejar plantada a la ministra española de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la reunión prevista para este jueves con su homólogo portugués, João Matos Fernandes, para analizar la cuestión del ATI de Almaraz.

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