Catalá niega injerencias políticas en la operación contra CDC
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en relación a la operación policial en la que se ha detenido al tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña y las críticas recibidas por el presidente Artur Mas, que ha hablado de “caza mayor”, ha apuntado que quien habla de “injerencias” a la independencia judicial “hace un ”flaco favor a la democracia porque está transmitiendo una imagen irreal absolutamente de que el poder judicial actúa con condicionantes que no es cierto en absoluto“.
Tras defender la actuación del juzgado y de la policía en cualquier investigación, incluida las detenciones como las practicadas este miércoles en Cataluña por el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, ha apuntado que este tipo de actuaciones dentro de una investigación sumarial es “garantía de que funciona en España el Estado de derecho y que la justicia es independiente”.
Respeto de los poderes públicos
Catalá ha pedido respeto al funcionamiento de las instituciones y a la independencia judicial, “auténtica garantía de una administración de justicia independiente para los ciudadanos”.
El ministro de Justicia ha realizado esta valoración de la operación de la Guardia Civil al término de las jornadas que han tenido lugar en el País Vasco 'Por el derecho a una buena administración de Justicia' en las que han participado los 17 presidentes de los tribunales superiores de Justicia de España. En la última sesión y por unanimidad, los presidentes de los altos tribunales de Justicia han aprobado una declaración sobre la independencia judicial en la que se censuran, sin citarlos expresamente, las concentraciones frente al Tribunal Superior de Cataluña coincidiendo con la declaración como imputado del presidente en funciones Mas por organizar la consulta celebrada el pasado 9 de noviembre en esa comunidad autónoma.
Los presidentes subrayan en su declaración que “en estos días es conveniente recordar que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces sino una garantía para los ciudadanos. Es obligación de todos respetarla, muy especialmente de los Poderes públicos. Toda actuación que se realice en detrimento de esta independencia judicial supone un ataque al Estado de derecho”.
Los presidentes de los altos tribunales autonómicos reclaman que “el ejercicio de la potestad jurisdiccional se realice en un marco de independencia y que los jueces actúen con imparcialidad, eficacia y respeto para el justiciable, destinatario al fin del derecho fundamental a la tutela judicial”.
