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El Gobierno central rechaza la regulación de los clubes de cannabis que propone Euskadi

Los ministerios de Justicia e Interior consideran que el proyecto de ley vasca sobre Adicciones despenaliza y legaliza “de hecho” el cultivo y el tráfico de cannabis.

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El PP de Donostia pide que no se impugne la ordenanza de clubes de cannabis

El Gobierno central se opone a que Euskadi regularice los clubes de cannabis.

El proyecto de ley de Adicciones que debate el Parlamento vasco no lo va a tener nada fácil para salir adelante. De momento, los ministerios de Justicia e Interior ya han mostrado su rechazo al texto con el que trabaja la Cámara de Vitoria, en lo que se refiere a la regulación de los clubes de cannabis. Ambos ministerios consideran que el proyecto de ley, aunque no está escrito, despenaliza y legaliza “de hecho" el cultivo y el tráfico de cannabis”.

El proyecto de ley elaborado por el Gobierno por el Gobierno vasco y con el que ahora trabaja el Parlamento va encaminado a prevenir las adicciones y reducir la oferta de drogas, y en el caso concreto de los clubes de cannabis regula estas entidades, que deberán estar “legalmente registradas”, “sin ánimo de lucro” y “constituidas por personas mayores de edad”. El texto recoge también que estos clubes deben establecer “reglamentariamente” las condiciones de admisión a personas socias y que “únicamente podrán acceder a sus locales las personas mayores de edad”. A pesar de reconocer que el cannabis "no es una sustancia inocua y puede tener efectos nocivos para la salud", el texto entiende que los clubes de cannabis se “revelan, a día de hoy, como organizaciones que pueden contribuir con su experiencia en el camino para una regularización de sus actividades, combinando el respeto a las libertades individuales con la necesaria protección a la salud".

Desde el Gobierno central, se apuntan “serias dudas” sobre el encaje legal de la regulación de los clubes de cannabis y advierten de que la materia corresponde en “exclusividad” al Estado. “En la práctica, sin llegarse a una despenalización escrita, si se produce esta por la vía de los hechos, ya que si cultivar y traficar con cannabis es delito según el Código Penal, ¿cómo, dónde y a través de quien o de quienes van a comprar esta sustancia?”, se interroga el Ministerio de Interior en el escrito que ha remitido al Parlamento vasco.

Así, entiende que “en cierta forma” con la redacción de la normativa vasca “se legalizan o destipifican conductas que están recogidas en el Código Penal como delitos contra la salud pública”. Y en esta línea, añade que “no es posible” registrar estas entidades de consumidores como asociaciones sin ánimo de lucro ya que la ley que regula el derecho de asociación establece que son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios atípicos como delitos”.

Sin competencias

El ministerio de Justicia admite que, según jurisprudencia, esta práctica de “autoconsumo plural” excepcionalmente deja de ser delito “siempre que los consumidores que se agrupan lo hagan en número reducido, estén perfectamente identificados y sean adictos”. Por otra parte, el consumo debe realizarse “en un lugar cerrado”, “sin contraprestación especulativa” y la cantidad consumida tiene que ser “insignificante”. La redacción del proyecto de ley deja ver que el Gobierno y Parlamento vascos “intentan cumplir” con algunos de estos condicionantes”, pero se “incumple el requisito de que “debe de tratarse de adictos”.

Además, el ministerio incide en que atender la demanda de los consumidores de estos clubes de manera regular y en cantidades suficientes requeriría “o bien cultivar la planta, o bien acudir a la compra de la misma por cauces no legales y, en todo caso, un almacenamiento importante” que son “conductas prohibidas”.

Por otro lado, los dos ministerios recalcan que Euskadi no tiene ninguna competencia para regular esta materia, que “exclusiva” del Estado “al tratarse de una competencia sobre legislación penal y seguridad pública y de productos farmacéuticos”. Por eso, si el proyecto prospera en el Parlamento y se convierte en ley será recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC), como recientemente ha hecho el Gobierno central con la ley foral reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra. La ley navarra, que ha sido suspendida de manera cautelar por el TC, tiene como objeto establecer unas normas generales para "la constitución, organización y funcionamiento" de los clubes de personas consumidores de cannabis en el marco de la comunidad foral. La iniciativa pretendía dar "seguridad jurídica" tanto a lo referido al consumo como al autoabastecimiento,

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