Kontsumobide advierte de que recurrir a los jueces puede ser más gravoso que su propuesta
El Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide defiende su gestión en el conflicto de las aportaciones financieras subordinadas de Eroski y Fagor y advierte de que acudir a la vía judicial puede resultar, en algunos casos, más gravoso para los afectados que aceptar la propuesta que puso encima de la mesa hace unas semanas. Su directora, Elena Unzueta, puso como ejemplo que recurrir a los jueces puede suponer entre 3.000 y 4.000 euros de coste para un inversor con 20.000 euros en subordinadas, la media de los afectados. Unzueta hizo esta advertencia cuando Kalketuak, la principal asociación de afectados por las subordinadas de Eroski y Fagor, se apresta a recurrir a la vía judicial ante la insatisfacción que le ha generado la prouesta de Kontsumobide.
Unzueta y el consejero de Salud del Gobierno vasco, Jon Darpón, han defendido en el Parlamento el trabajo desarrollado por el Instituto, a pesar de que ha sido duramente criticado por la oposición y por los principales grupos de afectados. Después de meses de mediación, Kontsumobide puso sobre la mesa una propuesta a los titulares de las aportaciones financieras subordinadas de Eroski consistente en una quita del 30% de la inversión, bonos a 12 años por un valor del 55 % de la inversión y una remuneración anual del euribor más el 3 %, así como un pago en metálico del 15 % de lo invertido. Todo ello para liberar a los afectados de esta deuda perpetua.
Tanto la directora de Kontsumobide como Darpón reconocieron que no se trata “de la mejor” oferta, pero es la única que han podido conseguir de Eroski. “No sé si es justo o injusto. No soy un juez. Solo sé que ahora hay otra opción más para que los afectados puedan elegir. El Gobierno no hace propia la propuesta porque lo que quería es que se devolviese el 100% del capital a los inversores”, recalcó el consejero de Salud.
Tres vías
Hasta Kontsumobide han acudido 896 personas afectadas por este producto para cuya salida hay tres vías: mantener las aportaciones como hasta ahora, acudir a la vía judicial u optar por el citado canje.
Ha recordado que el papel de Kontsumobide ha sido el de mediación, porque no podía imponer una solución, y ha reconocido que de haber podido plantear una solución no habría sido la finalmente pactada entre las entidades emisoras y las comercializadoras, “lo máximo a lo que llegaron las partes”.
Unzueta se ha referido a las opciones que tienen los inversores y ha dicho que, aunque el coste es muy variable, en una primera aproximación para un inversor medio de unos 20.000 euros acudir a la vía judicial puede suponer unos 3.000 o 4.000 euros de gasto. Aunque los tribunales hasta ahora están dando la razón a los consumidores, Unzueta recordó que hay que tener en cuenta que en sus resoluciones están restando los intereses que han ido cobrando de la cantidad que obligan a devolver a los bancos. “En el caso de optar por el canje la no necesidad de devolver los intereses cobrados hasta ahora puede compensar la quita del 30% por ciento establecida en la propuesta de Eroski”, apuntó.
La directora de Kontsumobide reveló que algunas entidades comercializadoras de las aportaciones están trabajando para poder hacer “mejoras” en la liquidez del canje, especialmente para las personas que atraviesan mayores dificultades, aunque no ha especificado más.
La oposición no ha recibido de buen agradolas explicaciones del Gobierno. La parlamentaria del PSE Txaro Sarasua ha reprochado a Darpón y a la directora de Kontsumobide que el Instituto se haya limitado a justificar el papel de “mediador” para dar como resultado una propuesta de canje que “ha dejado insatisfecha a gran parte de los afectados. ”. “El papel del Instituto de Consumo debe ser activo en defensa de los consumidores y no lo está siendo”. Los socialistas se oponen a la propuesta de canje con una quita porque “los usuarios no pueden pagar el engaño que han sufrido”.
