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Los costes de la corrupción

¿Cuál es el coste de la corrupción?

Un estudio reciente sugiere que las ganancias monetarias de una Administración más meritocrática y despolitizada podrían ser muy significativas

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No sabemos cuánto nos cuesta la corrupción. Algunos académicos lo cifran en un 1% del PIB, es decir en unos 10.000 millones para el caso de España, mientras la Comisión Europea entiende que son unos  120.000 millones para el conjunto de la Unión. Pero investigaciones recientes, siguiendo metodologías muy distintas y estudiando casos muy heterogéneos, apuntan a que los costes reales de la corrupción pueden ser mucho más grandes. La corrupción se está convirtiendo en una de las amenazas más serias a la convivencia en todo el planeta. De los países más desarrollos a los más pobres.

Durante los últimos años hemos perfeccionado la forma de medir la corrupción en las democracias avanzadas. Nuestro principal escollo ha sido, y sigue siendo, la necesidad de confiar en medidas de corrupción basadas en percepciones subjetivas o “blandas”. Por una parte, es natural, porque no nos podemos fiar de los indicadores objetivos o “duros”. Por ejemplo, un aumento de los casos “objetivos” de corrupción en un país ¿indica que la corrupción ha ido en ascenso o que, por el contrario, ahora por fin estamos de verdad luchando contra ella?

Así que, dada la imposibilidad de medir la corrupción real, debemos confiar en las opiniones de expertos, ciudadanos, empresarios, y el largo etcétera de individuos cuyas opiniones se ponderan para establecer los índices de corrupción (o su inversa, de buen gobierno), que utilizamos para comparar  países comunidades autónomas.

Pero, por otra parte, estos indicadores, si bien pueden darnos una imagen más o menos fidedigna sobre si las “cosas funcionan” o no en un lugar, presentan problemas obvios, como su inelasticidad a los cambios –a la gente le cuesta ajustar sus percepciones– o su incapacidad para aislar problemas puntuales de corrupción. Por ello, están surgiendo fórmulas imaginativas para medir la corrupción que más que alternativas cabría calificar de complementarias, pues ineludiblemente tendremos que seguir conviviendo en el futuro con las medidas subjetivas de corrupción. Que, repito, a pesar de sus defectos suelen ser la opción menos mala.

Un ejemplo de medida no basada en percepciones sino en datos objetivos es la propuesta de Mihály Fazekas, de la Universidad de Cambridge, con quien hemos tenido el lujo de participar algunos investigadores del Instituto de Calidad de Gobierno de Gotemburgo en el siguiente  estudio sobre el impacto de la meritocracia sobre los riesgos de corrupción en regiones europeas.

Lo que hacemos es explorar una base de datos que contiene los 1,4 millones de contratos públicos concedidos por todas las administraciones de los países de la Unión Europea y que cumplen una serie de requisitos para ser codificados por las autoridades europeas, como que son los suficientemente grandes (normalmente, aquellos que exceden de los 125.000 euros).

Mirando todos los contratos, podemos detectar unos patrones sospechosos que, por supuesto, no indican corrupción, pero sí un riesgo de abuso del poder público para beneficiar a un contratista. Por accidente o deliberadamente, en eso no podemos entrar. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de concursos públicos a los que, en una región o comunidad autónoma (hemos desagregado los datos a ese nivel, pero obviamente se pueden desagregar a otros niveles), se presenta un solo ofertante? ¿Cuántos contratos siguen unos criterios de publicidad y transparencia menores que los habituales? ¿Cuántos criterios de adjudicación de naturaleza subjetiva no relacionados con el precio hay en el contrato? ¿Qué contratos presentan un periodo de licitación sospechosamente corto? A partir de estos elementos, se puede construir un Índice de Riesgo de Corrupción.

Evidentemente, este índice, que, por cierto correlaciona bien con otras medidas subjetivas de  percepción de la corrupción para regiones europeas que hemos desarrollado anteriormente, no captura la corrupción real, pero permite detectar unas zonas grises donde podrían darse comportamientos corruptos.

El estudio permite estimar de forma indirecta los costes de la corrupción. Y también, algo muy importante, los beneficios que obtendríamos de reformar las instituciones para luchar contra la corrupción.

En particular, como comentaba anteriormente, en el estudio exploramos los efectos de tener una Administración pública meritocrática; es decir, hasta qué punto importa el mérito y la capacidad (no las conexiones políticas) para hacer carrera en la Administración pública de una región.

Las diferencias dentro de los países son notables. Por ejemplo, la meritocracia (que va de 2,21 a 5,57 en toda la muestra) es significativamente mayor en Hamburgo (5,17) que en Turingia (3,84), dentro de Alemania. O en el caso de España, la meritocracia aparece como bastante mayor en Navarra (4,96) que en Andalucía (3,72). Si analizamos el impacto para todas las regiones europeas, vemos que un aumento de tres desviaciones estándar en el nivel de meritocracia se traduciría en unos ahorros para los contratos públicos de entre 14.000 y 31.000 millones de euros para el conjunto de la Unión. Un ahorro muy importante que se podría llevar a cabo “simplemente” (entrecomillado, pues a pocos partidos, sobre todo del establishment, les apetece de veras reformar la Administración pública) asegurando unas carreras en la Administración auténticamente meritocráticas y despolitizadas.

Y esto sólo en relación a estos contratos públicos. Si tenemos en cuenta todos los contratos públicos y, yendo aún más allá, todas las actuaciones públicas, incluyendo todas las regulaciones, subsidios y prestaciones que podamos imaginar, los costes de la corrupción –o los beneficios de minimizarla, si nos ponemos optimistas– podrían ser inmensos. Estamos, por tanto, delante de un reto central para las democracias europeas.

Y esto sólo en relación a esa porción pequeña del mundo que representan las naciones europeas avanzadas. Los costes de la corrupción son mucho mayores, y más difíciles de calcular, en el resto del mundo. Ello será el objeto de una próxima entrada en este blog.

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Víctor Lapuente Giné es profesor de ciencias políticas de la Universidad de Gotemburgo y autor de El retorno de los chamanes (Ed. Península), de próxima publicación.

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