El Congreso gastará tres millones no previstos en rematar obras y arreglar desperfectos
Las obras del Congreso de los Diputados parecen no tener fin. Después de más de tres años con el edificio rodeado de vallas, andamios y con parte de sus dependencias cerradas por reforma, la Cámara se ha visto obligada a reconocer ahora que se deben realizar algunos “remates” para paliar algunas “deficiencias” estructurales que han ido surgiendo. Para ello se han presupuestado unos tres millones de euros que hay que sumar a los otros seis millones que la Cámara Baja ha gastado desde 2011 en reparaciones y rehabilitaciones. Gran parte de esa cifra millonaria ha corrido a cargo de Patrimonio del Estado.
Este vez, sin embargo, será la propia Cámara la que aportará el dinero, que sacará de una cuenta de remanentes que se nutre del sobrante de los presupuestos anuales del Parlamento. En la actualidad, hay en ella más de 85 milllones de euros, según confirman a eldiario.es fuentes del Congreso.
La empresa Dragados será la encargada de ejecutar también estas obras dado que la Mesa de la Cámara había decidido en julio de 2014 adjudicarle el contrato entre las cinco empresas que presentaron ofertas. En el propio informe se señala que el procedimiento de la adjudicación fue “negociado sin publicidad por razones de seguridad”.
La polémica sobre si el histórico edificio mantenía las debidas condiciones de seguridad surgió hace unos meses a raíz de un reportaje publicado por la revista Interviú en el que se desvelaba que el edificio sufría numerosas deficiencias estructurales que ponían en peligro su seguridad, según varios informes técnicos que la propia Cámara había encargado y que mantenía “en secreto”. El reportaje causó un gran malestar entre los miembros de la Mesa que argumentaban que “si eso fuera cierto, ¿cómo podríamos estar viniendo a diario a trabajar tan tranquilos sabiendo que ponemos en riesgo la integridad de todo el personal?”.
Con la evidente finalidad de contrarrestar los inquietantes datos que aportaba el semanario, la Cámara encargó de inmediato a la arquitecta conservadora del Palacio, Ana Jiménez Díaz-Valero, la elaboración de un informe sobre el estado del edificio. En él se concluye que los muros de la fachada están “estabilizados” y se añade que “a pesar de la aparatosidad de las lesiones que se observan, su repercusión en la seguridad de las cimentaciones es muy poco relevante, por lo que la reparación recomendada puede perfectamente integrarse en los trabajos, ya previstos, de rehabilitación general de los sótanos”. La frase, sin embargo, lleva el reconocimiento implícito de que, en efecto, en el edificio hay “lesiones” importantes ocasionadas en buena medida por las propias obras ya realizadas.
En el informe se afirma que a lo largo de los próximos meses -previsiblemente hasta noviembre- se realizarán “nuevos recalces en la cimentación”. En concreto, se alude a “la esquina sureste de la fachada principal” donde se ha encontrado terreno “poco consistente” que será necesario consolidar.
También se asegura que se sustituirán todas las bajantes del Palacio y que se ha creado un anillo de recogida de agua en el sótano para eliminar la posibilidad de nuevas humedades en la cimentación. Asimismo, se explica que “se ha reparado toda la estructura de madera, procediendo al saneado y tratamiento contra la carcoma”.
El Congreso prevé, además, acometer mejoras en el sótano -1 del edificio, “en el que se acometerán todas las labores de restauración de la estructura de muros de carga, adecuación de instalaciones, de modo que no lesionen los muros e instalación de espacios”. Precisamente, en uno de los sótanos es donde, según cuentan algunos trabajadores, el expresidente del Congreso, José Bono, planeó en 2009 abrir un restaurante de lujo que incluso fue proyectado. Un extremo que niegan tajantemente las fuentes consultadas del Congreso.
Según la versión que ofrecen a eldiario.es, en realidad la idea surgió al final de la etapa de Manuel Marín, justo cuando estaba a punto de comenzar su mandato Bono. Los sotanos del Congreso ya estaban en obras. “Fue una conversación informal, de café, en la que alguien dejó caer que era un lugar en donde no estaría mal abrir el restaurante”. Y ahí quedó la cosa, “como una simple ocurrencia”.
Pero la versión que da Interviú es que incluso se llegó a adquirir diverso material -entre otras cosas, losetas de caro mármol para el suelo- para comenzar el proyecto, Según la revista, este material se encuentra desde entonces en una nave que el Congreso tiene en alquiler en Coslada y por la que pagará este año más de 97.000 euros.
Lo cierto es que a lo largo de estos años los trabajos llevados a cabo en el Palacio han estado salpicados por sonadas incidencias. Una de ellas ocurrió en septiembre de 2013 cuando desaparecieron varias de las muescas de los disparos lanzados por los guardias civiles de Tejero en 1981. La empresa Dragados, a la que le fueron adjudicadas las reformas por importe de 4,4 millones de euros, había recibido la orden de respetar las señales de los históricos tiros del 23-F, principal atracción de las visitas a la Cámara. Pero, por un descuido, los operarios no se dieron cuenta y eliminaron una rejilla de ventilación detrás de la que se encontraban algunas de estas muescas. La solución fue exhibir, dos meses después, en una urna de cristal la rejilla con los impactos de bala.
Las incidencias no se quedaron ahí porque el mismo día en el que se iba a celebrar el primer pleno después de las vacaciones de verano, a mediados de septiembre de ese mismo año, el presidente Posada tuvo que suspender la sesión ante las tremendas goteras que había en el hemiciclo. Se afirmó entonces que la culpa fue de la gran tromba de agua que cayó aquel día en Madrid que taponó varios desagües antiguos de las bajantes del edificio. Las obras de remodelación en curso tampoco tuvieron nada que ver, según la Cámara.
