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Desahucios: el acuerdo que pudo ser

El Gobierno ofreció 3.000 viviendas para alquiler social y después retiró la oferta

Julio Rodríguez (negociador PSOE): "Las familias en riesgo de exclusión dentro de dos años estarán peor que ahora"

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El Gobierno estuvo dispuesto a exigir a los bancos la aportación de 3.000 viviendas vacías para destinarlas a alquiler social de desahuciados. Es una de las propuestas que el ejecutivo puso sobre la mesa de negociación sobre desahucios con el PSOE pero que finalmente fue retirado del acuerdo. Así lo señala Julio Rodríguez, uno de los negociadores enviado por los socialistas: "Se habló de 3.000 viviendas en algún documento del Gobierno que finalmente fue eliminado".

Finalmente en el decreto aprobado este jueves, el Gobierno no especifica el número de viviendas para ese parque social ni los requisitos para ser beneficiario de un supuesto "alquiler blando". El BOE tan sólo recoge la intención del ejecutivo de crear ese parque social sin hacer más especificaciones al respecto.

En declaraciones a eldiario.es Julio Rodríguez señala que "es imprescindible que se amplíe el espectro de hogares afectados por la moratoria y se determine qué pasa después de esos dos años". Según este economista cercano al PSOE y en su día director del Banco Hipotecario, "en este punto el gobierno adoptó la posición más frívola sin tener en cuenta que las familias en riesgo de exclusión dentro de dos años estarán peor que ahora".

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros no concibe ese periodo de dos años como un plazo para que los deudores reconstruyan su situación económica sino como un aplazamiento para la irremisible expulsión de sus viviendas.

Durante los tres días de negociación, el Gobierno entregó varios documentos a la delegación socialista. Todos ello, según Rodríguez, mucho más ambiciosos que el decreto finalmente aprobado. Según Rodríguez el Gobierno se retiró de la negociación "en un ataque de frustración" cuando se habían producido muchos avances entre las partes, incluso la luz verde del ejecutivo para reformar la ley de enjuiciamiento civil en lo relativo a desahucios.

Otro acuerdo que estuvo cerrado y acabó en la papelera se refiere a la creación de una comisión de control que vigilase a los bancos en la paralización de los desahucios. Según Julio Rodríguez, "las reticencias del Gobierno a acuerdos que en principio aceptaban inspira la presencia del lobby bancario en las negociaciones".

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