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Cuando los políticos confunden lo público con lo privado

La número tres del presidente de la Generalitat Valenciana, Esther Pastor, engrosa la lista de políticos y sindicalistas que han sido denunciados por utilizar fondos públicos en su propio beneficio

Un caso que dio mucho que hablar fue el del exalcalde de León Mario Amilivia, del PP, que cargó la gomina que usaba para el pelo al presupuesto municipal

Hay ediles que han llegado a pagar con la tarjeta visa del Ayuntamiento sus visitas a prostíbulos y locales de alterne

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Chocolate, refrescos, queso fresco, avíos para cocido, gomina para el pelo, viajes familiares, fiestas..., incluso cocaína y visitas a prostíbulos. La lista de "bienes y servicios" que algunos políticos han llegado a cargar al erario público, sin ningún pudor, para su disfrute privado es larga y variopinta. Casi tan larga como el listado de cargos públicos que han protagonizado estos escándalos, que tarde o temprano siempre terminan saliendo a la luz. En esa lista figuran también sindicalistas que se han aprovechado del dinero público con el que son subvencionadas sus centrales. Un dinero que no es suyo y de cuyo uso tienen que rendir cuentas, algo que parece que a algunos no les acaba de entrar en la cabeza.

Le ocurrió a Mario Amilivia en León durante su largo mandato como alcalde de esta provincia. El dirigente del PP saltó a la fama en enero 1999 y no precisamente por su brillante gestión al frente del consistorio, sino por la brillantina que usaba para engominar su pelo, que cargaba a la cuenta municipal. Gomina, diversos productos de aseo, crema para zapatos, escobillas para el baño, puros, leche evaporada, café.. y hasta 400.000 de las antiguas pesetas en diferentes comestibles comprados en un supermercado, según destapó entonces el Grupo Municipal Socialista leonés.

Amilivia no consideró importante su comportamiento y, lejos de dimitir, volvió a presentarse a las siguientes elecciones, que ganó, aunque esta vez sin mayoría absoluta. En octubre de 2007, siendo ya simple concejal del Ayuntamiento de León y senador, abandonó sus cargos para presidir el Consejo Consultivo de Castilla y León. Todo un premio a su "labor".

El alcalde del PP de la localidad alicantina de Dolores, Antonio Ruiz Meroño, no tuvo tanta suerte. Fue suspendido de militancia tras descubrirse que realizó varios pagos en un club de alterne de Guardamar con la visa municipal. Fue a juicio. Pero en julio de 2002 la Audiencia de Alicante rebajó la pena inicial de 21 meses que pedía el fiscal y le condenó tan sólo a seis meses al considerar que había “reconocido los hechos”.

Su compañero de partido y exconcejal de Urbanismo de Palma de Mallorca, Javier Rodrigo de Santos López, también tuvo que sentarse en el banquillo, acusado de gastarse en 2009 nada menos que 50.000 euros en prostíbulos con la visa plata municipal. El edil del PP fue condenado en abril de 2010 a dos años de cárcel y a otros dos de inhabilitación por malversación de caudales públicos.

En su “defensa” alegó que era “adicto a las drogas”. Pero lo peor fue que Rodrigo de Santos fue condenado ese mismo año a otros 13 años y seis meses de prisión al comprobarse que estuvo con menores de edad. Meses después, el Tribunal Supremo le rebajó la pena a cinco años por considerar que las relaciones sexuales que mantuvo con un chico de 14 años habían sido “consentidas”.

En el PSOE también cuentan con el caso del exalcalde socialista de Valverde del Camino (Huelva) y exdelegado provincial de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Domínguez. En febrero de 2011 también tiró de la tarjeta visa platinum del Ayuntamiento para abonar 3.685 euros en un prostíbulo de Sevilla cuando aún ocupaba la alcaldía.  Dimitió. Se le investigó, pero más de un año después, en junio de 2012, la Fiscalía provincial archivó su caso por considerar que “no había pruebas suficientes” de los hechos.

Pero hay un escándalo que en Andalucía nadie olvida: el de Juan Francisco Trujillo, el antiguo chófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero Benítez, los dos, implicados en el escándalo de los ERE. Trujillo desviaba dinero de las ayudas públicas que recibía el departamento de su jefe para fiestas, copas y compra de cocaína que ambos consumían.

El chófer reconoció ante la policía que invirtió además 900.000 euros de esas subvenciones para crear una empresa de muebles y un negocio propio de casas rurales en la sierra de Andújar. También en material de telefonía, artículos de música, antigüedades o ropa. Tanto Juan Francisco Trujillo como Francisco Javier Guerrero están en la cárcel por orden de la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso. 

Al hilo de algunas de estas investigaciones, también se ha destapado el uso indebido de dinero público que han hecho varios dirigentes de UGT de Andalucía, entre otras cosas, en costosas comidas, mariscadas y barra libre en la Feria de Abril. Todo a costa de las subvenciones que recibe el sindicato de la Junta. El caso, que se une al de las facturas falsas y otras irregularidades destapadas en UGT, ha sido denunciado ante la Fiscalía por UPyD y está siendo investigado. De momento, ha provocado el cambio de la cúpula del sindicato andaluz y está haciendo también tambalearse a Cándido Méndez en el cargo de secretario general.

La boda de las hijas

Cataluña es otro de los focos donde diversos políticos se han visto en la picota por la utilización de fondos públicos para su uso privado. El caso más escandaloso ha sido el de Fèlix Millet, presidente del Palau de la Música, y el de sus directivos, por el desvío durante años de millones de euros de los fondos del organismo público dependiente de la Generalitat de Catalunya.

Aunque venía de antiguo, el caso estalló con toda su virulencia en 2009. Así se descubrió que Millet, sin ningún escrúpulo, pagó en los banquetes de las bodas de sus hijas, viajes familiares y otros gastos privados con dinero del Palau. Las investigaciones policiales y judiciales llevadas a cabo destaparon un auténtico saqueo no sólo por parte de Millet sino también de otros directivos, que llegaron a encargar obras en sus domicilios particulares también con el dinero del Palau. El propio Millet reconoció el expolio. Sin embargo, de momento, sigue en la calle a la espera de juicio.

Al lado de lo narrado, otros casos parecen peccata minuta . Como la denuncia que en octubre de 2012 realizaron en el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) el Partido Nacionalista de Lanzarote-Nueva Canarias (PNL-NC) y Alternativa Ciudadana contra el asesor de Coalición Canaria y del Partido Socialista, Domingo Hernández Álvarez, “por el aprovechamiento que hace del dinero público con consentimiento del primer teniente de alcalde, D. José Montelongo”. Este “aprovechamiento” no era otro que llenar de gasolina el depósito de su vehículo particular con cargo a la cuenta del Ayuntamiento.

Pese a la alarma social y la indignación ciudadana que todo esto causa, mucho más aún, ya que estamos en época de crisis y de duros recortes, el goteo de escándalos no cesa. El último en salir a la luz ha sido el de la dirigente del PP Esther Pastor, secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Generalitat Valenciana. Pastor autorizó un gasto de 3.000 euros, durante 2012 y el primer trimestre de 2013, en diversos alimentos para el departamento de Presidencia, según ha transcendido tras la denuncia interpuesta por Manos Limpias contra la colaboradora de Fabra por el pago de habitaciones de hotel para su uso privado.

Fiestas de pijama

El conocimiento de estos hechos ha encrespado a los valencianos aunque tampoco les ha sorprendido demasiado, acostumbrados como están a que su comunidad cada dos por tres sea primera página de los periódicos por causa de los numerosos desmanes que han cometido muchos de sus gobernantes. Desde los costosos regalos con los que obsequiaba la trama Gürtel a destacados políticos del PP para lograr sus favores, a las sonadas “fiestas de pijama” protagonizadas por Sonia Castedo, involucrada en varios casos de corrupción como alcaldesa de Alicante, Ayuntamiento al que está llevando al borde de la quiebra

A todo esto hay que sumar el caso Nóos, en el que están inmersos la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, que han estado utilizando durante años el dinero que procedía de las arcas públicas para su disfrute personal. Según el auto de imputación del juez José Castro, el matrimonio cargó todo tipo de facturas privadas a la cuenta de una de las empresas fantasma que recibía fondos de Nóos: Aizoon. Fondos con los que reformaron el palacete de Pedralbes, organizaron fiestas familiares o utilizaron para viajar por el mundo, pernoctar en lujosos hoteles, alquilar una limusina o comprar ropa de marca, entre un largo etc. Unos gastos que en la mayoría de los casos pagó la infanta con la visa de la empresa sin declararlos luego a Hacienda y que el propio Urdangarin ha calificado recientemente de "ridículos".

Se da la circunstancia de que el pasado mes de diciembre entró en vigor la Ley de Transparencia, de la que ha hecho bandera el Gobierno del PP. Aunque la Casa Real está incluida en la ley, será la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno la que se encargará de tramitar y, por lo tanto, de filtrar, las peticiones que lleguen sobre asuntos relacionados con la familia real. Los ciudadanos seguiremos sin conocer detalle de la Zarzuela como los gastos de mantenimiento, el dinero que se gastan en comida, los coches oficiales de los que disponen, o las inversiones o negocios que efectúe cualquiera de los miembros de la familia.

Los cargos públicos, al margen de lo que tipifique el Código Penal por la comisión de un delito, están sujetos a los mandamientos del Buen Gobierno, única parte de la Ley de Transparencia que ha entrado por ahora en vigor. El punto 4 del artículo 30 dice que “los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente”. Un castigo que, si lo comparamos con los 40 años de inhabilitación que le pueden llegar a caer al juez Elpidio Silva por ordenar meter en prisión a Blesa, parece muy "tibio".

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