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El Gobierno pide al Constitucional que suspenda todas las resoluciones sobre el referéndum

Rajoy ha calificado de "intolerable acto de desobediencia", lo ocurrido este miércoles en el Parlament: "La Constitución se puede modificar, pero no con ilegalidades"

"Soy muy consciente de lo que está en juego, sé de lo que se espera de mí. No he dedicado tantos años a mi país como para permitir ahora que se rompa nuestro modelo de convivencia", afirma

El Ejecutivo ha solicitado al Constitucional que notifique a más de mil cargos y funcionarios las consecuencias del incumplimiento de sus resoluciones 

Desde Moncloa se recuerda que una vez que el Tribunal suspenda la norma del referéndum también los particulares están sujetos a su cumplimiento

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Rajoy advierte a Puigdemont: "haré todo lo necesario sin renunciar a nada" para defender la democracia española

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su comparecencia

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves tras el consejo de ministros extraordinario que ha pedido a la Abogacía del Estado que traslade una serie de recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra La Ley del referéndum, contra la convocatoria de la consulta independentista del 1-O y la designación de los miembros de la sindicatura del referéndum, tras el desafío de la convocatoria del referéndum de independencia por parte del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y los miembros de su Ejecutivo.

Rajoy ha hecho un llamamiento directamente a los dirigentes de la Generalitat a los que ha instado a "abandonen ya esa escalada de ilegalidad, de crispación y de autoritarismo, porque el Estado de Derecho no se va a plegar a sus bravatas ni a sus ilegalidades".

En su recurso, además de solicitar la nulidad de todos estos actos y que se decrete la suspensión de los mismos invocando al artículo 161.2 de la Constitución, el Gobierno de Rajoy pedirá al Constitucional que traslade por escrito a Puigdemot y todos los miembros de su Gobierno y cargos ejecutivos, a los responsables de los medios de comunicación públicos catalanes, a los 947 alcaldes catalanes y todos los cargos públicos que puedan estar relacionados con la convocatoria del referéndum las consecuencias legales de un posible incumplimiento. Esto supone que más de 1.000 personas recibirán la notificación del alto Tribunal.

Este aviso les llegará a los alcaldes previsiblemente tras una misiva que el Gobierno ha enviado a todos los responsables de los consistorios de Catalunya en el que recuerda la ilegalidad que supone "la convocatoria y celebración de un proceso refrendario de esta naturaleza" que atenta contra la Constitución española.  

Además, fuentes de Moncloa avisaron de que una vez que el Constitucional apruebe  la suspensión de la norma de consultas, todos los particulares están supeditados a su cumplimiento, con vistas a evitar que la Generalitat catalana utilice a voluntarios para  organizar el referéndum independentista.

"Soy muy consciente de lo que está en juego, sé de lo que se espera de mí. No he dedicado tantos años a mi país como para permitir ahora que se rompa nuestro modelo de convivencia. No renunciaré a nada para evitarlo. Vamos a demostrar que la democracia se defiende de los enemigos de la convivencia. Y lo vamos a hacer bien, que es como se hacen las cosas", ha afirmado.

El presidente también ha firmado un incidente de ejecución contra la admisión a trámite de la Ley de transitoriedad para que el Constitucional dé los primeros pasos para trabar la norma que regula el camino para la independencia de Cataluña.

La actuación judicial del Gobierno es "obligada", según Rajoy, por "la necesidad de defender principios básicos como la legalidad, la soberanía nacional y  la dignidad de las instituciones, además de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los catalanes".

Rajoy ha hecho ente anuncio en Moncloa, acompañado por todos los ministros salvo el titular de Exteriores, una vez que el fiscal general, José Manuel Maza, ha avisado de su intención de perseguir a la Mesa del Parlament y al Gobierno de Puigdemont por la presunta comisión de "al menos" los delitos de "desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos".

Nuestro Estado de Derecho puede parecer a veces lento, a veces tímido frente a la osadía de quienes lo desafían, a veces desconcertado por su propia pluralidad frente al monolitismo impuesto por otros; pero esas apariencias no deben llevarnos a engaño. Tenemos una gran fortaleza interior que aparece en los momentos necesarios. Es la fuerza de la concordia con la que hemos cimentado nuestra convivencia democrática, es la fuerza de la unidad de los demócratas, es la fuerza de la democracia", ha recalcado presidente.

"El Gobierno defiende el imperio de la ley", ha afirmado Rajoy. El presidente ha comentado que entiende "la preocupación de mucha gente, su incertidumbre. Todos tenemos motivos para la inquietud porque nunca habíamos sufrido un ataque a la convivencia semejante". 

"La consulta no se va a celebrar en ningún caso", ha sentenciado el presidente del Gobierno: "Defendemos la soberanía nacional, el principio de legalidad y las instituciones. Defendemos los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo los de los catalanes".

Rajoy ha calificado de "intolerable acto de desobediencia", lo ocurrido este miércoles en el Parlament: "La Constitución se puede modificar, pero no con ilegalidades. Los responsables de este proceso no han tenido reparo en forzar las reglas de juego y desobedecer las advertencias de sus letrados". 

Respecto a la sesión parlamentaria, el presidente ha querido dar "el  reconocimiento y la gratitud a la oposición y los responsables de los servicios jurídicos" de la Cámara catalana. Además, ha resaltado que "gracias a ellos el Parlament sigue siendo hoy una institución respetable. 

"Al recurrir las leyes de convocatoria del referéndum, el Gobierno también está defendiendo la dignidad de las instituciones catalanas y los derechos de los catalanes", ha defendido Rajoy.

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