El Gobierno de El Salvador reconoce oficialmente desplazamiento por pandillas

El ministro de Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez, aseguró hoy que el Ejecutivo prepara un protocolo de atención a víctimas de desplazamiento forzado por la violencia de las pandillas, con lo que el Gobierno reconoció oficialmente el fenómeno.

Ello pese a que, poco antes, el mismo Ramírez restó importancia a un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre el desplazamiento forzado por la violencia, aduciendo que el Gobierno posee “estudios de caracterización” que “no respaldan las conclusiones” de ese documento.

Las organizaciones sociales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han criticado al Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén en diversas ocasiones por no atender a las víctimas ni reconocer el problema, al grado de restar importancia a diversos informes.

“El próximo año esperamos abordar esta problemática de una forma diferente, (...) dando un servicio más integral, porque no es un problema únicamente a tratar por parte de instituciones de seguridad”, sino que “tiene que ver con el trabajo de diferentes instituciones del Gobierno y la sociedad civil”, dijo el funcionario en una entrevista televisiva.

Ramírez sostuvo que se espera terminar este año con el diseño de un “protocolo de actuación” para “prevenir los hechos, detectarlos oportunamente, brindar un servicio de protección integral y finalizar con el retorno” de los desplazados.

El ministro de Seguridad señaló que han trabajado esta iniciativa de atención “con todas las instituciones del sector público, con la sociedad civil y que ha contado con el apoyo de organizaciones internacionales”, sin entrar en detalles.

El pasado 23 de noviembre, la titular de la PDDH, Raquel Caballero, censuró al Gobierno por no reconocer oficialmente el fenómeno de los desplazamientos forzados que generan las pandillas y, en algunas ocasiones, los cuerpos de seguridad.

“Estamos en presencia de desplazamientos forzados y es importante la creación de un mecanismo de respuesta a favor de las víctimas” porque “es un tema que ya no puede negarse”, señaló Caballero en conferencia de prensa.

La PDDH difundió recientemente un informe en el que da cuenta de los 138 casos de desplazamiento que registró entre abril de 2016 y mayo de 2017, que involucran a 458 personas de diferentes zonas del país y al que Ramírez restó importancia.

De acuerdo con el estudio, el 83 % de los desplazamientos forzados son generados por las pandillas, el 4 % por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el resto por “desconocidos” y “otros”.

La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió recientemente cuatro recursos de amparo por cuatro familias desplazadas por la violencia, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió “medidas cautelares de protección a favor de uno de los casos”, según la organización Cristosal.

La relatora especial de la ONU sobre desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, pidió el pasado 18 de agosto al Gobierno de El Salvador reconocer plenamente el fenómeno de los desplazamientos forzados que generan la violencia de las pandillas y, en ocasiones, las fuerzas de seguridad.