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Un hospital público de Madrid subcontrata el servicio de anestesiología a sus propios empleados

Médicos en centros públicos han montado una sociedad a la que el Infanta Elena, de gestión privatizada, encarga la anestesiología

Son hospitales cuya gestión ha cedido la Comunidad de Madrid a IDCSalud, ex-Capio, a la que en 2011 pagó 43 millones de euros sólo por este centro de Valdemoro

La administración afirma que no le constan las subcontrataciones, y la adjudicataria sostiene: "El servicio es nuestro"

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El hospital subcontrata los servicios de anestesología a un tercero.

El hospital subcontrata los servicios de anestesiología a un tercero.

Son jefes de servicio en nómina de hospitales públicos cuya gestión la Consejería de Sanidad ha cedido a una empresa privada. Y también titulares de una sociedad a la que estos mismos gestores subcontratan los servicios de anestesiología. Como matrioskas, los negocios privados crecen, uno dentro de otro, pagados por los presupuestos de la Comunidad de Madrid.

El hospital Infanta Elena de Valdemoro, a cargo de IDCSalud, encargó la labor de los anestesistas a Medanest XXI el 12 de noviembre de 2007. Los administradores solidarios de esta sociedad son Alejandro Mayor Cacho –jefe del Bloque Quirúrgico del Hospital Infanta Elena– y Luis Enrique Muñoz –jefe de Anestesiología en la Fundación Jiménez Díaz–. Ambos hospitales pertenecen a la red pública sanitaria de la Comunidad de Madrid y están gestionados por la empresa IDCSalud (ex-Capio).

Según reveló la fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el ejercicio de 2011, ese año el importe de las facturas ascendió a 649.992 euros. Más allá de este contrato, los facultativos mantienen su sueldo como empleados de IDCSalud.

La inauguración oficial del centro fue el 24 de noviembre, aunque el reclutamiento había comenzado ya el 16 de septiembre de 2007: "Empresa de servicios médicos en Madrid necesita anestesiólogos para nuevo hospital de aprx. 100 camas" era el anuncio, con la siguiente referencia: luisMuñoz/luisema1@mi.madritel.es/medanest XXI.

Prórrogas cada año

Medanest XXI está encargada por ese contrato del "estudio, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y control de las anomalías y enfermedades que son de la competencia de los médicos de anestesiología y terapéutica del dolor a todos los pacientes que sean atendidos en el Centro", según pudo confirmar la Cámara de Cuentas.

Se fijó una duración del contrato de un año, que se ha ido prorrogando hasta la actualidad. Es decir, se ha encargado de conformar la unidad. En la memoria de 2012 del hospital se da idea del volumen que supone esta subcontratación: 4.947 consultas de preanestesia, 490 consultas externas de la Unidad de Dolor, bajo la coordinación del doctor Alejandro Cacho, con 15 médicos adjuntos en su organigrama. "El servicio es nuestro y la responsabilidad, nuestra", contestó a eldiario.es a un portavoz de IDCSalud.  

Entre esos 15 nombres que cita la memoria completa del Infanta Elena, aparece el doctor José Luis Ayala, quien en ese año 2012 es reseñado también como coordinador del Bloque Quirúrgico y jefe de Servicio de Anestesia del Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles). Un centro de titularidad pública cuya gestión sanitaria privatizada fue adjudicada por la Consejería de Sanidad a IDCSalud.

Estos tres anestesiólogos: Alejandro Mayor, Luis Enrique Muñoz y José Luis Ayala, forman la junta directiva de otra empresa llamada Medanest Médica con el objetivo de "introducir un modelo de gestión moderno, seguro y eficaz a la provisión de servicios anestésicos". Así ofertaban puestos de trabajo en noviembre de 2008: "Se necesitan anestesiólogos para trabajar en Madrid y alrededores. Hospitales públicos y privados. Interesantes ingresos anuales. Posibilidad de dedicación completa o parcial". La referencia era "Luis Muñoz/luisema1@ono.com/medanest medica.

El hospital Infanta Elena de Valdemoro funciona como adjudicación administrativa. La empresa encargada de su gestión (IDCSalud-Valdemoro) recibió en 2011 más de 43 millones de euros de la Consejería de Sanidad. A pesar de que las cláusulas contractuales especifican que la subcontratación de servicios sanitarios requiere la autorización de la autoridad sanitaria, el SERMAS asegura que "no tiene constancia de posibles solicitudes que hayan podido hacer empresas concesionarias".

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