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Esas cosas que dañan la democracia

La dimensión de los casos de corrupción expuestos nos alerta sobre un verdadero entramado de relaciones que crecen y se multiplican entre personas con responsabilidades significativas en un partido para penetrar en las instituciones

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El TSJC rechaza que Rajoy y Catalá testifiquen en el juicio por el 9N

Mariano Rajoy y Rafael Catalá. EFE

El ministro de Justicia lo tiene muy claro. Las críticas que se están manifestando estos días al Ministerio Fiscal hacen un daño tremendo al sistema democrático. Así se ha expresado en el marco de un desayuno informativo. Resulta sorprendente que precisamente él declare ahora algo así para abordar una situación tan comprometida como la que ha sacado a la luz el caso Lezo. ¿Qué parte de la selección de prensa que todas las mañanas recibe en su despacho el Sr. ministro no ha leído? No es la crítica a las instituciones lo que deteriora el sistema democrático. La crítica, como expresión del control imperativo propio de toda democracia, fortalece el sistema incluso cuando ésta resulta excesiva.

Todos sabemos que la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y, más aún, hacia algunas de las personas que ocupan cargos de responsabilidad se ha hecho evidente al descubrirse modos de proceder muy alejados de los estándares de honorabilidad exigidos o, incluso, comportamientos directamente contrarios a la ley.

Con todo, creo que los casos Gürtel, Púnica y, ahora, Lezo deben preocuparnos como ciudadanos de una manera especial. De hecho, hasta donde nos permiten conocer las investigaciones judiciales, ya se puede anticipar que no se trata sólo de meros comportamientos delictivos imputables a particulares de pocos escrúpulos y gran apego al dinero, sean éstos o no miembros de un partido político. Por supuesto que son personas individualmente consideradas las que con su comportamiento presuntamente delictivo asumen las oportunas responsabilidades políticas y, si es caso, las consecuencias de quebrantar la ley.

Sin embargo, no podemos ignorar que la dimensión de los casos de corrupción expuestos nos alerta, en realidad, sobre un verdadero entramado de relaciones que crecen y se multiplican entre personas con responsabilidades significativas en un partido para penetrar en las instituciones y, desde allí modificar el normal funcionamiento de las mismas hasta garantizarse un lucrativo negocio con beneficios económicos que repercuten no sólo en la mejora personal de quien los impulsa.

No olvidemos que más allá de los caudales que acumulen supuestas cuentas en Suiza de unos y otros, la financiación ilegal del Partido Popular está presente en cada uno de los casos que se encuentran sub iudice. Más aún, la degradación en el funcionamiento de las instituciones se aprecia con extrema claridad al conocer, a través de las conversaciones que se han hecho públicas del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, cómo pretendía impedir que las investigaciones sobre sus causas avanzaran confiando para ello en que los suyos con responsabilidad en la materia quitaran fiscales y jueces incómodos sustituyéndolos por otros pretendidamente más dúctiles.

Qué le pasa a nuestro sistema para soportar con tanta resiliencia unos niveles de corrupción tan elevados como los que acreditan, hasta la fecha, las investigaciones judiciales en curso. Qué le pasa también a nuestra sociedad para aceptar la corrupción como si fuera un fenómeno de la naturaleza en lugar de una conducta humana expresión del ejercicio de la libertad y la autonomía personal. Qué nos pasa como electores que nuestra profunda desafección no se traduce en un castigo más severo en las urnas para quienes, en cada momento, traicionen el compromiso de velar por el interés general fortaleciendo el sistema democrático.

La respuesta a estos interrogantes puede estar, al menos así lo creo yo, en cierta falta de sensibilidad hacia lo que deberíamos considerar como unos estándares de calidad democrática mínimos. Sea como fuere, lo verdaderamente relevante ahora no está tanto en encontrar explicaciones a lo que nos ha ocurrido, sino en buscar la forma de drenar el sistema para sanearlo. Y, para ello, resulta imprescindible acordar, aquí y ahora, el nivel de representación en el que consideramos necesario concretar la petición de responsabilidad política por lo ocurrido, así como identificar el alcance de dicha responsabilidad.

Los instrumentos constitucionalmente previstos al efecto resultan evidentes: preguntas parlamentarias, comparecencias parlamentarias, comisiones de investigación y, como ya ha señalado Podemos para escándalo de muchos, la presentación de una moción de censura al presidente. No parece que la iniciativa vaya a salir adelante, pero si consiguen plantearla, al menos, el presidente acudirá al Congreso de los Diputados y tendrá que ofrecer explicaciones. No es poco.

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