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El 155 puede ser el principio del fin de la democracia

A las consecuencias funcionales de la intervención se añadirá el estado de agitación permanente y puede que de intensidad creciente que registrará la vida social catalana

Ni hay suavidad posible ni se puede fijar el plazo de vigencia de la intervención. Porque la normalización de la vida política catalana no es posible en el horizonte previsible

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Rajoy y Puigdemont se vieron en Moncloa en enero, según La Vanguardia

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. EFE

Hay un enorme interés ciudadano y mediático por saber qué medidas concretas incluirá el artículo 155. Pero cuando se contemplen las consecuencias de su aplicación, se comprobará que esa información no era muy relevante. Porque lo de menos será el articulado y lo importante será lo que ocurra en la práctica. Y el texto, elaborado casi exclusivamente con el fin de salvar la cara a sus promotores, para que no aparezcan simplemente como verdugos de la autonomía catalana, quedará inevitablemente superado por los hechos. Desde el primer momento, pero sobre todo más adelante. ¿O es que prevé algo distinto a la represión policial para frenar la protesta por la ocupación de TV-3? ¿O qué se hará si los operativos de seguridad empiezan a fallar por mucho que los controle el ministerio del Interior? ¿O si se produce una crisis real de la economía catalana que dejaría pálidos a los problemas que ahora se registran?

Hace unas horas eldiario.es  publicaba una crónica sobre los nefastos efectos que está teniendo la intervención de las cuentas de la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda en la marcha cotidiana de los museos, los hospitales o los centros de investigación catalanes. Hacen falta autorizaciones del Estado hasta para coger un taxi, cualquier gasto de funcionamiento tiene que esperar semanas para ser aprobado. Si se aprueba el 155 algo muy parecido le ocurrirá a buena parte del aparato administrativo de la autonomía catalana y de la miríada de organismos autónomos que de ésta dependen. Y eso sin contar con la resistencia de muchos empleados públicos a acatar las órdenes que imparta el delegado de Madrid.

La actividad de la Generalitat y sus ramificaciones representa casi el 50 % de la economía catalana. Además, una parte significativa de la producción y de los servicios de las empresas privadas catalanas, y también la de unas cuantas españolas, dependen del presupuesto autonómico, de los pedidos que les hace el sector público, con procedimientos que llevan décadas aplicándose. Diga lo que diga el articulado del 155 será imposible evitar que el control de unos departamentos por parte del Estado Central tenga efectos en aquellos en los que teóricamente no se ha tocado nada. En definitiva, buena parte de la economía pública y privada se verá afectada por la intervención. Y ya se conocen, y no solo porque lo digan los neoliberales, los nefastos efectos que producen esos controles.

Es imposible hacer previsiones sobre las negativas consecuencias que eso puede tener. Pero los pocos que se atreven a sugerirlas hacen pronósticos muy pesimistas. El 155 puede ser un duro golpe para la economía. Catalana y española. Si las irresponsables afirmaciones del Gobierno español sobre el impacto que la crisis ha tenido hasta ahora fueran ciertas, que parece que no lo son, imaginemos hasta donde podrían llegar dentro de seis u ocho meses las caídas del PIB y de las inversiones, el aumento del paro y del desconcierto empresarial si se interviene la autonomía.

Porque a las consecuencias funcionales de la intervención se añadirá el estado de agitación permanente y puede que de intensidad creciente que registrará la vida social catalana desde el momento mismo en que el 155 entre en vigor. Está claro que las manifestaciones masivas tienen un límite, que no se puede sacar la gente a la calle todos los días. Pero está igual de claro que el independentismo no va a tirar la toalla o, cuando menos, que sus sectores más activos van a hacer todo lo que puedan para dificultar que se apliquen las medidas aprobadas por el Senado.

Si no hay duda de que la independencia catalana sólo será posible tras un pacto con el Gobierno central y la aquiescencia de las autoridades europeas, también lo es que el restablecimiento de la legalidad vulnerada por el independentismo el pasado 7 de septiembre no se podrá llevar a cabo plenamente si éste no se presta a ello, a cambio de contrapartidas bien precisas. O, dicho de otra manera, que dentro de unos meses se estará en la misma situación de partida. Es decir, que la única salida será la de la negociación. Como se sabía hace un año, hace dos, hace diez.

La última piedra filosofal que ha aparecido últimamente es la de unas elecciones anticipadas. Es otro engañabobos con el que se pretende distraer al amplio sector de la opinión pública española que cree que se tiene que hacer algo, pero no las barbaridades que propone José María Aznar y secunda Ciudadanos. Como los del del 155 “light” o el de duración limitada. Ni hay suavidad posible ni se puede fijar el plazo de vigencia de la intervención. Porque la normalización de la vida política catalana no es posible en el horizonte previsible. Y las elecciones sólo podrían frenar el proceso si las convocara Puigdemont siguiendo las reglas de la autonomía, es decir, rindiéndose. Lo cual no va a ocurrir. La otras, impulsadas por Madrid, son una entelequia.

Si algo no lo remedia de aquí al viernes que viene se irá definitivamente, hacia el desastre. Cada uno deberá cargar con su culpa si eso ocurre. El independentismo, por haber jugado a ser aprendiz de brujo, llevando las cosas al extremo, creyendo que así obligarían a ceder a su rival y no sabiendo cómo salir del entuerto cuando han comprobado que eso no ocurría. Mariano Rajoy, el PP y las instituciones jurídicas por ellos controladas provocando sin límites las reacciones más duras de sus adversarios y negándose desde el principio a reconocer la posibilidad de un diálogo.

Y el PSOE, que podía haber sido el intermediario soñado, sumándose con carros y bagajes al bando de la dureza del que difícilmente podrá bajarse si las cosas se ponen de verdad feas tras el 155. ¿Qué podrá hacer Pedro Sánchez para frenar a Rajoy si éste decide volver al estilo del 1 de octubre para meter en vereda al independentismo si éste se desmanda en la calle? ¿O para evitar que la fiscalía y los jueces se ceben con los dirigentes independentistas, enseguida o más adelante?

Siendo horrorosos todos esos escenarios, no lo es menos el de las consecuencias que la mano dura con el independentismo puede provocar en la democracia española. ¿O alguien cree que el Gobierno de Rajoy, cuando la práctica represiva ya impregne toda su actuación, va a limitar su intolerancia al independentismo, es decir, que los demás “disidentes” no terminarán por padecer la nueva manera de hacer política?

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