La Comunidad de Madrid resolverá “caso por caso” la reversión de la venta de 3.000 viviendas sociales a fondos buitre en función de las sentencias judiciales

La Comunidad de Madrid ha tirado la toalla y tendrá que revertir la venta de una vivienda de protección oficial que vendió en 2013 a un fondo buitre. Tras recurrir en múltiples ocasiones las sentencias que declaraban ilegal la venta de casi 3.000 viviendas sociales al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora por 210 millones de euros, el Ejecutivo regional de PP y Ciudadanos ha decidido no presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, como adelantaba este martes Infolibre, después de que el Tribunal Supremo desestimara el último en marzo. Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso advierten, no obstante, que irán caso por caso y que solo se comprometen a revertir en estos momentos la venta de una de las viviendas.

Los procesos legales que se abrieron tras la operación del Gobierno de Ignacio González son múltiples. Pero la última resolución del Alto Tribunal es consecuencia del procedimiento que inició en agosto de 2013 un particular: Rachid Bouikou, uno de los afectados, con un abogado de oficio. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid le dio la razón en mayo de 2018. Pero aunque iba a título individual, su caso abrió el camino y supuso que se anulase la venta de todas las viviendas, un total de 32 promociones, y también que quedase en papel mojado la transmisión del contrato de arrendamiento de su vivienda a Encasa Cibeles, sociedad participada por Azora y Goldman Sachs, que ejerce como gestora del parque de viviendas y que se ha dedicado a encarecer unos alquileres que en origen tenían precios sociales.

El Gobierno regional sostiene ahora que una providencia del juzgado número 29 de Madrid les da “la razón” al estimar que la sentencia solo aplica a los recurrentes, en este caso Rachid Bouikou. “El resto se verían según fuesen llegando”, sostiene un portavoz de la Consejería de Vivienda. El Ejecutivo se encuentra en estos momentos negociando “la valoración y la tasación” del inmueble con el fondo de inversión para revertir la venta y que Bouikou se convierta de nuevo en inquilino de la empresa regional de la vivienda.

El resto de familias afectadas reclaman no obstante que la Comunidad de Madrid “asuma el gravísimo error que cometió en 2013” y se siente a negociar con ellas y con Goldman Sachs-Encasa Cibeles la recuperación de los 3.000 pisos “que malvendió entonces”, una opción que descartan tajantemente desde el Gobierno autonómico.

La Comunidad calcula que al menos son 50 inquilinos los que batallan en estos momentos en los tribunales para conseguir un resultado similar al de Rachid Bouikou. La asociación de afectados considera no obstante que la última sentencia del Supremo sentencia que toda la venta fue ilegal. “Conviene recordar que ya se han vendido 1.213 viviendas de las 2.935 viviendas totales que hubo en esta operación”, sostienen desde el Gobierno de Ayuso.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid capitaneado por Ignacio González despojó en 2013 al antiguo Instituto autonómico de la vivienda (IVIMA) de 2.935 viviendas del plan Joven, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales. Vendió todos estos inmuebles que eran hasta entonces de titularidad pública al fondo de inversión Goldman-Sachs Azora por 210 millones de euros.

Estos inmuebles, la mayoría de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie, pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid. Según un informe de la Cámara de Cuentas, que es el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, las 32 promociones tenían un valor neto contable de 300 millones de euros. La operación, por tanto, dio lugar a la “contabilización como pérdidas” de 98,1 millones de euros por la diferencia entre el precio que pagó Goldman Sachs Azora y lo que figuraba registrado en los libros de contabilidad.