Martorell multará con 750 euros a quien llene garrafas de fuentes públicas como “medida anti-okupas”

El pleno del Ayuntamiento de Martorell, gobernado por PSC y Junts, aprobó el lunes una modificación de la normativa municipal para prohibir llenar con agua de las fuentes públicas garrafas, botellas o cualquier enser que permita el almacenamiento. La norma prevé multas de hasta 750 euros.

Una plataforma vecinal bautizada como Alianza por el acceso al agua está recogiendo firmas contra una medida que, consideran, quiere “castigar las personas más humildes”. El alcalde de Junts, Xavier Fenollosa, sostiene que la decisión se lleva a cabo “para acabar con la okupación”.

La plataforma denuncia que “hace semanas” que el gobierno municipal “mantiene cerradas” las fuentes de agua públicas de la ciudad y lamentan el “paso más allá” que Junts y PSC hacen ahora con la prohibición.

“El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho humano fundamental”, recuerda la entidad vecinal, que opina que la prohibición es “profundamente injusta” y desde su punto de vista injustificada.

En un comunicado, la entidad asegura que la prohibición de llenar garrafas en las fuentes no tiene justificación económica -el coste lo asume la empresa privada que gestiona el servicio del agua- ni de orden público -afirma que no ha habido “nunca” ningún incidente ni denuncia por esta circunstancia. Por lo tanto, considera que no hay “un problema real” que “explique” el cierre del acceso al agua para toda la población.

“La única motivación para cerrar las fuentes y crear una nueva multa para hacer uso es castigar las personas más humildes con la intención de captar el voto del odio y evitar que la extrema derecha les gane terreno en las próximas elecciones municipales”, afirma la plataforma.

Por todo ello, la plataforma exige al gobierno municipa la “reapertura inmediata” de las fuentes públicas, la retirada de la propuesta de modificación de la ordenanza de convivencia y el inicio de un proceso “abierto” que incluya “las comunidades afectadas y el tejido asociativo”.

“No aceptamos que se señale, sancione o estigmatice familias que ya viven en condiciones de vulnerabilidad. Corresponde al Ayuntamiento garantizar soluciones reales que aseguren que ninguna familia queda desprotegida ante una necesidad tan básica y elemental”, remacha el comunicado.