Uno de cada tres migrantes que fallecieron intentando llegar a España optaron por la ruta argelina

Los conflictos armados, así como la inestabilidad política y la crisis humanitaria derivadas de ellos, siguen configurando la razón principal por la cual los migrantes intentan alcanzar las costas del archipiélago balear a través de la ruta del Mediterráneo Occidental, más conocida como argelina. Esta travesía —una de las más peligrosas para alcanzar suelo europeo— se ha consolidado como el cruce migratorio más transitado para llegar a España, superando a la ruta atlántica hacia Canarias, así como a los trayectos desde el norte de Marruecos. La mayor parte de los cayucos llegan a Formentera y Eivissa, mientras que Mallorca representa el principal punto de redistribución de migrantes hacia el resto del territorio español.

El año pasado fallecieron 1.037 personas a través de esta ruta, según el informe Derecho a la vida (2025) de la organización Caminando Fronteras. Es decir, una de cada tres personas que perdieron la vida intentando alcanzar territorio español lo hicieron al atravesar la ruta argelina. Hasta el 15 de diciembre de 2025, un total de 3.090 migrantes murieron tras intentar llegar a España, muchos de ellos ahogados en el mar. De ellos, 437 eran menores y adolescentes y 192 mujeres.

Solo la ruta atlántica, hacia Canarias, fue más mortífera que la argelina: murieron 1.906 personas a través de esta vía. El estudio indica que ha habido un descenso del número de llegadas por esta vía —que sigue siendo la que más muertes causa— por la “intensificación de los mecanismos de control migratorio y por la externalización de fronteras hacia terceros países” y no debido a mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos de los países emisores.

A diferencia del archipiélago canario, que ha experimentado un notable descenso en la llegada de cayucos, en Balears ha habido un incremento del 24,5% en 2025, según datos del Ministerio del Interior. Así, han llegado 7.321 migrantes a través de la ruta argelina en 401 embarcaciones precarias, mientras que el año anterior, en 2024, fueron 5.882 las llegadas registradas. Además, recuperaron 57 cuerpos sin vida en aguas próximas al archipiélago.

Mientras que en Canarias ha habido un notable descenso en la llegada de cayucos, Balears ha experimentado un incremento del 24,5% en 2025

Este lunes, el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern, Manuel Pavón (PP), ha aprovechado para volver a criticar la política fronteriza del Gobierno de Pedro Sánchez y, en especial, del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Empieza 2026 como acabó 2025, con una nueva oleada de inmigración irregular”, ha dicho Pavón, tras la llegada de siete embarcaciones en los primeros días del año, con 147 personas a bordo. El Govern de Marga Prohens (PP) califica de “insostenible” la crisis de acogida y ha pedido en repetidas ocasiones al Gobierno que Balears sea “excluida del reparto de menores” no acompañados procedentes de Canarias.

“Obsesionarse con el control de fronteras es un fracaso”

Mauricio Valiente, director general de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), cree que son evitables. “Son una consecuencia directa de la falta de canales migratorios normalizados”, explica a elDiario.es y añade que las causas están en la proliferación de las guerras y conflictos armados. Los datos evidencian, según Valiente, que las políticas “obsesionadas” con el “control de fronteras” por parte de España y la UE han sido “un fracaso”.

Las muertes en el mar son una consecuencia directa de la falta de canales migratorios normalizados. Las políticas obsesionadas con el control de fronteras por parte de España y la UE son un fracaso

Mauricio Valiente — Director general de CEAR

La ruta argelina presenta características propias respecto a las otras rutas de la frontera occidental euroafricana. Principalmente, el perfil de procedencia: hay un alto número de personas procedentes de países del Cuerno de África, principalmente Somalia, pero también Sudán y Sudán del Sur. Somalia es un Estado fallido que vive una crisis humanitaria grave. Desde 1991, el Gobierno somalí mantiene un conflicto armado con el grupo yihadista Al Shabab y dos regiones separatistas. Una de ellas es Somalilandia, que es importante porque da acceso al Mar Rojo, punto estratégico fundamental para el comercio global.

Sudán, que está inmerso en una guerra civil desde el año 2023, vive una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de 13 millones de desplazados, según Médicos Sin Fronteras. Otra de las consecuencias ha sido el colapso de su sistema sanitario, así como la devastación de las redes de agua, electricidad y saneamiento. En Sudán del Sur, el acuerdo de paz alcanzado tras la guerra civil (2013-2018) se encuentra en un estado frágil debido a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte tanto de las fuerzas gubernamentales como de los grupos de la oposición, como advierte Amnistía Internacional.

A través de la ruta de Argelia vienen también personas procedentes de Somalia, Sudán y Sudán del Sur, tres países con graves condiciones vitales

“Hay que destacar la presencia de embarcaciones compuestas íntegramente por personas de estos países”, afirma el informe de Caminando Fronteras, en referencia a estos tres países. Pese a que la travesía ha sido utilizada principalmente por migrantes argelinos, la tendencia de los últimos años ha convertido Argelia en un territorio de tránsito para personas que llegan procedentes de África oriental y occidental, y del Sahel. Durante este trayecto es muy probable que sufran vulneraciones graves de los derechos humanos. En el caso del Sahel, se trata de un territorio que atraviesa diez países y 3 millones de kilómetros cuadrados. Epicentro global del yihadismo, es una de las regiones más inestables del planeta, donde en los últimos cinco años han triunfado seis golpes de Estado.

Pese a que buena parte de las personas que llegan a España desde estos territorios reúnen los requisitos para obtener el reconocimiento del estatus de refugiado, rara vez ocurre. “Es consecuencia de las políticas migratorias”, argumenta Valiente. El portavoz de CEAR recuerda que el 80% de los solicitantes de asilo proceden de América Latina. “Las relaciones que se mantienen con algunos países latinoamericanos permiten que la inmensa mayoría puedan llegar por vía aérea”, recuerda.

Por tanto, constituyen una minoría las personas de origen africano que solicitan asilo en España. “La percepción [contraria] tiene que ver con el impacto visual y mediático de las llegadas, con una repercusión mucho mayor que la de quienes llegan por vía aeroportuaria”, apunta Valiente. Por otro lado, existe un manual de reasentamiento de personas refugiadas, elaborado por ACNUR, que el Gobierno aplica fundamentalmente a ciudadanos procedentes de América Latina y Siria, pero no de África, afirma el experto.

Pese a que la travesía ha sido utilizada principalmente por migrantes argelinos, la tendencia de los últimos años ha convertido Argelia en un territorio de tránsito para personas que llegan procedentes de África oriental y occidental y del Sahel -epicentro global del yihadismo y una de las regiones más inestables del planeta-

Irene Graíño, técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, explica a este diario que en el actual escenario, con un aumento de flujos migratorios procedentes de Somalia, Sudán y Sudán del Sur, es importante reiterar que “gran parte de las niñas, niños y adolescentes no acompañados son potenciales solicitantes de protección internacional”. Graíño desgrana, entre las razones fundamentales de este desplazamiento forzoso, las guerras y conflictos armados, la pobreza extrema o los desastres naturales. Además, lamenta que la infancia migrante está sometida a “múltiples violencias, entre ellas, violencia de género”, en el caso de las niñas y adolescentes.

En este sentido, la experta advierte que las devoluciones colectivas, como lo que ocurrió en Ceuta en 2021, son “totalmente contrarias a derecho”. Y en cuanto a las reagrupaciones familiares, “solo deberán realizarse siempre que sean en su interés superior”. Para garantizar su protección, en la misma línea que Valiente, reclama ampliar y activar “las vías legales y seguras para migrar, a fin de garantizar su derecho a migrar en condiciones seguras y dignas”. A juicio de Graíño, la redirección hacia estas políticas “evitaría numerosas muertes de niñas, niños y adolescentes que, cada año, se ven obligados a cruzar fronteras muy peligrosas”.

Finalmente, reclama identificar el perfil de cada menor para conocer si pudieran ser potenciales solicitantes de protección internacional con el objetivo de asegurar sus “necesidades específicas”. Entre otras coberturas básicas que habría que garantizar, cree que es urgente garantizar “un acceso efectivo a la atención en salud mental” porque “constituye una dimensión central en su proceso de acogida e inclusión”.

Falta de voluntad política

El informe de Caminando Fronteras se cuestiona si los naufragios en el mar, que han acabado con la vida de miles de personas, se podrían haber evitado. En su análisis, destaca que la ruta argelina, especialmente en la zona de Balears, sigue siendo “una de las regiones con mayor opacidad en relación con las búsquedas de personas desaparecidas en el mar”. Así, señala que los operativos de búsqueda se limitan a las áreas cercanas al territorio y que existe escasa cooperación entre los países que comparten las zonas SAR, es decir, de búsqueda y rescate.

Este es el motivo, según el informe, por el cual se ha encontrado un número tan elevado de personas fallecidas en las costas del archipiélago balear, muchas de las cuales “se habían ahogado poco tiempo antes de aparecer en la playa”. La ruta argelina atraviesa zonas SAR con responsabilidad compartida entre Argelia y España, aunque en algunos casos también podrían ser competencia de Marruecos o Francia.

El estudio de Caminando Fronteras se hace eco de la situación del pequeño cementerio de Formentera, un espacio lleno de tumbas sin nombre, de personas que han perdido la vida sin que sus familias sepan que ese ha sido su destino final, como informó este diario. En las lápidas se escribe la fecha de aparición del cadáver de cada cuerpo encontrado, como un acto de memoria para las víctimas. Mientras que la pitiusa del sur, así como Eivissa, representan los principales destinos de las pateras, Mallorca es el punto de redistribución hacia la península.

El cementerio de Formentera tiene un espacio lleno de tumbas sin nombre, de personas que han perdido la vida sin que sus familias sepan que ese ha sido su destino final

El aumento en la llegada de migrantes a las costas del archipiélago balear también muestra la falta de coordinación institucional para acoger a los menores. Las competencias en esta materia son de las comunidades autónomas, que en el caso balear fueron delegadas a los consells insulares. Sin embargo, no hay suficientes espacios y recursos habilitados, por lo que el Govern de Prohens (PP), presionado por Vox, ha priorizado el enfoque securitario y de control de fronteras que reclama al Gobierno, en lugar abordar la crisis desde una perspectiva de protección integral y de derechos humanos.

El Govern de Prohens (PP), presionado por Vox, ha priorizado el enfoque securitario y de control de fronteras que reclama al Gobierno, en lugar abordar la crisis desde una perspectiva de protección integral y de derechos humanos

Aun así, el Consell Insular d’Eivissa, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, anunció el 27 de octubre de 2025 la inversión de 1,2 millones de euros con el objetivo de garantizar “la cobertura inmediata y adecuada” de la atención de los menores no acompañados que llegan a Eivissa.

Paralelamente, el Gobierno local pidió a la Delegación del Gobierno en Balears ampliar los trámites de repatriación —iniciados por la Fiscalía para siete menores argelinos— a los 77 menores argelinos que se encuentran bajo su tutela, pese a que la repatriación colectiva es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo.

Las instituciones del archipiélago balear piden modificaciones en el sistema de reparto, que ha sido motivo de conflicto y disputa también en otras comunidades autónomas. En estos momentos, sigue en vigor el Decreto-ley 2/2025, que es la normativa que aprobó el Gobierno para la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia.

Quiénes se benefician

El informe señala que la política de control migratorio —también conocida como externalización de fronteras— genera un negocio de cientos de millones de euros. Esta financiación a terceros países, que tiene como objetivo frenar los flujos migratorios, también beneficia a otras muchas empresas, entre ellas al sector armamentístico global.

En Senegal existe un modelo de externalización basado en el incremento de interceptaciones marítimas, refuerzo de vigilancia costera y cooperación con Frontex (Agencia Europea de Guardia de Frontera y Costas). En el interior del país se producen detenciones de senegaleses con el pretexto de ser “potenciales migrantes”, sin que se respeten sus derechos civiles. 

En 2024, la UE destinó 30 millones de euros para políticas contra la migración irregular, adicionales al resto de presupuestos y se han proyectado otros 5,75 millones, por parte de la Comisión Europea, para el refuerzo de las fuerzas de seguridad senegalesas en materia de control migratorio. Además, hay una partida de la UE de 115 millones en diferentes materias, para los años 2025-2027, de la que no hay desglose.

En Marruecos, los controles fronterizos se intensifican sobre todo en Ceuta, Melilla y la ruta atlántica hacia Canarias. Hay campañas específicas de detención de migrantes subsaharianos, así como deportaciones internas, y se interceptan embarcaciones que conllevan la deportación de los migrantes. Las autoridades españolas y de la UE, a través de Frontex, cooperan con el régimen marroquí.

Con el objetivo de reforzar patrullas y sistemas de vigilancia, existe un paquete de 500 millones (2021-2027), más otros 80 millones adicionales anunciados por España en 2024. A la cooperación policial, el Gobierno ha destinado 30 millones de euros, lo que incluye donación de vehículos. En años anteriores (2021-2023) se gastaron 193 millones de euros para la “gestión migratoria, retornos voluntarios a Marruecos y control migratorio” en dicho periodo.

En Argelia, el sistema se basa en redadas en barrios de migrantes, detenciones masivas y expulsiones “en cadena” hacia Níger (con abandono en el desierto de Assamaka), sin garantías legales ni acceso a asilo. No existe financiación directa por parte de la UE que sea significativa, aunque el país participa en iniciativas que se desarrollan a través de diferentes organizaciones, programas y proyectos de cooperación regional financiados por la UE. Parte de esta cooperación se canaliza a través del instrumento europeo NDICI, especialmente en el ámbito de la cooperación policial, implementada por Interpol.

Estas políticas securitarias y de control de la frontera sur están motivadas, según Valiente, por la “obsesión” de detener los flujos migratorios. “La sobreactuación de la UE está motivada por la ola reaccionaria que atraviesa el continente, una deriva que resulta rentable para las fuerzas de extrema derecha”, argumenta el portavoz de CEAR. El experto cree que hay que exigir “mucho más” al Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, para que “se oponga con claridad a esta tendencia”.

“Hemos sido muy críticos con la posición que ha mantenido el Gobierno respecto al Pacto Europeo de Migración y Asilo, aunque su apoyo se haya expresado de forma matizada”, indica y advierte que el principal beneficiario de esta “sobreactuación” es la extrema derecha. “Tiene resultados muy poco prácticos, incluso para los objetivos que dice perseguir”, asegura.

“No son eficaces”, insiste, y pone como ejemplo el Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni en Italia. “La creación de centros de detención en Albania es una medida que ha sido un auténtico ridículo por su inoperatividad, pero que sirve para construir una imagen de firmeza ante su electorado”, argumenta. El portavoz de CEAR lamenta que son políticas que se traducen en “recortes de derechos y libertades”, que sufren los migrantes tanto en sus países de origen como cuando emigran.