La Fiscalía pide a la jueza que Albiol justifique por qué no facilitó un albergue a los migrantes desalojados

¿Xavier García Albiol cumplió con su obligación de prestar atención social a los migrantes que echó del instituto B9 de Badalona? Es lo que quiere aclarar la Fiscalía. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público solicita a la magistrada que autorizó el mayor desalojo de España “verificar” el cumplimiento de la resolución judicial por parte del Ayuntamiento de Badalona.

Las dudas que expresa la Fiscalía se pudieron constatar el pasado 17 de diciembre, cuando los Mossos d'Esquadra ejecutaron el desalojo: lejos de proporcionar un techo de emergencia, el Ayuntamiento de Badalona dejó en la calle a centenares de migrantes que malvivían desde hacía dos años en el B9. Los ocupantes no tuvieron más remedio que acampar en una plaza las primeras noches. Entidades sociales y la Generalitat realojaron a la mayoría, aunque otros terminaron bajo un puente de la autovía, donde siguen más de un mes después.

La solicitud de la Fiscalía se produce ante el juzgado contencioso-administrativo que autorizó el desalojo instado por Albiol. El Ministerio Público no se opuso a la medida, pero pidió expresamente que el consistorio ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, petición que la magistrada rebajó a que el Ayuntamiento prestara “atención social” a los desalojados. Es decir, la jueza no precisó si debían ser realojados o no. El consistorio ya había advertido al juzgado de que no iba a proporcionales una alternativa de vivienda.

En su escrito, el Ministerio Público, a la vista de los informes presentados por el consistorio sobre la atención social a los migrantes el 17 de diciembre, reclama a la jueza “verificar si la resolución [de desalojo] se ha cumplido en sus propios términos”.

Para ello, la fiscal solicita que la magistrada requiera al Ayuntamiento de Badalona que aporte el protocolo de atención a las personas sin hogar de sus servicios sociales. Además, pide que el consistorio indique “por qué el albergue municipal no se habilitó como recurso habitacional de emergencia y por qué no se puso a disposición de las personas desalojadas en situación de vulnerabilidad y sin medios propios para tener un lugar donde cobijarse”.

El albergue municipal al que se refiere la Fiscalía es el de Can Bofí, donde diariamente dormían 45 personas sin hogar y que Albiol cerró en 2024. Antes del desalojo del B9, además, el consistorio se negó a mantener una reunión con la Taula Sense Llar de Badalona (plataforma de la que participan entidades como Cáritas) para abordar una solución social al desalojo. Tal y como desveló elDiario.es, Albiol ha devuelto una cuarta parte de los fondos del Govern para atender a personas sin hogar.

El escrito de la Fiscalía tiene fecha del pasado 8 de enero, sin que conste que a fecha de hoy, según fuentes jurídicas, la magistrada Meritxell Quella haya remitido requerimiento alguno al Ayuntamiento de Badalona.

Las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, son contundentes. “El Ayuntamiento de Badalona, en contra de sus obligaciones legales y del auto que autorizó el desalojo, optó por empujar a más de 100 personas a una situación de sinhogarismo, en invierno y con previsión de temporal”, reza su escrito aportado al juzgado. Según las letradas, el consistorio podría haber optado por suspender el desalojo o pedir una nueva autorización.

En paralelo, la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación a Albiol, a partir de una denuncia del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens. Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público ha requerido para la investigación penal el expediente completo del desalojo del juzgado contencioso.

Contradicciones entre el Ayuntamiento y los Mossos

Las cifras del informe que, a requerimiento de la jueza, aportaron los servicios sociales de Badalona contrastan con las cifras de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Badalona.

Mientras que los cuerpos policiales reportaron que los servicios sociales de Badalona atendieron a 50 personas (de las 181 desalojadas, según la policía catalana), el Ayuntamiento de Albiol indicó en su informe que “ofreció apoyo, orientación y atención” a 127 personas.

Este diario fue testigo de que no había personal de servicios sociales de Badalona para atender a los migrantes en la plaza contigua al instituto tras su desalojo, sino que eran los voluntarios y las abogadas de los migrantes las que recogían sus datos para hacer un seguimiento.

Una de las pocas mujeres que malvivía en el B9 tuvo que ir con militantes del Sindicat d'Habitatge de Badalona y su abogada en coche hasta la sede del Ayuntamiento a buscar ayuda. Tal y como informó elDiario.es, servicios sociales no proporcionó un techo a la mujer, sino que tras su visita a las oficinas se le programó una entrevista en Barcelona para evaluar si podía entrar la semana siguiente en una casa de emergencia en la capital catalana (no en Badalona).

Para las abogadas de los migrantes, la información “manifiestamente errónea, vaga, desajustada y contradictoria” del informe muestra la “mala fe” en su elaboración por parte de los servicios sociales badalonenses. Su objetivo, ahondan las abogadas, sería que la magistrada no se pronuncie sobre si el Ayuntamiento cumplió con la resolución que le obligaba a prestar atención social a los migrantes.

La defensa de los migrantes solicita a la jueza tener “información completa” sobre los realojos, que en su mayoría fueron asumidos por entidades sociales y la Generalitat en vez del Ayuntamiento de Badalona. Sin todos los datos, argumentan las letradas, no se podrá realizar una “correcta valoración judicial” sobre el cumplimiento de la orden de desalojo

Para ello, las abogadas piden a la magistrada que oficie al departamento de Derechos Sociales de la Generalitat para que aporte la relación completa de personas realojadas y los criterios que se emplearon, el tipo de alojamiento de emergencia ofrecido así como las fechas de inicio y final y los municipios donde se produjeron.