El PP aprueba en solitario la ley que da el voto a las universidades privadas en el diseño del sistema académico andaluz

El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con el voto en solitario del PP y el rechazo en bloque de toda la oposición, el proyecto de Ley Universitaria Para Andalucía (conocida como LUPA). Así culmina la tramitación de una de las apuestas legislativas estrella del Gobierno de Juan Manuel Moreno, que ha sido cuestionada por los sindicatos y por los propios rectores de las diez universidades públicas, que barajan acudir al Tribunal Constitucional para denunciar a la Junta por invasión de competencias.

Hace meses que el Ejecutivo de Moreno y el mundo académico universitario mantienen un pulso, primero por la “asfixia” financiera que denuncian los rectores de la pública, luego por rediseñar el marco legislativo pensando en la progresiva implantación de universidades privadas, dicen, sin la solvencia técnica y profesional que se les exige a ellos. Antes de la llegada de Moreno al poder, en Andalucía solo había una privada –la Universidad Loyola, en Sevilla y ahora existen cinco, y otras seis en proceso.

Del debate parlamentario de la nueva ley universitaria andaluza se han ausentado hoy ocho de los diez rectores de la pública, un plantón al que la Junta ha restado importancia, y que el PSOE ha utilizado como un ejemplo de que la nueva norma “nace de espaldas al mundo académico”.

El peso de la universidad privada en Andalucía también está visible en la nueva ley. La nueva composición del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria –antiguo CAU–, el máximo órgano de decisión de los rectores, otorga por primera vez capacidad de voto a las universidades privadas, para planificar y coordinar el sistema universitario andaluz.

Hasta ahora podían participar, pero no votar. El CAU ha tenido una posición muy crítica los últimos años con la autorización que la Junta ha dado a las primeras universidades privadas, ya implantadas o en proceso de estarlo. El cambio legislativo implica que ahora, esas mismas empresas podrán intervenir en decisiones estratégicas y, en un escenario futuro en el que las privadas superen en número a las públicas (actualmente son cinco frente a diez), podrían llegar a conformar una mayoría en el pleno, como ya ha pasado en la Comunidad de Madrid, donde el número de universidades privadas ha superado a las públicas (13 frente a seis).

La aprobación de la nueva ley universitaria andaluza se produce en un contexto político muy polarizado, como ha dejado patente el debate del PP con el resto de grupos políticos. Hace apenas una semana, el presidente Pedro Sánchez anunció que su Gobierno restringirá por decreto ley la apertura de nuevos centros privados de FP que carezcan de una “mínima calidad”, como hizo en 2021 con el llamado decreto anti-chiringuitos, contra las universidades privadas y la proliferación de titulaciones sin suficiente rigor académico.

Sánchez señaló directamente con su crítica a la comunidad de Madrid, pero las izquierdas andaluzas han acusado de lo mismo a Moreno que, en siete años de gobierno, ha allanado la implantación de universidades y centros de FP privados por toda Andalucía.

Cambia el marco legal de 2013

El proyecto recién aprobado sustituye el actual marco legal de 2013 y regula, entre otros aspectos, el modelo de financiación del sistema público universitario, principal elemento de fricción entre el Gobierno de Moreno y los rectores del sistema público, que denuncian un “incumplimiento” reiterado en el modelo de financiación.

La tramitación de la nueva norma universitaria se ha realizado por vía de urgencia, sin contar con el dictamen del Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Ejecutivo andaluz en materia socioeconómica. Según defiende la Consejería, se optó por este trámite para cumplir con los plazos establecidos por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que exige que las universidades adapten sus estatutos a la ley estatal antes de 2026.

Según la Consejería de Universidad, la LUPA incrementa los derechos del estudiantado, protege el sistema público universitario, consolida su modelo de financiación, estabiliza la carrera académica, promueve la internacionalización y la formación continua, y fomenta el acceso a la vivienda del alumnado. La norma, argumenta la Junta, mejora la gobernanza, endurece las condiciones para crear universidades privadas y fue acordada con los rectores, la comunidad educativa y agentes económicos y sociales.

No obstante, las críticas que recibe la LUPA giran en torno a tres ejes principales: el doble rasero con las universidades privadas -mismos derechos que la pública, pero menos obligaciones-, la limitación de la autonomía universitaria y la ausencia de garantías claras de financiación.

“Doble rasero” entre públicas y privadas

Durante el debate parlamentario, los partidos de izquierdas –PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía– han justificado su voto en contra argumentando que la ley recorta la autonomía universitaria y consolida un “doble rasero” entre las universidades públicas y las privadas. “Guante de seda para las universidades privadas; pocas exigencias para ellas y, sin embargo, nuevos derechos, como entrar con voz y voto en el pleno del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria”, señaló el diputado socialista Antonio Ruiz.

Vox, por su parte, ha rechazado la ley porque considera que arrastra un “sesgo ideológico”, que permitirá la “colonización de la izquierda en las universidades”, y que hará de estas un “leviatán política”, en palabras del diputado ultraderechista, Alejandro Hernández.

Los agentes sociales también han dado la espalda a esta norma. CCOO Andalucía ha denunciado que la ley consolida un modelo de infrafinanciación y limita la autonomía universitaria. “No se recoge ningún compromiso económico concreto que garantice la solvencia del sistema público universitario. Ni personal, ni gastos básicos, ni becas, ni bonificaciones de matrícula: así es imposible garantizar una educación superior pública de calidad”, explican desde el sindicato.

Todos los grupos de izquierda coinciden en que la nueva ley podría favorecer indirectamente a las universidades privadas, mientras aumenta el control de la Consejería sobre la gestión de las públicas, desde plantillas hasta promociones y sustituciones de personal.

Tras la aprobación de la ley, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido ante el Pleno que se ha trabajado “para conseguir el máximo consenso y apoyo posible”, y ha agradecido a los grupos su participación en el diseño de la norma, que ha incorporado 50 enmiendas parciales de la oposición.

“Esta ley da estabilidad al sistema universitario andaluz, especialmente al sistema universitario público”, donde las universidades públicas “ganan en autonomía” en política de personal, para la ordenación académica, para planificar la organización departamental y se blindan los derechos de los estudiantes, ha asegurado.

Cambios académicos en la ley

En lo que afecta directamente a los estudiantes, la nueva ley reconoce por primera vez el derecho de los alumnos a acceder a un sistema de bonificación de los precios de las matrículas, algo que implantó el Gobierno andaluz del PSOE en 2017, y que el Ejecutivo de Moreno ha mantenido. Además, recoge la exigencia del B2 en la acreditación de un idioma extranjero para la obtención de un título oficial universitario y para el acceso del profesorado a las categorías de ayudante doctor y contratado doctor.

También la norma incorpora, por primera vez, “la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las universidades”, y “garantiza por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Junta”.

Asimismo, se fijan medidas para “asegurar la cobertura inmediata de la docencia cuando exista una vacante y en tanto se realiza el proceso administrativo de contratación de nuevos docentes, y se amplían las funciones del Consejo Asesor de Estudiantes”.

Otro de los aspectos en los que profundiza el texto es el impulso a la formación continua, con el reconocimiento de títulos propios de las universidades y microcredenciales. Por primera vez, la Junta tendrá en cuenta estas titulaciones en los concursos que realice.

En lo que respecta a la internacionalización, se establece la creación de una estrategia que atenderá a cuestiones “relacionadas con la investigación y la captación del talento”, y se apunta a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como “pieza clave de esa línea de trabajo”.

Para “favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica del profesorado”, el documento incorpora diversas medidas como la limitación del “uso indebido” de la figura de profesor sustituto interino.

En el articulado de la ley también se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, “respaldando así tanto los principios como la estructura que sustentan el actual modelo acordado por unanimidad con los rectores”.

En el ámbito de la gestión universitaria, uno de los aspectos más relevantes es que se regulan, por primera vez, los campus universitarios, mientras que, por otro lado, se refuerzan las funciones de los consejos sociales en la captación de fondos, se garantiza su financiación a través del modelo de financiación, se incluyen mayores exigencias de transparencia y objetividad en sus actividades y se crea el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios.

Por otro lado, la ley aumenta los requisitos para la creación y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía, con el objetivo de “reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario y de asegurar la prestación de este servicio público”. Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una “trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior”.