El peaje que Vox exigirá a Azcón para darle su apoyo: medidas xenófobas, acoso a las ONG o bajadas de impuestos

Vox lo ha dicho claro: aspira a pactar con el PP de Jorge Azcón y entrar en el Gobierno de Aragón. Así lo ha afirmado este lunes portavoz nacional de la formación, José Antonio Fuster, que ha sido más explícito incluso que el propio candidato de la formación ultra, en otro síntoma de que la negociación seguirá pasando por Madrid. Pero ¿cuál es el peaje que tendrá que aceptar el ganador de las elecciones –pese a perder dos diputados– para poder sumar una mayoría? En línea con lo que han afirmado los líderes de Vox en las últimas horas, el programa electoral del partido ofrece pistas y estas van por medidas de corte xenófobo, contra la memoria democrática, de acoso a las ONG de carácter social o con bajadas de impuestos a los ricos.

Apenas unas horas después de los resultados electorales, aún no se han siquiera arrancado las negociaciones. Pero tanto el cabeza de lista de Vox, Alejandro Nolasco, como el propio Fuster ya han dejado claro por dónde van a ir las exigencias que impondrán al PP en una negociación. Según el primero, lucha contra la “inseguridad” y contra la “perspectiva de género” o freno a las políticas frente al cambio climático; según el segundo, combatir la inmigración “ilegal y desordenada”, “cero adoctrinamiento en las aulas” o “bajadas de impuestos”.

Fuentes de la formación instan a mirar a lo sucedido en la Comunidad Valencia para anticipar por dónde irá la negociación con el PP de Azcón. Ahí, entre las medidas pactadas están una condena “expresa” del Pacto Verde europeo; la supresión de “ayudas públicas para aquellas organizaciones que incentivan o facilitan la inmigración irregular; estadística de delitos por nacionalidad; cambios en la Acadèmia Valenciana de la Llengua, o el desglose en los datos de ayudas y uso de la sanidad entre españoles y extranjeros;

El programa electoral de Vox en Aragón, aunque redundante y con multitud de medidas cuya competencia corresponde al Gobierno central, da pistas de cuáles pueden ser también los pasos que guíen a la extrema derecha en las próximas semanas.

Inmigración

Vox aspira a cerrar “todos los centros de inmigrantes ilegales en la región”, por haber generado “miedo y preocupación entre los vecinos”. Hasta que esta medida sea efectiva, propone “reubicar los centros ya existentes en zonas alejadas de los núcleos urbanos”, a lo que se sumaría “un régimen interno que garantice el orden y la seguridad” y que los menores inmigrantes no acompañados “no tengan más medios y recursos que un joven aragonés”.

La formación de extrema derecha se opondrá “a la construcción” de mezquitas o centros de culto y promoverán el “cierre” de las ya existentes, por ser centros con “ideas contrarias a nuestra cultura e identidad”. También quiere prohibir el uso de “atuendos islámicos” en espacios y edificios públicos.

Propone un “veto” a las “festividades o conmemoraciones ajenas” a las tradiciones españolas “en espacios públicos”, y el impulso de “la gastronomía y carnicería tradicionales frente a la expansión de sellos extranjeros como el halal”.

Vox exigirá “un análisis exhaustivo” del gasto “asumido por la Administración aragonesa y sus entidades públicas en inmigración ilegal y masiva, especialmente en la gestión” de los menores migrantes no acompañados –que denomina menas–.

A su vez, promete impulsar “un informe anual exhaustivo sobre el impacto real de la inmigración en el mercado inmobiliario aragonés, que incluya el efecto de la inmigración masiva en la reducción de la oferta disponible y el aumento de la demanda” y, lo que es más sorprendente, “su incidencia en el encarecimiento del mercado de alquiler y la compraventa”.

Educación

Sin entrar en más detalle, Vox promete la expulsión de las aulas de “actividades ajenas a la enseñanza que pretenden imponer la ideología progre (sic) y el adoctrinamiento en los centros”. “Ningún activista entrará en las aulas sin el consentimiento expreso de los padres”, sostienen.

Al mismo tiempo, se comprometen a “desideologizar los currículos de las enseñanzas no universitarias, eliminando de los materiales educativos y de las programaciones escolares todas las agendas políticas, como por ejemplo la Agenda 2030, la memoria histórica, el fanatismo climático o la perniciosa ideología de género”.

Vox quiere aplicar aquí algo que en Madrid y Murcia ya ha conseguido, y es la supresión del Programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí. En la legislatura recién concluida, el Gobierno del PP se ha negado a ello.

Junto a esto, la formación ultra aspira a promover “la superación del Estado autonómico y sus 17 sistemas educativos” con el objetivo de “lograr un único sistema educativo” en todo el país.

Memoria democrática

Vox, que ya consiguió desde el Gobierno de Azcón la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, aspira ahora a “revertir las políticas de memoria histórica” que han supuesto “el derribo de cruces y emblemas históricos”. “Restauraremos todo monumento que haya sido derribado o sufrido daños, ya sea por la acción u omisión de vándalos instalados en la Administración u organizados en bandas de extrema izquierda”, añaden.

Entre otras iniciativas, la formación ultra quiere impulsar también “iniciativas culturales y educativas destinadas a combatir la 'leyenda negra' y dar a conocer la gesta de la Corona de Aragón en el Mediterráneo”.

Infraestructuras

La gran mayoría de las iniciativas que proponen son de competencia estatal: autovías, la línea del Canfranc, la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, la red de cercanías Huesca-Zaragoza, los embalses de Mularroya y Yesa o infraestructuras hidráulicas en el Huerva.

Y hay otra, también vedada al ámbito autonómico, que la extrema derecha subraya en rojo: el trasvase del Ebro. En concreto, Vox exige “la puesta en marcha de un Plan Nacional del Agua que contemple la gestión racional de los recursos hídricos en todo el territorio nacional y que, sobre la base de los principios de solidaridad y bien común, incluya la interconexión de cuencas como medida esencial para hacer frente a las sequías y garantizar el acceso de todos los españoles al agua, sin importar en qué parte de España se encuentren”.

Vox incluye asimismo una medida recurrente, como es la elaboración de un “plan plurianual de limpieza de las riberas y actuaciones en el cauce del Ebro para mitigar el efecto devastador de las inundaciones”. El presidente Azcón ya le ha dicho al partido de extrema derecha de forma recurrente que iría contra la legalidad, pero un enconamiento de la negociación ahora podría suponer un giro en esta postura.

Familia y género

La formación reclama “emplear los recursos públicos en defensa de la vida, terminando con todas las políticas y medidas que están hoy al servicio de la cultura de la muerte”. Quiere “garantizar a la mujer embarazada información, acompañamiento y asesoramientos suficiente, y una protección adecuada a la vida del no nacido”, e impulsar “la colaboración con las asociaciones que tengan por objeto la defensa de la vida y de la familia”.

Todas las medidas de ayudas van destinados solo a “familias españolas”; entre ellas, “la gratuidad total en el servicio de comedor escolar” o “un acceso preferente a las becas y ayudas autonómicas universitarias”. Y lo mismo los “incentivos fiscales a empresas que contraten a mujeres españolas que hayan tenido hijos de manera reciente”.

Del ámbito estatal, proponen instar al Gobierno central “a que la calificación en la materia de Religión católica se tenga en cuenta en la media del Bachillerato como una asignatura más”.

Vox quiere derogar “todas las leyes de género” y “eliminar todo el despilfarro que alimenta la industria de género”. Entre otras iniciativas, desaparecería el Instituto Aragonés de la Mujer, que sería sustituido por un Instituto de la Familia y de la Mujer de Aragón.

Impuestos

En este ámbito, la formación de extrema derecha quiere extender “la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones a todos los grados”.

Y, en cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales, aspira a bonificar “el 100% para la compra de vivienda habitual” o, en su defecto, “diferir el pago del impuesto para evitar barreras de acceso a la vivienda”.

Medio ambiente

Vox quiere tumbar la “la criminalización del campo derivada de medidas y leyes inspiradas en la Agenda 2030 y en el ecologismo radical”, que desde su punto de vista “impiden el desarrollo de la agricultura y la ganadería”.

La formación incide en varias ocasiones en su programa en el Clúster del Maestrazgo, contra el que Vox se ha opuesto de forma declarada. Así, propone incluir este territorio en “un área de especial protección paisajística y medioambiental, con el objetivo de preservar su singularidad geológica, biológica y cultural”. Esto supondría prohibir “parques eólicos” o “plantas fotovoltaicas” ahí. Y, de forma específica, la “revocación del megaproyecto del Maestrazgo”.

Entre medidas de ámbito estatal, como el “fortalecimiento del Seprona” de la Guardia Civil en Aragón, Vox quiere defender a los “cazadores y pescadores de la criminalización y de los ataques del animalismo y el ecologismo radical”. “Impulsaremos medidas legislativas necesarias para permitir la caza en los parques nacionales y la elaboración de un Plan Nacional de control de especies con sobrepoblación”, se compromete la formación.

Tauromaquia

Tampoco se olvida de los toros. “Defenderemos la tauromaquia y la tradición taurina de nuestra región frente a los ataques del animalismo radical, que pretende criminalizar una tradición que forma parte de la identidad de nuestra nación”, expresan en el programa.

La formación ultra exige un plan para “dar a conocer más y mejor” la “Fiesta Nacional”, “aumentar el número de festejos y apoyar a las nuevas figuras del toreo, asegurando el relevo generacional”.

Incluso aspira a entrar en el ámbito educativo, donde quiere “fomentar el conocimiento del mundo del toro y de los espectáculos taurinos, abarcando tanto los festejos mayores como los populares”.

Sector primario

Otra punta de lanza de Vox es los ataques al Pacto Verde: “Denunciaremos y desterraremos todas las políticas derivadas” de este acuerdo en Aragón, sostienen, “especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad”.

Muestran su “rechazo frontal” a la propuesta de reforma de la PAC 2028-2034, algo que excede al ámbito autonómico.

Y, junto a esto, exigen la “paralización inmediata de cualquier transferencia de fondos públicos nacionales o autonómicos destinados a financiar proyectos en Marruecos”.